María Jesús del Barco, magistrada: "A los jueces nos cuesta encontrar un ministro de justicia que haya sido bueno"

María Jesús del Barco es la decana de los juzgados de Madrid y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera. La magistrada atienda a Vozpópuli en una entrevista para conversar sobre las dificultades que enfrenta actualmente la Justicia en España, marcada por la implantación de la polémica Ley de Eficiencia, una norma que, tal y como denuncia, no va acomapañada de presupuesto.

Una conversación en la que también ha expuesto su opinión con respecto a los ministros de justicia, los ataques que sufren los jueces por parte de los políticos por el contenido de sus decisiones y su punto de vista sobre la propuesta de ley impulsada por el PSOE que pretende limitar la acusación popular.

PREGUNTA: Los primeros meses del año han llegado cargados de novedades. Una de ellas, la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Esta ley “estrella” ha estado cargada de críticas y no va acompañada de presupuesto para poder llevarla a cabo. ¿Qué se habla en los pasillos de su juzgado entre los compañeros con respecto a esta norma?

RESPUESTA: Hay mucha preocupación ante la próxima implantación de los tribunales de instancia, que en muchos partidos judiciales será a partir del próximo día 1 de julio; una preocupación que está más que justificada porque, efectivamente y como usted dice, la ley no viene acompañada de un presupuesto y, en la mayoría de los partidos, ni la infraestructura de los edificios ni los avances en la digitalización, permiten la implantación de la ley.

No sabemos dónde se van a ubicar los servicios comunes en aquellas sedes judiciales que aún responden al modelo tradicional de juzgado, donde se ubica el espacio para los funcionarios, el magistrado y el letrado de la istración de justicia.

Ignoramos qué funcionarios tramitarán los asuntos que están pendientes en todos los juzgados y que ahora pasan a tramitarse en ese servicio común, con lo que esto representa, porque el asunto concreto que ha sido repartido juzgado, se tramita en ese juzgado por un funcionario concreto, que conoce ese procedimiento, y ahora, si pasa a un servicio común, y recae en otro funcionario diferente, este tendrá que empezar de cero a estudiar ese asunto.

Un funcionario que posiblemente el juez ni siquiera conoce. Además, muchos de estos procedimientos están en papel, ¿van a estar en el mismo juzgado donde están ahora? Si es así, el funcionario del servicio común tendrá que “viajar” con el procedimiento por los pasillos desde ese servicio común hasta el despacho del juez que puede que ni siquiera esté en el mismo edificio judicial. Si no es así, será preciso organizar un archivo físico en ese servicio común, donde estén perfectamente identificados y separados todos los asuntos de cada órgano judicial.

P: ¿Y que va a ocurrir con sus agendas de señalamientos?

R: Los jueces nos preguntamos qué va a pasar con nuestra agenda de señalamientos, porque nosotros fijaremos nuestros criterios sobre los horarios para fijar las declaraciones y los juicios, pero el señalamiento concreto se hará por el servicio común, ¿de verdad va a ser posible que el letrado de la istración de justicia encargado de ese servicio atienda a todos y cada uno de esos criterios? ¿También donde hay 54 juzgados de instrucción? ¿También donde hay 83 juzgados de primera instancia?

Pues me temo que los jueces nos encontraremos, de repente, con juicios señalados, de forma sorpresiva, cuando lleguemos por la mañana a nuestro despacho.

Pero es que, además, no vamos a tener una oficina, un equipo de funcionarios como ahora, de modo que no sabremos a quién dirigirnos, salvo que el legislador pretenda que el juez peregrine por los servicios comunes buscando el funcionario que le dé cuenta de un asunto. Los jueces estamos preocupados y mucho y creo que los ciudadanos deberían estar también preocupados, porque esta ley no es eficiente, no va a agilizar la tramitación de los procedimientos y, en definitiva, van a perjudicar sus derechos.

P: Si tuviese que definir al ministro con tres palabras, ¿cuáles usaría?

R: No creo que un ministro tenga que definir a un juez y tampoco que un juez deba definir a un ministro.

P: ¿Y podría considerar, desde su punto de vista, si es de los peores ministros de Justicia que ha tenido España a lo largo del tiempo?

Dicen que cada ministro de justicia hace bueno al anterior y me temo que, lamentablemente, a los jueces nos cuesta encontrar un ministro de justicia que haya sido bueno.

Con Félix Bolaños discrepo, seguramente, en la forma de concebir al Poder Judicial, la istración de Justicia con sus problemas y posibles soluciones, sobre el respeto a la separación de poderes y a la independencia de los jueces y muchas cuestiones más.

Pero sí que tengo que decir que es accesible siempre, que atiende al teléfono tan pronto le llamas y que, a pesar de todas las discrepancias, que son muchas, el trato con él es muy cordial.

P: En enero, también se daba a conocer la noticia de que el PSOE había registrado una proposición de ley que prohibía ser acusación popular a partidos y asociaciones. ¿Cree que esta norma va con segundas intenciones y tiene nombres y apellidos?

R: La proposición de ley que conocimos el mes de enero vacía de contenido la acusación popular en los términos que se regulan el artículo 125 de la Constitución y que ha sido regulada en la ley de enjuiciamiento criminal y dotada de contenido a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Son tantos los obstáculos para ejercer la acusación popular que parece que más que regular lo que se pretende es anular esta figura legal.

A esto se añade la disposición transitoria que prevé aplicar esta reforma con efectos retroactivos, lo que podría suponer el archivo de procedimientos que afectan a determinadas personas cercanas al círculo del presidente del gobierno, y advertir esto es fácil, basta con una mera lectura del texto para ver cuáles las intenciones.

