En las últimas décadas, el nacionalismo ha asentado su hegemonía cultural en Cataluña a través de dos pilares: la Educación y los medios de comunicación. En el primero, lo ha conseguido gracias a la aplicación férrea de la inmersión lingüística, que al convertir las escuelas en entornos monolingües en catalán también ha permitido configurar un personal docente generalmente afín a la causa nacionalista. Y respecto al segundo, los medios, ha logrado ponerlos al servicio de la "contrucción nacional" en virtud de sueldos astronómicos —en el caso de los públicos— y de ingentes subvenciones ligadas al catalán —en el caso de parte de los privados—. Una estrategia, ésta última, que la Generalitat de Salvador Illa ha mantenido pese a su condición de partido no separatista —pero sí catalanista—.
Tanto es así, que el Ejecutivo del PSC aumentará este año la partida presupuestaria destinada a ayudas y subvenciones para medios de comunicación que empleen la lengua catalana. Y es que, los 13, 2 millones de euros que inyectó Esquerra Republicana en los medios en 2024 se convertirán este año en 14,1 millones, lo que representa un 7% más —y ello a pesar que el gobierno de Illa no logró sacar adelante las cuentas y se ha visto obligada a prorrogarlas, lo que reduce su margen de maniobra—. La mayor parte de esta aportación, 11 millones, se dedicará a las llamadas subvenciones estructurales, que tienen como objetivo fomentar la lengua catalana, por lo que los medios constitucionalistas en castellano se quedarán fuera.
En concreto, se inyectarán 5,6 millones en publicaciones en papel y 3,3 millones en diarios digitales. En lo referente a las emisoras de radio, éstas recibirán ayudas por valor de 1,2 millones, mientras que la televisión ingresará por este concepto un millón.
Precisamente, los enormes gastos que tienen lugar en la radiotelevisión pública catalana han sido objeto esta semana de una querella por parte de Sociedad Civil Catalana, la principal entidad constitucionalista en la comunidad. La denuncia de la entidad, presidida por Elda Mata, pide que se investiguen las irregularidades detectadas en un informe de la Sindicatura de Cuentas en la gestión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) —ente que integra a TV3, Catalunya Ràdio o la Fundación La Marató de TV3— entre los años 2021 y 2022.
Sueldos superiores a los de los 'consellers'
En concreto, en dicho informe, se alertaba de que los sueldos de cuatros directivos superaron en ese periodo la retribución de un 'conseller' de la Generalitat —más de 10.000 euros al mes—, lo que contraviene la normativa. También, que la CCMA destinó 4,7 millones de euros a gastos de personal y otorgó contratos por valor de 63.729 euros, prácticas que el estudio estima cuestionables. Por último, observó "deficiencias" en los procesos de selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras y Jordi Borda, respecto a los méritos valorados.
Por todo ello, la denuncia de SCC, que afecta al consejo de gobierno de la CCMA y a varios directivos, solicita que se abran diligencias por posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros vinculados a la gestión ilícita de recursos públicos. En este sentido, Sociedad Civil apunta que los hechos podrían no ser "casos aislados", sino parte de un "patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal". Siendo así, el colectivo demanda que se verifique si han tenido lugar prácticas similares antes o después de los años citados.
Según Mata, que recordó que el objetivo de CCMA nunca ha sido "promover la concordia" sino plegarse a las "ideologías sectarias" de los sucesivos gobiernos nacionalistas, se ha normalizado que sus "dotaciones económicas" se complementasen cada año para superar los presupuestos iniciales. Una "deriva" que, destacó, ha llevado a la televisión autonómica a considerarse presuntamente ajena al cumplimiento de sus "obligaciones contables" y de "gestión transparente y responsable". Y que han hecho posible, junto a la inacción "política y legal", la comisión de estas "graves irregularidades" —que, en palabras del abogado Mario de Diego, del bufete Chapapría-Navarro y Asociados, podrían constituir tan solo la "punta del iceberg"—.
ap48
01/05/2025 14:57
Os va a dar lo mismo mientras el dr. Puigdemon sea el presidente de España, y si no me remito a los 16000 millones que vamos a pagar entre todos, mientras esos señores vuelven a generar deuda.