En pleno debate sobre la condonación de deuda por parte del Estado a las autonomías, las agencias de calificación S&P y Moody's así como la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han alertado del verdadero riesgo que conlleva el plan de Hacienda: la indisciplina fiscal y el descontrol del gasto.
En el último lustro el gasto del conjunto de las istraciones públicas se ha disparado un 30% en términos per cápita, alcanzando los 14.000 euros por habitante en 2023. En 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, se situaba por debajo de los 11.000 euros anuales.
En base a los cálculos realizados con las cifras de gasto de la Intervención General de la istración del Estado (IGAE) y de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 superó ese umbral y desde entonces ha batido un nuevo récord cada año.
El gasto público per cápita alcanzó los 12.000 euros en 2020, rozó los 13.000 en 2021, superó los 13.000 en 2022, y llegó a los 14.000 ya en 2023. Al falta de conocer las cifras del 2024, todo apunta a que, de nuevo, registrará un incremento anual y alcanzará un nuevo máximo.
istraciones y partidas
El gasto total de las istraciones públicas ascendió en 2023 hasta los 680.952 millones de euros, un 7% más que el año anterior (637.117 millones) y un 35% más que en 2018 (503.193 millones). El mayor aumento respecto a 2018 se ha registrado a nivel local (del 40%) y regional (38%), seguidas de la Seguridad Social (35%) y la istración Central (30%).
Esto ha hecho que el Estado y los organismos de la istración Central pierdan peso sobre el total del gasto mientras las CCAA han ganado (un punto porcentual de diferencia en ambos casos respecto a 2018), según se desprende de los datos por subsectores y en términos consolidados (descontando las transferencias e intereses).
El 33% de los 680.952 millones de gasto correspondió a la istración Regional (las CCAA gastaron 223.238 millones) y otro 33% a la Seguridad Social (228.023 millones). El 44% restante, a la istración Central (22% del total, con 148.608 millones) y a la istración Local (12%, 81.083 millones).
Por partidas de gasto, destacan el dedicado a protección social (277.104 millones de euros que incluyen las pensiones y las prestaciones por desempleo), a salud (98.624 millones), a servicios públicos generales (84.784 millones), a asuntos económicos (74.958 millones) y a educación (63.040 millones).
Respecto a 2018, los mayores incrementos se han dado en la categoría de asuntos económicos (un 46%, al incluir las ayudas por la pandemia y la guerra en Ucrania), vivienda y servicios comunitarios (45%), protección del medio ambiente (39%), así como la partida de ocio, cultura y religión (38%). Les siguen salud (37%), protección social (36%) y defensa (36%).
La quita de deuda a las CCAA
La condonación de deuda diseñada por el Gobierno beneficiará a todas las comunidades autónomas de régimen común, pero no por igual. Cataluña y Madrid ocupan los dos extremos, con una diferencia de casi 1.000 euros por habitante. Dicho de otra manera: se perdonará casi el doble a un catalán que a un madrileño.
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha salen más beneficiadas que el resto. La deuda perdonada a estas CCAA por habitante ajustado asciende a los 2.284 euros porque no sólo tiene en cuenta la infrafinanciación como criterio adicional, sino que también premia el sobreendeudamiento y las subidas de IRPF.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha tumbado la fórmula diseñada por Hacienda al considerar, por un lado, que en vez de premiar la subida de impuestos debería haberse analizado el gasto computable; y, además, que "una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal".
El motivo no es otro, argumenta, que "los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales". El temor a que el gasto público se descontrole en las CCAA, que asumen ya que el Estado absorberá su deuda.
MataNarcisos
03/03/2025 10:36
Lógico se dispare, no vean ustedes a que precio están lo áticos de la Torre de Madrid, por no hablar de los chalets en la costa, es que tendremos que subir más los impuestos, total.... SI SIEMPRE PODEMOS ALEGAR LA MENTIRA CONTINUA DE.... EN ESPAÑA SE PAGAN MENOS IMPUESTOS, oiga!! y el personal IGNORANTE se lo cree.
gavilan1960
03/03/2025 12:00
El dinero debe salir de reducir GASTOS que no sean auténticamente necesarios. No de los impuestos. Los Gobiernos tienen que ser más austeros con el dinero de los ciudadanos. Todos debemos adoptar la postura de los países nórdicos, donde el primer tema de debate, antes de las elecciones, es "cómo y en qué se va a gastar el dinero de los ciudadanos". Se debe exponer claramente el modelo de gastos, en pensiones, en inversión, en funcionarios, en asistencia social, .... La forma de emplear el dinero de los ciudadanos debe ser el tema más importante para los electores, debe ser sagrado. Toda la organización política y gestión pública debe girar en torno a los recursos que los ciudadanos aportan al Estado. Eso es la política. En España, los políticos entienden que el dinero de los ciudadanos puesto a disposición del Estado es dinero público y lo pueden gastar como a ellos les apetezca. Pues no es así, al igual que la deuda, incorrectamente se denomina pública. La deuda es de los ciudadanos ¿quién la tiene que amortizar? Por eso, no se entiende que se tengan que emplear el dinero de los ciudadanos para mantener a un disparatado número de políticos, subvencionar a los sindicatos, partidos políticos y otro tipo de garitos o entidades inútiles para los intereses generales. Es necesario un nuevo sistema de "seguridad básica" que reduzca la generalización descontrolada de subsidios. Hay que retirar las prestaciones a quienes no estén dispuestos a trabajar. Los ciudadanos deberíamos ser más exigentes en este tema. Debemos exigir austeridad. Nos va la vida en ello. Estamos quemando el futuro de las nuevas generaciones.