Política

Page esperará a ver el recorrido de la ley de inmigración a Cataluña antes de recurrirla al TC

Los socialistas castellanomanchegos creen que no tiene cabida en actual ordenamiento. Sectores del PSOE la critican: "Va en contra de lo que defendemos"

  • Emiliano García-Page (I) y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. -

Emiliano García-Page, ¿quién si no en el PSOE pondría un "pero" en mayúsculas al pacto suscrito entre Ferraz y Junts para dar competencias en materia de inmigración a la Generalitat catalana? Según ha sabido este diario por fuentes del socialismo castellanomanchego, el gobierno de esta comunidad esperará a ver el recorrido de la ley antes de recurrirla al Tribunal Constitucional, como ya hizo con la ley de amnistía.

La federación más belicosa del PSOE cree que la norma de cesión de competencias migratorias no tiene cabida en el actual ordenamiento. La primera en disparar este miércoles fue la portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, quien subrayó que la Constitución Española, en su artículo 149, establece que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado. Padilla mostró su preocupación por la posibilidad de que se naturalicen acuerdos que deleguen competencias tan sensibles, porque suponen una afrenta a la ley de leyes.

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha encendido con el pacto. En verdad, varios sectores del socialismo andan revueltos y lo critican porque "va en contra" de lo que han defendido siempre. Algunos, en conversación con este diario, lamentan el viraje del presidente del Gobierno por una cuestión de interés: de empezar su mandato abriendo los brazos al Open Arms a ceder las competencias de inmigración por exigencia de un partido de derecha que compite con el radicalismo de la extrema derecha y que quiere decidir quién y por qué entra en Cataluña, además de quién y por qué debe salir.

La propia Padilla enfatizó la necesidad de mantener una política migratoria integradora y ha advertido sobre los riesgos de entregar a formaciones como Junts la capacidad de decidir sobre la expulsión de inmigrantes. Se espera que el propio Page se pronuncie este jueves sobre la última cesión de su partido al independentismo.

La portavoz dijo que Junts es un "aliado extremista de derechas" de Sánchez y afirmó que sus políticas migratorias se asemejan a las de la extrema derecha y al presidente estadounidense Donald Trump. El Gobierno de Castilla-La Mancha destacó que estas posturas relacionan la inmigración con la delincuencia y criminalizan a quienes llegan al país, lo cual difiere de las políticas migratorias defendidas tradicionalmente por la izquierda.

El sentir de buena parte del PSOE de Castilla-La Mancha es que Pedro Sánchez está desviando al partido de su línea progresista por satisfacer las demandas del independentismo catalán. Cabe recordar que el consejero de Hacienda y istraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya cargó contra el pacto fiscal para Cataluña, conocido como "cupo catalán", del que espera que sea declarado inconstitucional al considerar que atenta contra el principio de igualdad establecido en la Constitución.

Hace tiempo que entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page se puede cortar la tensión con un cuchillo. Tras años de escalada por los coqueteos del líder socialista con el independentismo, la guerra es ya una realidad. En el PSOE existe un sector que reprueba algunas líneas políticas de Moncloa y que tiene en el dirigente castellanomanchego, que fue reelegido por aclamación como secretario general autonómico, a su principal baluarte. Pese a que Sánchez no quiso guerrear con él en el último congreso regional, el líder socialista, que no da puntada sin hilo, ha siempre dejado claro quién es su apuesta para enterrar el "pagismo" cuando sea derrotado: la ministra de Vivienda y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, a quien reconoció públicamente en el plenario del congreso.

Y eso que el presidente, que no hizo entonces mención alguna a Junts, sabe que la militancia socialista, en lugares como Castilla-La Mancha, no ve con buenos ojos las cesiones al independentismo ni los coqueteos con el expresidente catalán, prófugo de la Justicia. Los socialistas de buena parte de España temen que, por culpa de las cesiones al independentismo, mengüe aún más el débil poder territorial que conservan.

En verdad, cada vez más del PSOE se miran y no se reconocen. Un monumental enfado atraviesa el partido por seguir dependiendo, para continuar en el poder ejecutivo, de Carles Puigdemont. Pero la realidad se impone: los socialistas necesitan al independentismo catalán para sostenerse en el Palacio de la Moncloa. En concreto, los 14 votos que suman ERC y Junts en el Congreso. Y el independentismo catalán necesita munición en forma de concesiones políticas que vender a la parroquia que todavía suspira por ver ondear la bandera estelada en lo más alto del Palacio de la Generalitat.

En esa confluencia de intereses, los socialistas ya han pervertido hasta una decena de normas constitucionales —bien sea mediante leyes ya aprobadas, proyectos de ley en tramitación o aspiraciones de proyectos de ley incluidos en acuerdos políticos con los secesionistas— para, poco a poco, vestir a Cataluña de Estado independiente sin que llegue a serlo oficialmente. La máxima es que lo parezca aunque no lo sea y aunque ese traje retuerza hasta límites insospechados la norma fundamental que todos los españoles se dieron en 1978 para vivir juntos políticamente. Pero eso es del todo intolerable para el socialismo castellanomanchego.

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