El 'caso Olmo' puede suponer un punto de inflexión en la historia del control económico de LaLiga, que se juega su integridad. No por nada, clubes de la patronal venían alentando la iniciativa de preparar una fuerte respuesta legal ante la esperada decisión definitiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) favorable al Fútbol Club Barcelona, como informó Vozpópuli.
Todo ello, mientras la institución dependiente del Gobierno ultimaba la resolución del procedimiento que ha enfrentado a la patronal de los clubes españoles con la institución que preside Joan Laporta por la inscripción del mediocampista de la Selección Española Dani Olmo y del también internacional y defensor Pau Víctor, un fallo que ha llegado este jueves y, como no pocos descontaban, con saldo favorable a los blaugrana. Poco después, LaLiga ha confirmado que llevará la resolución a la Justicia "de forma inmediata" por considerarla "no conforme a derecho".
En la percepción de la patronal de los clubes, el Barça no acreditó a ojos de la normativa que regula la competición su capacidad económica para inscribir a los jugadores el pasado mes de enero -en su momento, por falta de documentación o entrega fuera de plazo sobre la operación financiera necesaria, según la patronal de los clubes-, ni podría hacerlo ahora -por cuestiones de fondo sobre la documentación y la operación corporativa conocidas desde el inicio del procedimiento-.
En cualquier caso, ya a la hora de conceder cautelares al Barça, el organismo dependiente del Gobierno sugirió que albergaba dudas sobre la propia potestad de la Comisión de Seguimiento de La Liga y la RFEF para proceder a la retirada de licencia de jugadores, acusando veladamente a LaLiga de haber cometido errores formales en el procedimiento.
En cuanto al fondo, el CSD había anticipado que el derecho al trabajo del jugador tendría un peso significativo en la resolución del caso en el marco de la Ley del Deporte en vigor desde 2023. Una línea de actuación inédita desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se ha confirmado en el fallo de este jueves y que amenaza con lastrar el poder coercitivo del control económico de LaLiga así como la propia integridad de la competición, lo que ha encendido todas las alarmas dentro de la patronal.
Creciente tensión
El conflicto se había profundizado en las últimas horas tras desvelarse que la actual auditora del Barça, Crowe Auditores, no ha reconocido finalmente como ingreso la operación de venta del negocio futuro de los palcos VIP del Espai Barça por 100 millones de euros que la Ejecutiva de Laporta alegó para 'pasar' el control económico de LaLiga y poder inscribir a Olmo y Víctor.
Así consta en los estados financieros intermedios remitidos por el Barcelona a LaLiga antes del pasado 31 de marzo, y así se lo ha trasladado la patronal al CSD, según han informado desde el organismo que preside Javier Tebas, incidiendo en que el club blaugrana ha referido tener hasta tres auditores distintos en tres meses: uno hasta el 31 de diciembre, justo antes de la operación clave; otro a partir del 31 de diciembre, que dio por buena la transacción de los Palcos VIP, y un tercero, el actual, que es el que ha respaldado los citados Estados Financieros Intermedios, la referencia contable más actualizada de la situación del club.
"De acuerdo con los referidos Estados Financieros Intermedios, y en aplicación de la NEP, el FC Barcelona, con la suscripción de dicha operación corporativa, no tuvo el 31 de diciembre de 2024, ni el 3 de enero de 2025, ni ha tenido desde esa fecha, ni tiene a día de hoy saldo ni capacidad de inscripción, lo que se conoce públicamente como ‘Fair Play’, para la inscripción de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor", ha informado LaLiga.
Desde la patronal sugieren que, pese a sus peticiones al CSD para que haga un informe de control específico de la operación blaugrana, la institución gubernamental ha hecho caso omiso. Por lo pronto, LaLiga ya ha anunciado que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al auditor que "certificó" la contabilización de la palanca de los Palcos VIP.
Posible vía penal desde LaLiga...
En cualquier caso, la realidad es que el órgano que preside José Manuel Rodríguez Uribes ya había agotado la práctica totalidad del tiempo cautelar antes de pronunciarse, una circunstancia de la cual el club blaugrana pudo ya beneficiarse contando con la participación de los jugadores en este tiempo.
En esa línea, según fuentes consultadas por Vozpópuli, la representación de diferentes clubes comenzó incluso desde antes de conocerse el fallo definitivo a prepararse para el escenario de un recurso contencioso-istrativo contra el CSD, sin que a ojos de clubes de LaLiga pueda descartarse incluso recurrir a la "vía penal".
Antes de conocerse el fallo, las diferentes fuentes consultadas evitaban dar por hecho el sentido de la decisión definitiva del órgano gubernamental, aunque existía consenso sobre la predisposición del CSD a buscar la solución menos lesiva para los intereses de los jugadores, lo que, en efecto, ha redundado en un fallo favorable para el Barça atendiendo al derecho al trabajo del futbolista. La imposibilidad de que los jugadores puedan volver a ser inscritos en otro club de LaLiga ya fue reconocida como argumento de peso por el CSD y más lo ha hecho ahora que el mercado de fichajes se encuentra cerrado en Europa.