P: A todo esto, hay que sumarle que no cesan las críticas por parte de los políticos a los jueces. ¿Echan en falta más protección por parte del CGPJ a pesar de que su presidenta sí haya defendido a la carrera?

R: Ciertamente, Isabel Perelló en sus declaraciones defiende siempre a la carrera judicial y la independencia los jueces y creo que todos estamos muy agradecidos de que así sea. Este CGPJ creo que sólo ha emitido una declaración institucional como consecuencia de las manifestaciones que hizo María Jesús Montero a propuesta de la sentencia del TSJ de Cataluña que absolvió a Dani Alves.

El pasado mes de agosto, cuando Puigdemont se paseó por Barcelona, el ministro Oscar Puente acusó a los magistrados del Tribunal Supremo de extralimitarse a propósito de la aplicación de la ley de amnistía y entonces, un grupo de vocales propuso que se emitiera un comunicado rechazando esas declaraciones, defendiendo la independencia judicial frente a estos excesos verbales, sin embargo, otro grupo de vocales se opuso a esta declaración.

Son muchas las críticas que recibimos cada día por parte de representantes políticos, que van más allá de la libertad de expresión y del derecho a la discrepancia que lógicamente, no puede ser cuestionada; evidentemente, ni el CGPJ, y tampoco nosotros como asociación judicial, podemos estar permanentemente contestando a estos ataques, pero sí parece deseable que cuando estos excesos verbales son ya de determinada entidad o gravedad, el CGPJ salga defensa de la independencia judicial y de la labor de los jueces de este país.

P: ¿confía el ciudadano cada vez menos en la Justicia?, sobre todo teniendo en cuenta que, por primera vez en la historia, hay un fiscal general del Estado investigado por un delito de revelación de secretos…

R: No creo que el ciudadano confíe cada vez menos en la Justicia, basta con ver el número de procedimientos que se registran en nuestros juzgados, que cada año sube con respecto al anterior; posiblemente, no todos los ciudadanos distinguen la figura y el papel del juez de la de un fiscal, en este caso del Fiscal General del Estado, que, lamentablemente, y como un hecho inédito, efectivamente, está siendo investigado por la posible comisión del delito de revelación de secretos.

Esta situación creo que está causando un enorme daño a la institución, que está por encima de las personas, y, desde luego, no es justa ni para los ciudadanos ni para los cientos de fiscales que cada día trabajan en nuestro país desde la absoluta responsabilidad y con sujeción absoluta al principio de legalidad.

P: ¿De qué manera están viviendo los jueces su caso?

R: Lógicamente desde el absoluto respeto a la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz, creo que la situación nos ha causado a todos estupor y mucha preocupación, pensando en el deterioro de la imagen de la fiscalía en nuestro país que, en definitiva, puede perjudicar también a la imagen del ciudadano de la Justicia.

P: Por último, ¿qué 3 cosas consideras que sería fundamental cambiar para mejorar el sistema?

R: Para mejorar el sistema hay que respetar al Poder Judicial y tomarse en serio la Justicia; en los últimos años hemos visto cómo de forma reiterada se ataca la actuación de los jueces, con críticas feroces, cuando se dictan resoluciones que no complacen a determinados responsables políticos. Es necesario que haya un cambio de actitud que se base en el respeto a la separación de poderes y a la función constitucional que cada día desempeñamos los jueces; quien no esté conforme con una resolución judicial, lo que debe hacer es recurrirlo.

Y hay que tomarse en serio la Justicia, en primer lugar, con leyes de eficiencia procesal, pero que sean eficientes de verdad, no como las que hemos visto en el BOE en los últimos tiempos; ante la alta tasa de litigiosidad que existe en materia de derecho bancario, por ejemplo, que está colapsando la jurisdicción civil, o con las reclamaciones en transporte aéreo, que se cuentan por miles cada año, tal vez deban articular mecanismos ante el Banco de España o Aena para que den solución a estos conflictos, evitando que llegan a los juzgados. 

En este país no se ha hecho un estudio en profundidad de la planta judicial y las necesidades de cada territorio; el Consejo General del Poder Judicial hizo público el año pasado una memoria de necesidades, tanto de creación de juzgados, como de plazas de juez y ninguna de las dos ha sido atendida; se nos dice desde el Ministerio de Justicia que con la implantación de los tribunales de instancia no será preciso crear juzgados y bastará con crear plazas de juez, porque la nueva organización judicial reduce el coste.

Pues bien, que se creen plazas de juez en número suficiente para atender a la elevada litigiosidad que tiene este país, eso sí, sin cambiar la forma de a la carrera judicial que ha garantizado hasta ahora la igualdad en el a la carrera judicial y jueces independientes; que no se creen plazas de juez utilizando puertas de atrás, exámenes hechos a la medida para colocar como jueces a quienes tengan una determinada adscripción ideológica o que no han acreditado tener conocimiento suficiente del Derecho, como parece que se pretende con el anteproyecto de ley orgánica que ahora está siendo informado, y que convertirá a jueces sustitutos en jueces titulares, en muchos casos, personas que se han presentado durante años a las oposiciones libres y han suspendido porque no sabían el temario.

Seguramente todos los ciudadanos queremos que nos opere el cirujano que ha acreditado tener la formación suficiente para no poner nuestra vida en peligro, pues bien, los jueces, cada día decidimos sobre los derechos y libertades de las personas, y el ciudadano tiene también derecho a tener a un juez formado e independiente. La inversión debe ser real, presupuestada, no un canto al sol. El papel del BOE lo aguanta todo, la realidad no.

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