Enchufismo, tratamiento privilegiado hacia el partido que da de comer a sus altos cargos, despilfarro de recursos… Ya sea bajo un Gobierno del PSOE, del PP o de los separatistas, las televisiones públicas llevan décadas siendo objeto de las mismas críticas. No obstante, dichas prácticas debieron de parecerle un juego de niños a quien fue capaz de derogar el delito de sedición con tal de continuar en la Moncloa. Pedro Sánchez ha demostrado tener más creatividad, arrojo y descaro que sus predecesores, y la gestión de RTVE no es una excepción.
El Gobierno no solo se provee de espacios afines o acríticos para fidelizar simpatizantes con el dinero de todos, como los anteriores, sino que lo hace con gracia, con una naturalidad que invita a pensar que está en su derecho a hacerlo. Así ocurrió cuando hizo fichar a David Broncano para que compitiera con un programa incómodo y líder de audiencia de una cadena privada, o cuando Francina Armengol entregó un premio del PSOE de Madrid a la presentadora Silvia Intxaurrondo, elogiada por el partido gobernante como «ejemplo de periodismo independiente».
Dispuestos a no dejar a nadie fuera de su captación audiovisual, ahora han fijado la vista en un público determinado, gracias a lo cual podremos disfrutar de un nuevo programa de entretenimiento presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, y con la colaboración especial de Belén Esteban. Así mismo, participarán figuras reconocidas como Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés. En la campaña publicitaria, Televisión Española ha afirmado que los cuatro primeros son comunicadores capaces de «transmitir los valores asociados a la televisión pública» —sin mencionar cuáles son—, y que con ello apuesta por ser «cercana y de calidad, pensada para entretener y acompañar a todos los ciudadanos».
Parece razonable que un presupuesto tan costoso no deba emplearse hoy en asuntos de los que ya se encarga el sector privado, como concursos de grandes audiencias, derechos de emisión del deporte de élite o programas de entretenimiento de masas
Cabe preguntarse cuál es la necesidad de que RTVE, con un presupuesto público anual de más de mil millones de euros, esté pensada para entretener a los ciudadanos compitiendo con las cadenas privadas. Pudo tener sentido cuando éstas no existían o eran muy pocas, pero no en 2025, cuando las posibilidades de entretenimiento gratuito —en abierto y a través de Internet— son tan numerosas, por no decir inabarcables.
Con las dificultades económicas que atraviesa España, parece razonable que un presupuesto tan costoso no deba emplearse hoy en asuntos de los que ya se encarga el sector privado, como concursos de grandes audiencias, derechos de emisión del deporte de élite o programas de entretenimiento de masas, entre otros. Seguro que las cadenas privadas están deseosas de contar con María Patiño, David Broncano o Andreu Buenafuente, sin que sea necesario para el espectador que sus espacios se financien vía presupuestos generales del Estado.
Cerrar todas las teles públicas
Ante este despilfarro, hay quienes directamente piden cerrar todas las televisiones públicas, y no solo la nacional. Motivos no les faltan: de TV3 a Canal Sur, las comunidades autónomas reproducen también en este ámbito el comportamiento de las élites a nivel estatal, convirtiendo las televisiones autonómicas en costosos escaparates del Gobierno regional de turno —con la gravedad añadida de fomentar el regionalismo y el separatismo entre su audiencia—.
Y por si fuera poco, suponen una duplicidad más: las cadenas y las emisoras públicas autonómicas no solo rivalizan con las privadas, sino también con las públicas estatales que operan a nivel regional. Por ejemplo, Canal Sur TV y Canal Sur Radio compiten en Andalucía con los servicios territoriales de Televisión Española y de Radio Nacional de España, estando su personal en nómina de diferentes élites partidistas.
Si se mantuviera dentro de su finalidad debida, apartada de las zarpas de los partidos y del dispendio del pan y circo, la radiotelevisión pública jugaría un importante papel: llegar a donde el sector privado no quiere o no puede
Con todo, si bien el cierre de las cadenas y emisoras autonómicas se presenta como una exigencia presupuestaria e incluso cívica en defensa de la nación española, no parece que la mejor solución sea poner fin al sector público informativo al completo. Si se mantuviera dentro de su finalidad debida, apartada de las zarpas de los partidos y del dispendio del pan y circo, la radiotelevisión pública jugaría un importante papel: llegar a donde el sector privado no quiere o no puede.
Lo cual no solo se refiere a la divulgación científica, histórica, filosófica o artística que las cadenas generalistas suelen evitar, sino especialmente al cumplimiento del derecho a la información de los ciudadanos. Este, del mismo modo que requiere de la existencia de medios de comunicación privados que no dependan de los poderes públicos —al menos no directamente—, precisa también de una institución pública no sujeta a los intereses privados, sean cuales sean, y que al mismo tiempo goce de independencia frente a sus pagadores. En España, paradójicamente, el eslogan «defender lo público» va en contra de los partidos gobernantes.
