Los escándalos de la DGAIA siguen en el punto de mira. La Generalitat anunció ayer que el área de Dirección de Infancia y Adolescencia, que otorgó contratos y ayudas irregulares y que no detectó la violación a una menor tutelada de 12 años, sufrirá una transformación "profunda". Tanto es así, que se rebautizará como DGPPIA, se centrará en la prevención y casos graves, y perderá competencias como la contratación de plazas residenciales o el reparto de prestaciones a jóvenes tutelados y extutelados. Sobre este punto, se informó que dejaría de externalizarse el servicio, tomando las decisiones ahora otras direcciones generales.
Sin embargo, la 'consellera' de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha explicado hoy en 'La Vanguardia' que en los próximos meses se encargará un funcionario de asignar las prestaciones, pero en el futuro "debería ser una gestión automatizada, un algoritmo". En este sentido, ha explicado que cuando el programa detecte que la persona en cuestión ya ha encontrado trabajo y recibe un sueldo digno, "automáticamente se le retirará la ayuda".
Cabe recordar que las irregularidades en la prestación de estas ayudas salieron a la luz gracias a la denuncia de un educador social, que advirtió que algunos jóvenes extutelados seguían recibiendo la prestación cuando ya no les correspondía. No obstante, sus superiores no solo evitaron actuar para atajar esta situación, sino que le forzaron a emitir documentación falsa para mantener el supuesto fraude.
Por otra parte, respecto, Bravo ha manifestado que la refundación de la DGA hará más difícil que vuelvan a producirse violaciones a menores tuteladas, si bien ha recordado que el "sistema no es infalible". La receta para evitar los abusos consiste en el refuerzo del personal, que se verá incrementado en 300 nuevos profesionales. De esta manera, estos podrán ocuparse de unos 40 casos —el volumen que se considera atendible— en lugar de 50, como sucedía hasta ahora
