Política

El CGPJ sale en defensa de los jueces del 'caso Alves', y el Gobierno cuestiona su independencia

Moncloa da por zanjada la polémica abierta por Montero tras cuestionar el principio de presunción de inocencia y que ha revuelto a las asociaciones judiciales

El Gobierno insinúa que los magistrados del Tribunal Superior de Jisticia de Cataluña (TSJC) que han revocado la condena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista Dani Alves por agresion sexual no han explicado bien los motivos de su decisión. Se trata de un nuevo cuestionamiento por parte del Ejecutivo a la carrera judicial en plena polémica que sigue a la respuesta emitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha salido en defensa de los jueces del citado caso.

Pese a que los ministros del Gobierno se parapetan en el respeto a las decisiones judiciales, ha sido el propio titular de Interior, Fernando Grade-Marlaska -exjuez- quien ha hecho esa insinuación: "En cuestiones que suponen una lacra social, como la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, como todas las violencias de carácter sexual, no solo las autoridades del Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, todos debemos explicar muy bien nuestras resoluciones. Es decir, por qué se llega a determiandas conclusiones con el fin de sensibilizar a la sociedad para que las mujeres no se sientan solas e indefendidas", ha explicado. 

En un comunicado publicado este martes, el Poder Judicial ha asegurado que "es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Además, ha afirmado que "la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho". Por mucho que el Ejecutivo haya manifestado su sorpresa por encontrar dos sentencias tan dispares en un año.

El Gobierno elude arropar públicamente sin fisuras a la vicepresidenta María Jesús Montero, quien en un mitin el pasado domingo cuestionó un principio jurídico básico, el de presunción de inocencia precisamente por asegurar que el relato de la víctima debe ser preponderante. La resolución de los magistrados del TSJC explicitó que el relato de la agredida carecía de fiabilidad al haber encontrado tres supuestas contradicciones. "La vicepresidenta ha matizado sus manifestaciones y creo que no debemos prolongar discusiones en ese sentido. Tan solo referir el respeto absoluto a todas las resoluciones judiciales", ha zanado Marlaska. 

El órgano de gobierno de los jueces, en su comunicado, sostiene que "la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa al principio" de hallar una respuesta cierta y que esta "está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales". Asimismo, destaca que "la presunción de inocencia es un derecho fundamental". El Poder Judicial añade que "confía en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso", tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y les traslada "todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones".

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha justificado a Montero: "Expresó el mismo desconcierto que buena parte de la sociedad tuvo al conocer una sentencia radicalmente diferente en menos de un año". El Gobierno intenta politizar el caso y sigue defendiendo su legitimidad como actor político para opinar sobre las resoluciones judiciales pese a suponer esta práctica una merma del principio de separación de poderes, según advierten destacados juristas y constitucionalistas.

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