La asociación Dignidad y Justicia manifiesta su indignación ante "la actitud" de la teniente fiscal del Tribunal Supremo en el caso Miguel Ángel Blanco, Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general Álvaro García Ortiz. Según recuerda la asociación, se ha posicionado a favor de cerrar la causa abierta contra los jefes de ETA en contraposición a lo manifestado por 13 de los 16 de la Junta de Fiscales del alto tribunal, que se han mostrado abiertamente favorables a continuar con el procedimiento.
"A través de un recurso flojísimo que solo muestra la disposición sumisa de la teniente fiscal a los intereses del Gobierno, que se encuentra secuestrado por Bildu, Sánchez Conde defiende los intereses de los responsables de la organización terrorista y no de las víctimas del terrorismo -apuntan desde Dignidad y Justicia, asociación presidida por Daniel Portero-. Al mismo tiempo, la teniente fiscal respalda la postura del fiscal Carlos García Berro, quien en la Audiencia Nacional había apoyado el archivo de la causa después de haberse mostrado abiertamente partidario de posturas de ultraizquierda en redes sociales".
Dignidad y Justicia considera que el escrito de la teniente fiscal "vuelve a demostrar que en España no vivimos en un Estado de Derecho, sino en un Estado de Vergüenza, en el que el Gobierno coloca a piezas de un organismo supuestamente independiente para controlar la justicia y que sus socios en el Ejecutivo le sigan sosteniendo": "Los jefes de ETA acusados en el caso Miguel Ángel Blanco son elementos clave para Bildu y así se lo han hecho saber sus representantes políticos a Pedro Sánchez, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en la Fiscalía General del Gobierno".
Unas declaraciones que llegan justo después de que la Fiscalía se haya opuesto a que el Tribunal Supremo reabra el caso de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP que fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1997. La ‘número dos’ de García Ortiz ha solicitado que se initan los recursos que ha presentado Dignidad y Justicia, la Fundación Villacisneros y el PP al considerar que los hechos han prescrito.
El criterio de esta fiscal, que es María Ángeles Sánchez Conde es contrario al de la junta de fiscales de la sección penal del Supremo, que en una reunión el pasado mes de febrero apoyó por mayoría los recursos de casación presentados por las acusaciones del 'caso Miguel Ángel Blanco' para reabrirlo, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional (AN) --que acordó archivarlo por prescripción.
En concreto, en esta reunión 13 fiscales se posicionaron a favor de adherirse a los recursos interpuestos que buscaban reabrir del caso al considerar que ni los hechos habían prescrito y que la decisión tomada por la Audiencia Nacional debía considerarse nula de pleno derecho al no tener competencia para tomarla.
