El caso conocido como el 'Pelicot catalán' ha sacudido a la opinión pública. Tras conocerse que un electricista de 45 años violó en repetidas ocasiones a una niña de 12 años bajo tutela de la Generalitat, a la que además ofrecía a una red de pederastas para mantener sexo en grupo, tanto los medios como los partidos catalanes han puesto el grito en el cielo, empezando por el Ejecutivo del PSC. Éste no ha tardado en anunciar que se personará como acusación particular cuando el caso llegue a juicio, según señaló la 'consellera' de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, quién también aseguró que activaría "todos los protocolos" para que hechos semejantes "no vuelvan a ocurrir nunca más". Los socialistas, además, han abierto una comisión de investigación en el Parlament sobre el papel jugado por la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGAIA), que tardó dos años en detectar los abusos.
Por añadidura, la comisión también fiscalizará la intrincada trama de corrupción que afectó al organismo entre 2016 y 2020. Dado que, según la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude de Cataluña, la DGAIA ofrecía contratos y subvenciones de forma irregular a una decena de fundaciones y asociaciones —en la que, a su vez, figuraban de Dirección de Infancia—. Tanto en un caso como en el otro, los escándalos ocurrieron con Esquerra al frente de la 'conselleria' de Derechos Sociales —de quien depende la DGAIA— dirigida por Dolors Bassa, primero; y Chakir El Homrani, después.
Llamativamente, el gobierno de Illa había bloqueado hasta ahora las peticiones de la oposición de abrir una comisión sobre la corrupción de la DGAIA. Pese a que este último escándalo había estallado hacía meses. Y que, recientemente, había prescindido de su directora, Isabel Carrasco, sin apenas ofrecer explicaciones —lo que alimentó aún más las sospechas en torno a la entidad—. En lo tocante a la menor abusada, Martínez Bravo alegó ayer en una entrevista en TV3 que el Ejecutivo precedente obvió mencionarle el caso en el traspaso de cartera —el acusado fue detenido por estos hechos hace un año—. Sin embargo, con independencia de ello, la Generalitat se encontraba al corriente del riesgo que corrían las jóvenes que se escapaban asiduamente de los centros de menores de la DGAIA —como era el caso de la menor en cuestión—.
Los avisos del Síndic
Así, un informe del Síndic de Greuges —el Defensor del Pueblo catalán— hecho público en marzo de 2024 ya exigía a la DGAIA que centrase sus esfuerzos en las fugas de menores. Y es que, según el documento, que se basaba a su vez en una queja presentada por el Colectivo de Educadores y Educadoras de Cataluña, se alertaba de que dichas evasiones representaban el "principal factor de riesgo de sufrir situaciones de explotación sexual y violencia, siendo las niñas las más expuestas". En consecuencia, defendía el Síndic, estos episodios debían convertirse en un "objetivo" fundamental de las intervenciones de las residencias de menores así como del "sistema en general"
¿Cómo se explica, entonces, la inacción mantenida por el Ejecutivo del PSC hasta el momento? La respuesta parece residir en que los principales responsables políticos de los escándalos pertenecen a Esquerra Republicana, la formación de la que depende el frágil Govern de Illa en Parlament y sin la cual la legislatura embarrancaría sin remedio —dado el rechazo del PSC a alcanzar pactos con fuerzas constitucionalistas—. Una relación que los socialistas se cuidan de no malbaratar, pese a los desaires de los de Junqueras, que suelen recriminar al PSC su "españolismo" y al que ni siquiera aprobaron los presupuestos. Sea como sea, el Ejecutivo ha itido ahora que la DGAI necesita desde hace muchos años una "transformación profunda", y que no dudará en llegar "hasta el final" del asunto. Voluntad que, de ser cierta, podría malquistar su entente con los republicanos.
