La oferta de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Pedro Sánchez para todas las autonomías, con el objetivo de justificar su enésima concesión al separatismo catalán, es una trampa para las regiones gobernadas por el Partido Popular. Un intento fallido por parte de Sánchez para generar tensión en la relación entre Alberto Núñez Feijóo y sus barones. Pues se han visto obligados a elegir entre una postura unitaria o las cuentas de las istraciones que dirigen.
Pues pese a que Andalucía o la Comunidad Valenciana, ambas en manos del PP, son algunas de las autonomías más beneficiadas por la condonación de la deuda, sus presidentes se han alineado con el líder nacional del PP para rechazar la propuesta que supone "cargar al resto de ciudadanos" con la deuda que se ahorran los gobiernos regionales que participen en el reparto. En el caso andaluz, por ejemplo, sumarse a la condonación supondría al gobierno de Juanma Moreno ahorrarse el 50% de una deuda que, en gran parte, asumió la propia vicepresidenta María Jesús Montero cuando, hace años, era la consejera andaluza de Hacienda.
En Génova 13, sede de los 'populares', están radicalmente en contra de la oferta de Moncloa a las autonomías. Creen que "es un acuerdo del Gobierno con los independentistas para comprar su voto" que "premia a los que lo han hecho mal". Apuestan, en cambio, por "hablar de la actualización de las entregas a cuenta, del fondo nivelatorio de transición o del alargamiento de la vida de la deuda". Pero en ningún caso de una condonación que, además, creen ficticia, ya que "nadie está amortizando deuda". Lo "único que se van a ahorrar", aseguran, "son los intereses".
Para Génova 13, consultados por este periódico, con esto "se va a endeudar más al conjunto de los españoles por las malas prácticas de diferentes gobiernos". En este sentido, indican fuentes populares, "se va a premiar a los que lo han hecho mal". Creen que en algunos casos, como el de Castilla y León, Hacienda "les endosa más deuda a ellos de lo que tienen de saldo vivo". Fuentes de la dirección nacional indican que "no compensan el componente de la deuda".
Según el equipo de Feijóo han sido los propios presidentes autonómicos del PP los que han liderado esta postura común. En Génova aseguran que han hablado con todos ellos. Y aunque en público hay alineación con esta postura, en privado es verdad que algunos consejeros autonómicos de Hacienda del PP exhiben sus discretas discrepancias. Pues iten que la renuncia a ser partícipes de la oferta gubernamental aliviaría la tensión económica que sufren muchas autonomías.
La propuesta concreta de Montero es que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en la que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico. La región presidida por Juanma Moreno podría ahorrarse la devolución de 18.791 millones de euros y la liderada por Salvador Illa un total de 17.104 millones. La Comunidad Valenciana, que debe hacer frente a la reconstrucción de todo lo que la DANA destruyó, sería la tercera beneficiada con el indulto de 11.210 millones.
En el desglose por habitantes, tres de las cinco comunidades autónomas más beneficiadas están gobernadas por el Partido Popular. Tanto los andaluces, como los valencianos y los murcianos, verían condonados 2.284 euros de deuda por cada ciudadano de esta región, según la propuesta realizada por María Jesús Montero. Con la misma cantidad se beneficiarían los catalanes y los castellanomanchegos, en este caso ambas regiones en manos del Partido Socialista.
Migajas y dignidad
En Andalucía hablan de "migajas" los 140 millones de euros que se ahorrarían anualmente de intereses. Fuentes del Gobierno andaluz señalan que "no consentiremos que se utilice a Andalucía para blanquear sus acuerdos con los independentistas con tal de que Pedro Sánchez siga un día más en el cargo". Su rechazo, aseguran en el equipo de Juanma Moreno, es una cuestión de "dignidad". En San Telmo, sede de la presidencia andaluza, opinan que "la María Jesús Montero de 2016 exigiría la dimisión a la ministra Montero de 2025".
