Un proyecto político para España

El mayor error que podemos cometer hoy es pensar que el sanchismo es consecuencia de la mala suerte o un fenómeno incomprensible. Creer una nefasta casualidad que el cuarteto del Peugeot -Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán- treparan hasta lo más alto a lomos de un PSOE inocente. No, ni ha sido fruto del azar, ni de los monumentales errores de Rajoy que culminaron en la humillante moción de censura de 2018 donde Sánchez, a través de Ábalos, prometió cumplir todo lo que pensaba pisotear. El sanchismo es el estadio terminal de la degeneración imparable iniciada con y por Zapatero. Pensar que el problema es de “gestión” es como esperar que un coche destrozado funcione con una capa de pintura.

Los inmovilistas afirman que la Constitución de 1978 es inmejorable, solo que se elaboró pensando en líderes políticos honrados, comprometidos con la democracia. Sin embargo, una Constitución realista debe prever su defensa de quienes ocupen el gobierno para destruirla (no preverlo fue el error constituyente de las Repúblicas de Weimar y de la Segunda española). Como no se hizo así, llevamos siete años soportando una coalición delictiva de socialistas y comunistas con separatistas y antiguos terroristas. Al menos deberíamos aprender del trance las enseñanzas necesarias para hacer más difícil que se repita.

Reformar la Constitución de 1978

Es verdad, la Constitución perfecta no existe; incluso las mejor pensadas y más duraderas deben adaptarse a nuevas necesidades cada cierto tiempo. Lo que no es aceptable es rechazar, por miedo al cambio, la reforma de una Constitución con evidentes debilidades. Y los hechos llevan muchos años dando la razón a quienes insistimos en esta desagradable verdad.

En primer lugar, el débil control del Ejecutivo y sus abusos de poder. Ha permitido a Sánchez y los suyos colonizar no solo las instituciones públicas, sino también empresas privadas como Telefónica, Indra o Red Eléctrica. La sentencia del Constitucional que declaró ilegal el segundo estado de alarma impuesto con la pandemia demostró que un gobierno que se salte la Constitución en nada menos que las libertades básicas queda impune. Esta impunidad garantizada ha permitido el golpe de Estado blando y constante.

Segundo, la muy deficitaria separación de poderes que permiten al Gobierno saltarse el control parlamentario: ¡ni siquiera hay verdadera obligación de presentar los Presupuestos Generales anuales! Y hace posible, como anunció Sánchez con desvergüenza, gobernar sin el Parlamento o contra él. Aún peor, entrega el control del Poder Judicial a los partidos a través del reparto del CGPJ, más la elevación inconstitucional del Tribunal Constitucional -vicioso nudo gordiano del sistema- a órgano supremo que reescribe sentencias judiciales y modifica leyes sin potestad para hacerlo, incluida la propia Constitución. Lo mismo sucede con la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España y demás órganos supervisores: todos han sido reducidos a cámaras de eco de un gobierno autocrático y corrupto.

No puedo extenderme sobre otras deficiencias constitucionales, pero reparemos al menos en el privilegiado Concierto Económico y Cupo vasco-navarro que ahora quieren extender, aumentado, a Cataluña, destruyendo la unidad y sostenibilidad fiscal del Estado, y cualquier ilusión de igualdad. Estas reformas eran el programa político de Unión Progreso y Democracia desde 2007 hasta su extinción inducida; pueden consultarlas aquí (ningún otro partido ha presentado un proyecto parecido, ni siquiera Ciudadanos o Vox).

Aunque se pretendía lo contrario, es muy desestabilizador porque garantiza a los separatistas votos suficientes para imponernos gobiernos que, como el de Sánchez, son necesarios para destruir la nación constitucional

La Ley Electoral padece defectos de origen similares: el empeño por favorecer la estabilidad privilegiando a dos grandes partidos nacionales, y a los “nacionalistas históricos” en sus feudos. No fue acertado mantener la provincia del siglo XIX como distrito electoral para favorecer a ciertos territorios y siglas. Votar en las provincias menos pobladas vale tres o cuatro veces más que el voto en las más populosas. Y si comparamos los feudos nacionalistas (blindados por la práctica desaparición del Estado) con las metrópolis, la Comunidad Autónoma Vasca, con 2’2 millones de habitantes, elige 18 diputados, Cataluña con 8 millones a 48, y Madrid, con 7 millones, a 37. Aunque se pretendía lo contrario, es muy desestabilizador porque garantiza a los separatistas votos suficientes para imponernos gobiernos que, como el de Sánchez, son necesarios para destruir la nación constitucional.

¿Qué se puede hacer, además de circunscripciones electorales sin sobrerrepresentación? Quizás un umbral mínimo del 5% de los votos nacionales para entrar en las Cortes, la norma del Parlamento Europeo, y simplemente prohibir partidos cuyos fines sean destruir la nación constitucional. Eso impediría, por ejemplo, que Bildu, PNV, ERC o Junts decidan el futuro de España, el país que quieren dinamitar.

Con el Tribunal Constitucional, en concreto, no se puede hacer otra cosa que clausurarlo, y confiar sus tareas de supervisión de la constitucionalidad de las normas a una sala especial del Supremo

La alternativa al sanchismo no es la clásica alternancia de un gobierno del PP, solo o con Vox, o como se insinúa en ejercicio de amnesia culpable, con las mafias separatistas, porque entonces sería imposible desmantelar la nefasta obra legislativa del periodo. No son leyes que deban “retocarse”, sino derogarse. El mismo principio rige la restauración, o directamente la refundación de instituciones completas que han demostrado una débil o nula voluntad de resistencia a los asaltos gubernamentales -por ejemplo, Hacienda-, cuando no son instrumentos claves en el desmantelamiento de Estado de derecho y democracia, como la Fiscalía General del Estado.

Con el Tribunal Constitucional, en concreto, no se puede hacer otra cosa que clausurarlo, y confiar sus tareas de supervisión de la constitucionalidad de las normas a una sala especial del Supremo. Lo mismo vale para RTVE y las instituciones cuya supuesta finalidad cultural, educativa y comunicacional ha derivado a desinformación, propaganda y sectarismo útil para profundizar la bipolarización ideológica de la sociedad española, el ecosistema tóxico donde los extremismos prosperan como pez en el agua.

Dicotomía izquierda-derecha

En definitiva, debemos desechar cualquier ilusión de volver a la casilla de salida del juego que nos ha traído a Sánchez y la mayor corrupción multidimensional de la democracia: política, económica, institucional y ética. No solo porque la dura lección del sanchismo ha demostrado imprescindible una reforma profunda de las reglas de la democracia española, sino porque todos los indicadores electorales europeos -las recientes elecciones en Alemania, Portugal o Rumanía- coinciden en que la antigua dicotomía izquierda-derecha está a punto de pasar a los libros de historia. El enfrentamiento actual es entre la amenazada democracia liberal y los populismos autoritarios internos que apoyan dictaduras imperialistas.

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