El subdirector general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jorge Suárez, ha explicado en un informe remitido al juzgado al que ha tenido Vozpópuli que "no se dispone de información sobre la activación del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y la consecuente activación del Comité Estatal de Coordinación" durante la jornada del pasado 29 de octubre cuando un episodio de lluvias extremas provocó 228 muertes en la provincia.
Suárez –técnico de Emergencias que fue nombrado bajo el Gobierno de Ximo Puig y que ha seguido en su puesto con el Ejecutivo de Carlos Mazón– responde así a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja a su petición de documentación sobre los planes de emergencia y explica que el Gobierno tiene competencias en materia de protección civil que no habría utilizado durante aquella jornada.
El citado documento explica que el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones establece en su apartado 3 la información sobre el seguimiento hidrometeorológico. Su objetivo es "con el fin de minimizar los daños producidos por inundaciones, es necesario establecer sistemas de alerta hidrometeorológica que permitan la toma anticipada de las decisiones necesarias a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil".
Información en tiempo "cuasi-real"
"Para ello se contará con los sistemas de información hidrológica de las istraciones hidráulicas y los sistemas de predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que permitirán minimizar los posibles daños", continúa el informe firmado por Suárez que remarca que "el sistema de Información y Seguimiento Hidrometeorológico tendrá por finalidad establecer los procedimientos para dar a conocer los datos más relevantes acerca de los fenómenos hidrológicos y/o meteorológicos que hayan podido o puedan tener alguna incidencia sobre la población y/o sus bienes en el territorio español".
Jorge Suárez refleja también que esa información, como recoge el citado plan, tendrá en cuenta las previsiones "con la menor incertidumbre posible" y se proporcionará una información"lo más completa y fidedigna posible, obtenida en tiempo cuasi-real, y de rápida difusión, con objeto de servir de base a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para la pronta activación de los planes de emergencia necesarios".
Este informe refuerza la posición de la Generalitat que siempre ha defendido que no les llegó esa información completa y en tiempo real de la evolución de la dana y recuerda, respecto a la alerta meteorológica, que el Plan Estatal establece que "Las precipitaciones intensas y/o tormentas producen los daños más cuantiosos en nuestro país, esto obliga a establecer unos sistemas de alerta meteorológica que permitan a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y a la población en general, la toma anticipada de las decisiones necesarias para minimizar los posibles daños producidos por inundaciones".
Señala que "la Agencia Estatal de Meteorología, es el órgano de la istración General del Estado encargado del desarrollo, implantación y prestación de los servicios meteorológicos".
Desbordamiento de cauces
Respecto a la alerta hidrológica el citado plan recoge que "las Confederaciones Hidrográficas en las cuencas intercomunitarias, deberán facilitar la información relativa al estado de las redes fluviales y las previsiones sobre éstas, en particular las situaciones previsibles de desbordamiento de cauces".
"Estos sistemas para cada una de las diferentes cuencas hidrográficas, por su propia concepción, constituyen un elemento esencial para la ayuda a la toma de decisiones en la explotación de las infraestructuras hidráulicas en situación de avenida, suministrando adicionalmente información de gran interés para los servicios de protección civil frente a las inundaciones", prosigue Jorrge Suárez en el informe remitido al juzgado.
Falta de protocolo de la CHJ
Uno de los puntos más llamaticos es que el subdirector de Emergencias destaca que "en la actualidad no se dispone del Protocolo de Alerta Hidrológica, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar".
Asimismo, el plan estatal contempla "la figura del Comité Estatal de Coordinación" (CECO), al que se asignan entre otras la función de "efectuar el seguimiento de las situaciones de emergencia por inundación que puedan presentarse, a través de la información facilitada por los sistemas de alerta meteorológica e hidrológica, el asesoramiento técnico de la Agencia Estatal de Meteorología y el correspondiente Comité Permanente del Organismo de cuenca que corresponda, constituido según lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de la istración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica".
Jorge Suárez explica que al no activarse el Plan Estatal de Protección Civil, sobre lo que asegura no disponer de información, tampoco se activó el Comité Estatal de Coordinación.
Confinamiento y evacuación
El informe del subdirector de Emergencias certifica que los ayuntamientos tienen competencias, funciones y responsabilidades muy importantes y fundamentales, en las fases de preemergencia, emergencia 1 y en la fase 2 de emergencia (en la que finalmente quedó fijada el día 29 de octubre), para activar medidas de precaución como el confinamiento de sus poblaciones, y hasta la evacuación de las mismas si fuese necesario.
Y es que el informe asegura que los tres niveles de istración tienen distintas competencias en materia de protección civil. “La sentencia del Tribunal Constitucional del año 1991 ya estableció que el sistema de protección civil en el Estado español es de competencias concurrentes, donde son competentes las tres istraciones (la estatal, la autonómica y la local)”, refleja el documento firmado por Suárez.
En cuanto a la dirección de la emergencia especifica que con el objeto de conseguir una mayor coordinación en la gestión de la emergencia, se forma un Comité de Dirección integrado por un representante de la Generalitat Valenciana (la exconsellera de emergencias, Salomé Pradas) y un representante de la istración General del Estado (la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé). Y se constituye un Comité Asesor con la finalidad de apoyar y aconsejar al Comité de Dirección.
Sólo dos ayuntamientos cumplieron
El documento confirma que sólo los ayuntamientos de Valencia y Algemesí convocaron sus Cecopal, pese a que es obligación de cada municipio la activación de estos centros de coordinación de la emergencia a nivel local y que de los 85 municipios afectados por las riadas, 63 tienen riesgo alto y medio de inundaciones.
Todos ellos tienen la obligación de elaborar un Plan de Actuación específico frente a este riesgo y así lo ham hecho aunque 8 todavía no lo han aprobado (Bétera, Calles, Guadassuar, Llíria, Paiporta, Requena, Sedaví y Torrent). Y finalmente indica que de los 85 municipios afectados, salvo Cheste, la totalidad de los municipios tienen elaborado el Plan Territorial Municipal (seis de ellos pendientes de aprobación: Aldaia, Chiva, Mislata, Paiporta, Requena y Xirivella).
Este informe ha sido remitido después de que la magistrada pidiera a Emergencias la relación de puestos de trabajo de los empleados que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias; la documentación relativa al plan especial de inundaciones y la información que se remitió el día de la dana a los ayuntamientos afectados por el desbordamiento del barranco del Poyo.
