La Unión Española de Abogados Penalistas (UEAP) ha celebrado este viernes la 3ª edición de su foro anual que ha contado con la participación como ponente del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta. El tema principal del debate ha girado en torno al papel de las acusaciones populares y sobre "la necesidad de limitar" su acción judicial.
El magistrado del alto tribunal ha defendido que el principio de igualdad de armas debe primar en el proceso penal, de forma que la acción de la acusación popular no suponga la vulneración de los derechos de la defensa. Martínez Arrieta ha comentado que en los últimos años, con la proliferación de asociaciones que enfocan su actividad profesional a ejercer la labor de acusación personal en diferentes casos judiciales, "se ha dado una condición de Ministerio Fiscal a la acción popular".
Entre los principales problemas denunciados ante la aparición de esta figura, el magistrado ha expuesto que "el principio de igualdad se rompe cuando tenemos la posibilidad de que haya tres o cuatro acusaciones frente a una única defensa". En consecuencia, entiende que la crítica a la Fiscalía no debe usarse como excusa para fomentar la acción de las acusaciones populares sin límites. A su juicio, la mala imagen que rodea al Ministerio Público responde más a la labor de ciertas personas, no tanto hacia la institución: "El sistema está dotado de las suficientes garantías para que ese ejercicio de la acción penal pueda desarrollarse con normalidad por parte del Ministerio Fiscal".
Imagen de la Fiscalía
El magistrado ha puesto como ejemplo la buena imagen de la que gozan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, unidades como la UDEF o la UCO. "Nadie duda de su imparcialidad cuando tienen más dependencia del Gobierno que el Ministerio Fiscal. El problema con el que nos encontramos actualmente depende más de las personas que rigen la institución o de ciertos momentos coyunturales, que no de la bondad del sistema".
Martínez Arrieta ha criticado el argumento defendido por diversos juristas de que la acción popular debe entenderse como un mecanismo de control al monopolio de la Fiscalía. El magistrado ha manifestado que esta afirmación no hace más que "desnaturalizar el proceso penal". "Se trata de sustituirlo creando un monstruo sin control. Desconocemos quiénes están detrás de este tipo de asociaciones o quién las financia", ha sentenciado.
En la misma línea, ha reivindicado la necesidad de aglutinar a las diferentes acusaciones populares personadas en una causa bajo una misma dirección letrada. De lo contrario, entiende que se puede incurrir en dilaciones indebidas del procedimiento que afectarían al derecho defensa de los investigados.
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
A continuación, ha llegado el turno de María Gutiérrez Rodríguez, abogada, profesora de Derecho Penal y miembro de la UEAP. La penalista ha detallado cada una de las proposiciones de ley formuladas por los diferentes Gobiernos para limitar esta figura procesal. Al igual que se recoge en varios de estos textos legislativos, la ponente ha apoyado la necesidad de limitar la acción de las acusaciones y dejar fuera a los partidos políticos.
El catedrático de Derecho Penal y miembro de la Junta Directiva de la UEAP, Gonzalo Quintero Olivares, ha sido más contundente en sus afirmaciones. El jurista ha señalado que esta figura debería tener un "espacio residual" y "limitado" en el sistema jurídico español. "Se ha frivolizado mucho con la acción populista de la acción popular", ha sentenciado.
