Hasta cierto punto, las legislaturas de Illa y Collboni han discurrido por carriles paralelos. Tanto el presidente de la Generalitat como el alcalde de Barcelona han asumido —en parte, por convicción y, en parte, por necesidad— una agenda que podrían firmar sin problemas Esquerra Republicana o los comunes. Y, en ocasiones, hasta la CUP. Pero mientras que en el caso de Illa su debilidad parlamentaria no le ha impedido formar una alianza más o menos estable con estos dos partidos, en el de Collboni ni tan siquiera eso, quedándose aislado a mitad de legislatura y forzado a adoptar la geometría variable en materia de pactos en lo que queda de ella.
Y es que, aunque logró ser investido en 2019 gracias a los votos de fuerzas tan distintas como el PP y los comunes —lo que parecía aventurar una voluntad pactista—, dos años más tarde su política de alianzas no ha terminado de cuajar. En un principio, manifestó la consabida intención de pactar con las fuerzas con las que decía sentir más afinidad. Esto es, Esquerra y los Comunes. Sin embargo, la primera, pese a su sintonía con el PSC, ha optado por marcar distancias con Collboni hasta las municipales de 2027 para no aparecer como "españolizada" ante su militancia, siempre recelosa ante los pactos con los socialistas. El mismo motivo, de hecho, por el que fueron dilatando la entrada en el Ejecutivo del PSC pactada por Alamany hasta que, ante la cercanía de los citados comicios, decidieron abortarla.
Por otra parte, la relación con los comunes ha resultado más turbulenta de lo esperado. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Collboni gobernó con Ada Colau un mandato entero —concretamente, entre 2019 y 2023—. Sin embargo, divergencias puntuales han llevado ahora los comunes a denunciar la "derechización" del PSC, del que repiten con insistencia que "no es un partido progresista". "Tenemos el peor PSC clientelista y tecnócrata, sin visión política y con el único objetivo de mantener la alcaldía", ha criticado su presidenta, Janet Sanz. Sea como sea, ninguna de las dos formaciones ha respaldado las cuentas de este año, que el anterior Collboni logró sacar adelante activando una cuestión de confianza y éste ha prorrogado.
Los propietarios, en pie de guerra
Pese a todo, Collboni, en su balance del pasado miércoles, presumió de haber cumplido con el 85% de su plan de Gobierno, destacando sus avances en seguridad y vivienda, las dos principales inquietudes de los ciudadanos. No obstante, estos no parecen estar de acuerdo, según los sondeos. Y aunque es cierto que las cifras en materia de inseguridad han mejorado ligeramente, descendiendo el año pasado en un 5,5%, también lo es que, como contamos en 'Vozpópuli', que algunos ciudadanos han tirado la toalla y dejado de denunciar los hurtos y robos de los que son víctimas. Por otra parte, su apuesta por las restricciones en el alquiler, cuyo tope se extenderá ahora al alquiler de temporada, han mermado la oferta en ciudad, agravando el problema según el sector inmobiliario.
Este sector ha criticado en los últimos días sus políticas, a las que acusa de crear "inseguridad jurídica". No es casualidad que la asociación de propietarios Som Habitatge, que velará por los derechos de este colectivo, haya nacido en Barcelona, donde se presentó en sociedad el pasado miércoles. Allí, el colectivo denunció que el mercado de alquiler se encuentra al "borde del colapso" y que los propietarios se sienten "desamparados por la istración". En la misma línea, Albert Ollé, el propietario de la Casa Orsola —adquirida a un alto precio por el Ayuntamiento en una operación tachada de populista— hizo pública una carta el pasado jueves denunciando que se iban a sufragar con dinero público "alquileres de privilegio" para "vecinos que no son "vulnerables". Y definió lo sucedido como todo un "manual de manipulación". Finalmente, apeló a Collboni a suprimir el 30% de reserva a vivienda protegida y recobrar el sentido común para "rescatar a Barcelona de la demagogia".
