El presidente del Gobierno ha vuelto a incluir a Magdalena Valerio en el Consejo de Estado, esta vez en el cargo de consejera permanente. Un giro que ni el propio Pedro Sánchez se esperaba. La medida llega tras la anulada designación de la expresidenta del órgano, que fue rechazada en noviembre de 2023 por el Tribunal Supremo por no cumplir con los requisitos legales para el puesto. El Supremo consideró entonces que Valerio no poseía el "reconocimiento en el ámbito jurídico" necesario para ostentar la presidencia del Consejo de Estado. Pero, como bien saben los que siguen la política española, en este país, nada está realmente cerrado hasta que se firma la última palabra. Y la última palabra la ha dado Sánchez.
Un desenlace inesperado
La designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado fue uno de los movimientos más polémicos del Gobierno de Sánchez, entreo muchos otros. La exministra de Trabajo, que hasta entonces había tenido una carrera política sólida, fue nombrada para el puesto en 2022. Sin embargo, su ascenso se topó con un obstáculo inesperado: la Fundación Hay Derecho, una entidad de juristas que se autodenomina defensora de la regeneración democrática, recurrió ante el Supremo la validez de su nombramiento.
El recurso, basado en que Valerio no reunía los requisitos de "jurista de reconocida competencia", fue aceptado por el Alto Tribunal, que anuló la decisión del Ejecutivo. Este fallo dejó al Gobierno con la necesidad de buscar un nuevo rostro para la presidencia del Consejo de Estado, un cargo que ha sido históricamente de relevancia institucional y, por ende, muy vigilado.
Pero a pesar de la anulación judicial, el Gobierno no tardó mucho en encontrar otra vía para reincorporar a Valerio. Un año después, en un nuevo movimiento, Sánchez ha designado a Valerio como consejera permanente, cargo que, aunque no tiene el mismo perfil de visibilidad pública que la presidencia, sigue siendo de vital importancia para la dinámica del Consejo de Estado.
Magdalena Valerio: carrera política y una nueva etapa
Valerio, licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, comenzó su carrera política a nivel local. Fue concejala en Guadalajara y desempeñó varios cargos en el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, en áreas como Trabajo, Turismo y istraciones Públicas. No fue hasta 2018 cuando alcanzó su puesto ministerial, al ser nombrada ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el primer Gobierno de Sánchez.
Aunque su gestión ministerial estuvo marcada por hitos como la reforma de pensiones y la reforma laboral, fue su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado lo que le dio un nuevo impulso en su carrera institucional. Pero su ascenso a la presidencia fue fugaz, ya que el Supremo consideró que no cumplía con el requisito de ser una jurista de prestigio, lo que dejó en entredicho la independencia y la legalidad de las decisiones del Ejecutivo en este sentido.
Ahora, en su nuevo rol de consejera permanente, Valerio tendrá que enfrentarse a un entorno muy diferente al que dejó atrás. Aunque su papel será menos visible, se encargará de participar en los debates internos sobre los dictámenes que el Consejo de Estado emite, una labor técnica pero crucial para el funcionamiento del sistema político y jurídico español. La Comisión Permanente, que se reúne semanalmente, será el espacio donde Valerio desempeñará su trabajo, al lado de figuras de renombre como la exvicepresidenta Carmen Calvo, quien, por cierto, ocupa la presidencia del Consejo de Estado tras el fracaso de Valerio.
La Fundación Hay Derecho y su informe sobre calidad democrática
El nombramiento de Valerio como consejera permanente no ha pasado desapercibido. La Fundación Hay Derecho, que se ganó la legitimidad para recurrir al Supremo tras una larga batalla legal, no ha dudado en calificar este movimiento como un "golpe institucional". En su informe anual sobre la calidad democrática, la Fundación ha destacado que la "vinculación política" de muchos de los nombramientos de este Gobierno, especialmente en órganos como el Consejo de Estado, pone en riesgo la independencia de las instituciones.
En su informe, la Fundación subraya que el reciente ascenso de Valerio a consejera permanente es un claro ejemplo de cómo el Ejecutivo ha sorteado los obstáculos judiciales para colocar a personas de confianza en puestos clave. Según la Fundación, la reiterada inclusión de exministros o altos cargos del PSOE en órganos consultivos refleja una tendencia preocupante hacia la politización de las instituciones.
Este informe también ha lanzado duras críticas a otros nombramientos, como el de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, un hombre estrechamente vinculado al PSOE tras haber sido ministro en varios Gobiernos de Sánchez. También se ha cuestionado la figura del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien, según la Fundación Hay Derecho, posee una trayectoria política demasiado marcada por su vinculación al PSOE.
¿El fin de la independencia?
La crítica más fuerte, sin embargo, se ha centrado en el Tribunal Constitucional. Los últimos nombramientos de magistrados, entre ellos los de exministros del PSOE como Juan Carlos Campo y Laura Díez, han suscitado una gran polémica. Según la Fundación, estos nombramientos adolecen de un claro sesgo político, lo que podría afectar la imparcialidad de los fallos del Tribunal. La fundación incluso ha pedido la intervención del Constitucional en la Ley de Amnistía, aunque esta solicitud fue rechazada por el propio Defensor del Pueblo.
Por otro lado, hay quienes defienden que estos nombramientos son parte de una estrategia legítima del Gobierno para asegurar que sus políticas sean respaldadas por personas de su confianza.
Para Pedro Sánchez, el regreso de Magdalena Valerio al Consejo de Estado representa una victoria de carácter político. A pesar de la polémica generada por la anulación de su nombramiento anterior, el presidente ha logrado devolver a Valerio al organigrama institucional en un puesto que no requiere la misma validación pública ni la misma atención mediática que su presidencia.
Derry
05/03/2025 11:41
Esta tiparraca no puede volver por Guadalajara, donde trabajó, y a escondidas por Sigüenza, donde tiene su chalet-bunker.
criticayrazon
05/03/2025 12:00
Que verguenza que el Tribunal Supremo diga que no tienes cualidad de jurista suficiente y te sigan colocando de rondón como encargada del negociado de Sanchez.
MataNarcisos
05/03/2025 12:48
Otra más, de tantos y tantos, que dependen de... "Pues eso". No ya por años, ni meses, ni semanas, por días nos estamos convirtiendo en la República Melonera de España.
Anticorrupción
05/03/2025 15:10
¿Pero, no se puede hacer nada para pararle los pies a este dictador?
paliques
05/03/2025 16:13
La cara es el espejo del alma....
lablasca
05/03/2025 19:34
No entiendo para qué se nombran consejeros de un órgano al que no se consulta, y cuando se le consulta se ignora su opinión. Otro refugio mas para la casta política