Antonio Mira-Perceval ha transmitido al PSOE valenciano su voluntad de abandonar la Sindicatura de Cuentas a final de año para pasar a una situación de jubilación. Esta circunstancia no tendría nada de particular si no fuera porque este órgano estatutario permanece en funciones desde el 20 de julio de 2022 por la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios desde aquella fecha en la que caducaba el mandato. El PSOE sigue decidido a bloquear la renovación de los órganos estatutarios aún a costa de que coyunturas como ésta o fallecimientos acaecidos durante estos años queden sin sustitución.
La jubilación prevista de Mira-Perceval (de 70 años de edad) puede dejar a la Sindicatura de Cuentas en los próximos meses con un único miembro. Es el caso del Síndic Mayor, Vicent Cucarella, propuesto por Compromís, que lleva en el cargo desde junio de 2016 en una institución independiente que fiscaliza las cuentas de la Generalitat Valenciana.
Marcela Miró
Cucarella va a quedarse sólo ya que la marcha planificada del síndic Mira-Perceval, se suma al fallecimiento el pasado 14 de julio de la otra síndica propuesta por el PP (que fue ex presidenta de las Cortes Valencianas), Marcela Miró.
El bloqueo de órganos estatutarios, al que también se ha sumado Compromís, ha supuesto que este tipo de situaciones excepcionales se hayan convertido en habituales. La falta de diálogo se extiende desde el final de la pasada legislatura y en la primera mitad de la actual no se ha revertido. En la historia del autogobierno valenciano no se han registrado bloqueos tan prolongados como el que se está produciendo.
La dana del pasado 29 de octubre ha acabado por dinamitar todos los puentes de entendimiento entre el PP que lidera Carlos Mazón con los socialistas y los nacionalistas. Para entender este grado bloqueo se puede comparar con lo sucedido en España con los órganos judiciales donde la falta de acuerdo entre PP y PSOE ha bloqueado durante años la posibilidad de renovar los cargos.
Sin presencia en la Mesa
Una de las consecuencias de esta negativa a acordar nuevos integrantes de los citados órganos de apoyo a la gestión autonómica es que los socialistas valencianos se quedaron sin representantes en la Mesa de las Cortes. El PP vinculó la posibilidad de votar a la propuesta del PSOE (María José Salvador) a que se desbloquearan esas renovaciones. No hubo éxito.
La exigencia de que en la mayoría de estos órganos la renovación salga aprobada por tres quintas partes del Parlamento autonómico obliga a que el PP (40 escaños) deba contar con uno de los grupos de la oposición, ya que con los 13 de Vox no alcanza los 60 requeridos para abordar esa actualización. Tampoco alcanza cuando la mayoría requeria es de dos tercios porque la mayoría se sitúa aún más elevada, en 66 escaños.
La autoexclusión de PSOE y Compromís ha llegado a tal punto que hay entes como el de la radiotelevisión autonómica valenciana –cuyos órganos de dirección había que regenerar y que no necesitan de esa mayoría de tres quintos– que no tienen ningún representante de la oposición. No han querido participar de ese reemplazo.
Interinidad extendida
El Consejo Jurídico Consultivo, con una tarea previa de informes jurídicos sobre las iniciativas normativas que resulta vital, está también entre los órganos que tienen sus funciones prorrogadas y su presidenta, Margarita Soler, lleva casi tres años en una situación de interinidad.
Para su reforma se requiere la mayoría de tres quintos de las Cortes Valencianas y de sus seis , 2 son a propuesta del Gobierno valenciano y los 4 restantes a propuesta de la Cámara autonómica.
También están extendidos en sus funciones, al exceder de su mandato límite, los integrantes del Consejo Valenciano de Cultura, máximo órgano consultivo en esta materia, y cuyos son elegidos por dos tercios de las Cortes Valencianas.
Grisolía y Santo
En esta institución clave en el autogobierno, también se han registrado decesos como el de su presidente, Santiago Grisolía (en agosto de 2022) y fue sustituido en funciones por Dolors Pedrós, aunque la próxima semana será, a su vez, sustituida por otro de los vocales del Consejo como José María Lozano. No se cubrió la vacante sino que se realizaron nombramientos de entre sus .
Tres meses después de Grisolía también fallecía otro de sus integrantes, el historiador alicantino Joaquín Santo Matas, pero ni siquiera en esta gravísima situación se han producido incorporaciones por la falta de acuerdo parlamentario.
Transparencia, 5 años 'caducado'
Y el órgano que ostenta el triste récord de interinidad es el Consejo de Transparencia que en noviembre cumplirá la friolera de 5 años sin renovar a sus cargos con Ricardo García Macho (a propuesta de Podemos) en la Presidencia. Durante tanto tiempo con una extensión artificial de los cargos se han producido incluso cambios en la ley que, en este caso, reduce de cinco a tres el número de los representantes.
Esta anómala praxis de los grupos parlamentarios demuestra que detrás de esa falta de voluntad se esconde que los mandatos de los representantes en los órganos estatutarios (pese a que exceden las legislaturas) quieren ser controlados por las siglas políticas que los propusieron.
En la presente legislatura tanto al PSOE como a Compromís les conviene bloquear las renovaciones que, en caso de someterse a votación, caerían de manera mayoritaria en manos de representantes del PP y de Vox (como ha sucedido al revés, pero no tan acusadamente, cuando el PP ha estado en la oposición). Toda una perversión del normal funcionamiento del sistema democrático.
