Tribunales

Conde-Pumpido busca apoyos a la desesperada para vetar que los jueces acudan a Europa contra sus sentencias

Incluir en el próximo Pleno un "debate jurídico" es un hecho inédito ya que los asuntos "no formales" se hablan en el despacho del presidente

  • El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido -

La tensión en el Tribunal Constitucional no para de crecer tras la última maniobra de su presidente. Busca a la desesperada apoyos para intentar evitar que los jueces y magistrados españoles puedan cuestionar ante Europa sus sentencias cuando consideren que van en contra del Derecho comunitario.

Y es que ha ocurrido algo inédito. Ha fijado para el próximo Pleno -que arrancará el 8 de abril- un "debate jurídico" para valorar si la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que son los órganos que han enviado cuestiones prejudiciales al TJUE, pueden desoír sus sentencias. Los ponentes serán el magistrado Ricardo Enriquez y la vicepresidenta Inmaculada Montalbán

Un hecho que, según fuentes consultadas, no ha ocurrido nunca ya que cuando se necesita hablar de algo informal, es decir, que no tiene que ver con un auto o una sentencia, estos “debates” tienen lugar en el despacho del presidente. Esto ha causado cierta sorpresa a algunos de los integrantes de la Corte de Garantías, que señalan que Pumpido no se lo había comunicado. Otras voces sugieren que esta situación podría estar generando ciertas dudas entre los magistrados progresistas al tener que tomar la decisión de seguir respaldando al presidente o marcar cierta distancia. 

En ese Pleno se pondrá sobre la mesa la cuestión prejudicial de la Audiencia de Sevilla. Este tribunal considera que las sentencias emitidas por el TC que beneficiaron a condenados por los ERE de Andalucía como José Antonio Griñán o Manuel Chaves podrían no ajustarse con el Derecho de Unión. También se hablará de la cuestión enviada por el TSJM en un asunto relacionado con un laudo arbitral en el que participaba la empresa Cabify.

Hay que señalar que existen al menos 10 sentencias emitidas por Europa en las que destacan que un órgano jurisdiccional nacional no está obligado a aplicar una resolución de su Tribunal Constitucional si infringe el Derecho de la Unión. Incluso el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, ya advirtió en 2022 en la sede del Constitucional que no cabe impeidr a un juez español ir a Europa.

El informe que supuestamente se encargará a los letrados de la institución

Pumpido puso en marcha la maquinaria para intentar vetar a los jueces nada más conocer la intención de la Audiencia de Sevilla. La semana pasada comenzó a tantear ante los magistrados de su Sala Primera la posibilidad de encargar a los letrados de la institución un informe para conocer si realmente los jueces nacionales pueden enviar a Europa cuestiones que hagan desoír sus sentencias. Algo que, hasta la fecha, no ha ocurrido. 

El primer paso que ha dado ha sido solicitar a la Audiencia de Sevilla ese documento, denominado providencia, que ha enviado al TJUE. Una situación que ha desagradado por completo al tribunal andaluz y que ha respondido replicándole el motivo por el cual está realmente interesado en ello. 

Sin embargo, algún magistrado ya se ha adelantado al presidente para tratar de frustrar sus planes. César Tolosa encargó hace unos días un informe a su letrada y su resultado ha sido demoledor para Pumpido: no puede impedir que un órgano jurisdiccional inferior plantee una cuestión prejudicial a Europa cuando considere que la sentencia emitida choca con el Derecho comunitario. Pues ello no sólo es incompatible con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino que "podría suponer una infracción del principio de independencia judicial, principio que concretiza el valor del Estado de Derecho".

Además, la letrada del Constitucional también señala que impedir, limitar, o disuadir a un órgano inferior de plantear una cuestión prejudicial podría incurrir en un incumplimiento del Derecho de la Unión. Ello legitimaría a la Comisión Europea para iniciar un procedimiento de infracción contra España. Por ahora, se desconoce si otros magistrados encargarán a sus letrados más informes porque, según las fuentes, el este documento interno "no es fácilmente superable" porque es "bastante completo". 

Este intento de vetar a los jueces podría situarse en un campo de naturaleza penal. Así lo ha desrito Rafael García-Valdecasas, antiguo miembro español del Tribunal General de la Unión Europea en un análisis publicado en ABC. En concreto, este jurista ya jubilado considera que, de confirmarse la actuación del presidente del TC, se estarían enfrentando a una situación grave porque pondría de manifiesto una "ignorancia absoluta" de ese principio de primacía del derecho de la UE.

Por otro lado, García-Valdecasas también señaló que si el TC o su presidente llevaran a cabo acciones que pudiesen calificarse como coacciones a la Audiencia de Sevilla podrían situarse en un campo de naturaleza penal con consecuencias imprevisibles.

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