La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, ha decidido no participar en la reunión convocada por Álvaro García Ortiz el próximo 20 de mayo para hablar sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Consideran que el texto ha sido elaborado al margen de la carrera fiscal y refuerza el poder del FGE sin introducir verdaderos contrapesos internos.
Entienden que no pueden convertirse en "mero cómplice" de la institución mediante su participación en algún tipo de comisión o grupo de trabajo, ni en alguna forma de negociación que, "vistas las intenciones derivadas de la lectura del texto, sólo podrían calificarse como una mera pantomina".
Asimismo, consideran que no pueden compartir espacios de diálogo con una Fiscalía cuyo jefe se encuentra investigado al causar un "deterioro institucional que ya es insoportable". También han reiterado su compromiso con una institución "verdaderamente independiente, moderna y al servicio de los ciudadanos, y exige una reforma con participación activa de la carrera fiscal".
Cabe recordar que el pasado 13 de mayo el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros una reforma para desligar el mandato del fiscal general del Estado del de la legislatura y trasladarles la instrucción, entre otros cambios. Sin embargo, estos cambios fueron duramente criticados por la mayoría de la carrera porque consideraban que debía haberse aprovechado esta reforma para cesar a un jefe del Ministerio Público que se encuentra investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Algo que llevan meses solicitando.f
Según comenta esta asociación en un comunicado, "el texto del anteproyecto supone un gravísimo retroceso en la autonomía institucional del Ministerio Fiscal". Desde su punto de vista, estos cambios reflejan "una insaciable voracidad de control de la institución por parte del Fiscal General del Estado, a quien se atribuyen nuevas y numerosas facultades en materias como los nombramientos, la apreciación de las causas de incompatibilidad o el régimen disciplinario".
La Asociación denuncia que el proyecto debilita al Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de los fiscales, y consolida un modelo de concentración de poder en el FGE sin garantía alguna para el ejercicio independiente de la labor del fiscal investigador. Tal y como ha detallado Cristina Dexeus, su presidenta, “la reforma demuestra un nulo interés en reforzar los mecanismos internos de control, y la actual Junta de Fiscales de Sala, fruto de nombramientos de afines, no puede ejercer una función real de contrapeso”.
Por último, denuncian que “arrinconar y devaluar las funciones del Consejo Fiscal verdadero órgano de representación democrática de los fiscales da una cabal idea del nulo interés que esta reforma tiene en reforzar los mecanismos internos de contrapeso y balanza para limitar el poder absoluto del Fiscal General del Estado”.
