El Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y el Ministerio de Función Pública protagonizan una inesperada paralización que deja a casi 3 millones de empleados públicos —más de 1,5 millones de funcionarios de carrera— sin una vía para acceder a la jubilación parcial, un derecho suspendido desde 2012.
España cuenta con cerca de 2,97 millones de empleados públicos, de los cuales 1,54 millones son funcionarios de carrera y otros 0,6 millones son personal laboral, sin incluir estatutarios sanitarios, militares o personal eventual. En 2024 el empleo público creció solo un 1 %, el ritmo más lento en ocho años. Esta realidad ahonda el impacto del reciente acuerdo de diciembre, que pretendía recuperar la jubilación parcial, eliminada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, y así renovar el parque de personal en la istración.
El pasado diciembre, el ministro Óscar López firmó un pacto con UGT y CCOO para restituir la jubilación parcial en el Estatuto de Función Pública, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas. Permitía adelantar el retiro hasta tres años antes de la edad ordinaria, con una reducción de jornada entre el 20 % y el 75 %, y sin necesidad de contrato de relevo.
Pero desde febrero, la tramitación se ha atascado en la Comisión de Hacienda y Función Pública, donde permanece sin avance durante seis meses, sin informe de ponencia ni calendario para su debate en el Pleno del Congreso.
Bloqueado el plan para trabajadores públicos y sanitarios
Este estancamiento afecta tanto a los funcionarios del Estado como a los estatales, autonómicos y locales, e incluye al personal sanitario, uno de los colectivos más afectados por los recortes de 2012. CSIF ya advirtió en abril que esta modalidad no estaría disponible, como mínimo, hasta el tercer trimestre, al quedar fuera de la "tasa adicional" para sustitutos.
Asimismo, el sindicato CSIF denunció en abril que la normativa para el personal laboral del Estado se retrasará hasta finales de año, ya que depende de una tasa adicional en la Oferta de Empleo Público (OEP) para poder contratar relevistas indefinidos.
Los sindicatos subrayan que, sin un compromiso claro en los Presupuestos Generales del Estado, la reforma corre el riesgo de quedar aparcada sin plazo fijo, pese a ser independiente del estado de las cuentas públicas.
Lo que está en juego:
- Reincorporación gradual: permite alternar trabajo a tiempo parcial y pensión, favoreciendo la transferencia de conocimiento y una jubilación menos abrupta.
- Alivio en las arcas públicas: los relevos planificados evitan la duplicidad de gasto en personal, al reemplazar progresivamente a trabajadores veteranos.
- Presión sindical: UGT y CCOO afirman que la reforma "podría aprobarse este mismo año", pero solo si PSOE y Sumar aceleran los trámites.
En 2024, el sector público abonó un incremento salarial del 2 % y un extra de 300 € retroactivo, unas mejoras que beneficiaron a cerca de 3 millones de funcionarios, por un coste de casi 4.750 millones de euros.
¿Por qué retrasa el Gobierno la reforma?
La tramitación parlamentaria ha topado con varios escollos. Tres fundamentalmente:
- Informe de ponencia retrasado: acumulando meses sin avance en comisión.
- Tasa adicional pendiente: sin ella, no se pueden contratar relevistas ni asegurar la compatibilidad del sistema.
- Falta de voluntad política: fuentes del sector hablan de "poca prisa" por parte del Ejecutivo, según varios medios.
Con el empleo público en cifras récord y demandas crecientes en sanidad, educación y justicia, la jubilación parcial se presenta como una herramienta clave para rejuvenecer plantillas, evitar interinidades y preparar transiciones ordenadas entre generaciones.
Pero con la ley paralizada, el riesgo es que España siga acumulando un modelo de relevo improvisado, con un crecimiento de servicios públicos que ya ralentiza: el personal público aumentó solo un 1 % en 2024, el peor registro en ocho años.
El próximo otoño será decisivo: los empleados públicos y sanitarios aguardan una señal clara del entramado institucional. Sin la reforma aprobada este año, la jubilación parcial podría quedar aplazada sin fecha de retorno, prolongando la incertidumbre para quienes cotizaron más de tres décadas y ahora buscan una transición digna.
En resumen:
- El acuerdo de diciembre recuperaba la jubilación parcial tras 13 años.
- La tramitación legislativa lleva 6 meses paralizada sin calendario.
- CSIF, UGT y CCOO presionan. El Gobierno, de momento, no acelera.
- Más de 2,9 millones de empleados públicos están en juego.
- La integración de relevistas y tasa adicional se pospone hasta otoño o incluso finales de año.
La pregunta clave: ¿dará luz el Congreso a lo pactado antes de que termine 2025, o quedará guardado en un cajón político?
