El PP prepara una batalla legal en el TC por el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña

El último salto con pértiga en el Palacio de la Moncloa se ha saldado con el borrón de lo que, hasta ayer, era una línea roja infranqueable para el Gobierno: transferir las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Se trata del enésimo pago que se cobra Carles Puigdemont de Pedro Sánchez a fin de que los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados mantengan prietas las filas.

Para el PP, el documento registrado en la Carrera de San Jerónimo por el PSOE y su aliado secesionista carece de validez jurídica, básicamente porque contraviene la Constitución Española, que en su artículo 149.1 descarta la posibilidad de traspasar a las comunidades autónomas ciertas competencias. Por eso, los servicios jurídicos de los populares andan inmersos en el estudio de cada coma del texto antes de tomar una decisión que, ineludiblemente, tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional.

Distintas fuentes de la formación coinciden en que la parada en el Órgano de garantías es obligada. Aunque no la única. En el horizonte, otea también el Tribunal Supremo, donde hay quien ve posibilidades de elevar la voz de alerta. "Sí que es posible", asegura un destacado dirigente de la cúpula popular ante las dudas jurídicas que plantean los expertos. Lo que nadie oculta en las filas populares es que, una vez más, desplegarán toda la artillería para abrir otro frente judicial después de la amnistía.

A la espera de que los responsables jurídicos del partido digan cuáles son los pasos a seguir, en Génova recuerdan que "hay pronunciamientos previos" del TC sobre una cuestión tan sensible como transferir a una istración territorial la gestión migratoria. Es más, el propio Gobierno, como sucedió con la amnistía, ha afirmado en reiteradas ocasiones que estaba fuera de la legalidad. 

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recalcó en sede parlamentaria el pasado mes de septiembre: "El control de fronteras y de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser delegados".

Ayer martes, poco después de trascender los detalles del pacto firmado por PSOE y Junts, Alberto Núñez Feijóo denunció: "Sánchez sigue desmantelando el Estado en Cataluña y profundiza en la desigualdad de los españoles". Y advirtió que su formación no permanecería impasible: "Combatiremos con intensidad esta nueva cesión al independentismo. Las competencias exclusivas del Estado volverán a serlo cuando gobernemos".

"Cataluña es un Estado"

En el entorno del líder popular añaden que la concesión que hace Sánchez "para tener contentos a los que le han retirado la cuestión de confianza" ahonda en la fractura del modelo territorial del Estado. De facto, entregar gestiones como la expedición del DNI a un ciudadano extranjero, convierten a la región en un Estado propio. "Cataluña decide quién entra y quién sale del territorio, a efectos de Sánchez, Cataluña es un Estado". La independencia, por la puerta de atrás. "La unidad de España está de rebajas porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Nunca se ha entregado tanto al independentismo por tan poco", censuran en Génova. 

Desde los territorios, igualan las críticas de la dirección del partido y también anticipan una contienda legal coordinada. "Estamos viendo la letra pequeña, pero no tiene buena pinta", ite un barón con mando en plaza.

Antaño, con la aprobación de la Ley de Amnistía, todas las comunidades gobernadas por el PP -también lo hizo Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Page- acudieron al TC con sus respectivos recursos de inconstitucionalidad. Ahora, la estrategia podría ser la misma. 

Eso sí, siempre y cuando el texto registrado en la Cámara Baja consiga salvar todo el trámite parlamentario y acabe publicado en el BOE. Un camino tortuoso que no tiene garantías de concluir con éxito. Por lo pronto, Podemos ya ha dicho que no votará a favor. Es decir, los números no dan. Pero el PP cree que Sánchez hará todo lo posible para cumplir con Puigdemont, porque necesita "darle mimitos" para ver hecho realidad su anhelo de aprobar Presupuestos y, lo más importante, poder agotar la legislatura en 2027. 

Además, los populares dan por sentado que la transferencia de las competencias migratorias a la Generalitat no será, ni mucho menos, el pago final. La tesis es que "cualquier precepto legal está supeditado o en riesgo de ser derogado" para que Sánchez siga gobernando. "No es la última cesión, es la que precede a la siguiente. ¿O es que no habrá otra para los Presupuestos?", inciden en el politburó gallego. 

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