Economía

El gasto público se dispara un 30% con Sánchez: cada español 'debe' 14.000 euros

En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el gasto público per cápita se situaba por debajo de los 11.000 euros anuales

  • Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (FF). -

En pleno debate sobre la condonación de deuda por parte del Estado a las autonomías, las agencias de calificación S&P y Moody's así como la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han alertado del verdadero riesgo que conlleva el plan de Hacienda: la indisciplina fiscal y el descontrol del gasto.

En el último lustro el gasto del conjunto de las istraciones públicas se ha disparado un 30% en términos per cápita, alcanzando los 14.000 euros por habitante en 2023. En 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, se situaba por debajo de los 11.000 euros anuales. 

En base a los cálculos realizados con las cifras de gasto de la Intervención General de la istración del Estado (IGAE) y de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 superó ese umbral y desde entonces ha batido un nuevo récord cada año.

El gasto público per cápita alcanzó los 12.000 euros en 2020, rozó los 13.000 en 2021, superó los 13.000 en 2022, y llegó a los 14.000 ya en 2023. Al falta de conocer las cifras del 2024, todo apunta a que, de nuevo, registrará un incremento anual y alcanzará un nuevo máximo.

istraciones y partidas

El gasto total de las istraciones públicas ascendió en 2023 hasta los 680.952 millones de euros, un 7% más que el año anterior (637.117 millones) y un 35% más que en 2018 (503.193 millones). El mayor aumento respecto a 2018 se ha registrado a nivel local (del 40%) y regional (38%), seguidas de la Seguridad Social (35%) y la istración Central (30%).

Esto ha hecho que el Estado y los organismos de la istración Central pierdan peso sobre el total del gasto mientras las CCAA han ganado (un punto porcentual de diferencia en ambos casos respecto a 2018), según se desprende de los datos por subsectores y en términos consolidados (descontando las transferencias e intereses).

El 33% de los 680.952 millones de gasto correspondió a la istración Regional (las CCAA gastaron 223.238 millones) y otro 33% a la Seguridad Social (228.023 millones). El 44% restante, a la istración Central (22% del total, con 148.608 millones) y a la istración Local (12%, 81.083 millones).

Por partidas de gasto, destacan el dedicado a protección social (277.104 millones de euros que incluyen las pensiones y las prestaciones por desempleo), a salud (98.624 millones), a servicios públicos generales (84.784 millones), a asuntos económicos (74.958 millones) y a educación (63.040 millones).

Respecto a 2018, los mayores incrementos se han dado en la categoría de asuntos económicos (un 46%, al incluir las ayudas por la pandemia y la guerra en Ucrania), vivienda y servicios comunitarios (45%), protección del medio ambiente (39%), así como la partida de ocio, cultura y religión (38%). Les siguen salud (37%), protección social (36%) y defensa (36%).

La quita de deuda a las CCAA

La condonación de deuda diseñada por el Gobierno beneficiará a todas las comunidades autónomas de régimen común, pero no por igual. Cataluña y Madrid ocupan los dos extremos, con una diferencia de casi 1.000 euros por habitante. Dicho de otra manera: se perdonará casi el doble a un catalán que a un madrileño

Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha salen más beneficiadas que el resto. La deuda perdonada a estas CCAA por habitante ajustado asciende a los 2.284 euros porque no sólo tiene en cuenta la infrafinanciación como criterio adicional, sino que también premia el sobreendeudamiento y las subidas de IRPF. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha tumbado la fórmula diseñada por Hacienda al considerar, por un lado, que en vez de premiar la subida de impuestos debería haberse analizado el gasto computable; y, además, que "una operación de condonación de deuda debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal". 

El motivo no es otro, argumenta, que "los problemas de azar moral que rodean a este tipo de operaciones y por la necesidad de reforzar las garantías de cumplimiento de las reglas fiscales". El temor a que el gasto público se descontrole en las CCAA, que asumen ya que el Estado absorberá su deuda.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli