El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves en el Tribunal Supremo a través de su abogada, Guadalupe Sánchez, la demanda que interpuso contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por llamarle delincuente. Y es que, pese a que ha recordado que el derecho a la libertad de expresión y al honor son dos derechos que entran en conflicto, lo cierto es que, en este caso, "estamos ante expresiones que son falsas porque no ha sido condentado", ha recordado la letrada.
La audiencia previa en la que se ha examinado la demanda en la que Alberto González Amador pide a Montero 40.000 euros por intromisión ilegítima al honor se ha celebrado de forma pública en la Sala de lo Civil del Alto Tribunal y ya ha quedado vista para sentencia. No obstante, ni la vicepresidenta primera del Gobierno ni el empresario han acudido de forma presencial. En su lugar, han ido sus representantes legales que, en el caso de Montero, ha sido la Abogacía del Estado.
En concreto, la demanda se centra en las palabras que tuvieron lugar el pasado 12 de marzo de 2024 durante una sesión de control del Gobierno en el Senado, donde hubo 7 frases clave que fueron las que llevaron a González Amador llevarla ante los tribunales. Un ejemplo de ello es cuando la vicepresidenta solicitó explicaciones a Ayuso por estar viviendo en un domicilio que se había pagado "defraudando a la Hacienda Pública pagado con comisiones de mascarillas".
La letrada ha reiterado que "ni se ha producido confesión alguna ni se ha producido ninguna confesión con el Ministerio Fiscal". Además, ha concretado que las palabras vertidas por Montero sobre su defendido no eran espontáneas puesto que no habían tenido lugar en un canutazo de prensa. Además, ha aportado al Supremo un email que la secretaría de Estado de Comunicación envió por equivocación a periodistas en diciembre en el que se incluía el argumentario que el Gobierno debía usar contra él. De modo que ese correo corrobaría que es una estrategia "concertada". El correo ha sido itido como parte de prueba documental.
Por otro lado, ha señalado que otro aspecto a tener en cuenta por lo que no sería libertad de expresión es que, "el hecho de que sea pareja de otro cargo público no justifica que a un ciudadano particular se le tilde de delincuente confeso ya que nunca ha realizado declaraciones ni tiene redes sociales".
Durante la sesión, la Abogacía del Estado, en defensa de Montero, ha reiterado que esas palabras sí que se encuentran dentro del ejercicio de su libertad de expresión, por lo que ha solicitado que se desestime la demanda. Además, ha insistido en que no es un ciudadano particular porque "se ha colocado de forma consiciente en el centro de un debate".
La demanda también ha contado con la oposición de la Fiscalía, que ha manifestado que, a diferencia de la libertad de información, en la libertad de expresión no hace falta probarse lo que se dice, por lo que puede ser una “crítica agria y malsonante". Además, el representante del Ministerio Público ha comentado que, en este caso, sí hay interés general.
"Lo que hace falta es que lo que se esté diciendo tenga un sustrato fáctico clarísimo. Y todo el mundo conoce y sabe que hay unos correos electrónicos en los que se reconoce la comisión de unos delitos". "¿Hay un sustracto fáctico entonces?, sí", ha concluido.
