Es un material policial muy útil cuando los disturbios se complican, aunque no está exento de polémica. El Ministerio del Interior acaba de licitar un nuevo contrato por un valor estimado de 1,7 millones de euros para renovar el suministro de gases lacrimógenos y botes de humo de la Policía Nacional. Este material irá destinado a los 52 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), más conocidos como antidisturbios, y a las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).
La documentación del contrato público indica que se adquirirán dos lotes, uno de 44.000 "artificios triple fumígenenos" (botes de humo) y un segundo de 24.000 "artificios triple lacrimógenos" (gases lacrimógenos). Estos dos lotes abastecerán a los agentes antidisturbios durante los años 2025 y 2026. Este material, según la memoria del contrato, será utilizado en casos de "graves alteraciones contra el orden público provocadas por masas hostiles". Fue el caso de la jornada más violenta de las protestas junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023.
Los antidisturbios lanzan este material a través de sus bocachas, como se denomina al arma de fuego con forma de escopeta que portan para disuadir a las masas. Como principales ventajas frente a otro material antidisturbios como las pelotas de goma, estos artificios "se inician y fragmentan en el aire", lo que disminuye el "riesgo de lesiones por su impacto" en las personas y en los propios policías. Además, no necesitan de una "sustancia explosiva" para su activación, de tal forma que se evitan "quemaduras y posibles lesiones" a la hora de lanzarlos.
Parte de este material también irá destinado a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde se realizan prácticas operativas e los integrantes de las UIP y UPR, además de complementarse la formación generalista de los policías de nuevo ingreso. El precio aproximado de cada uno de los botes de humo y gases lacrimógenos se estima en 25 euros.
Polémica en Ferraz
La última polémica por el uso de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios data de las protestas contra el PSOE en su sede de la calle Ferraz en noviembre de 2023, concretamente la noche del día 6. El propio Fernando Grande-Marlaska asumió como propias las órdenes con "criterios operativos" dadas por la cadena de mando a los agentes de las UIP. La Policía usó este material contra un grupo de unos 200 "infiltrados" que trataron de enturbiar las protestas pacíficas de los manifestantes.
Según el atestado, tras reforzar el dispositivo en primera línea, los agentes lanzaron primero fumígeno inocuo (no lacrimógeno) como advertencia ante su inminente intervención. Tras el aviso, los agentes realizaron una carga, que se define como "proporcionada" contra los radicales, muchos de ellos encapuchados, que respondieron con el cruce de contenedores y otros elementos en las calles aledañas y lanzando objetos contra la Policía. Fue entonces cuando los agentes hicieron un uso "puntual" de gases lacrimógenos.
