La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha instado al Gobierno de España, junto a otras comunidades autónomas, a incrementar los fondos destinados a la financiación de los servicios de Dependencia a través del nivel mínimo de protección. Esta responsabilidad recae exclusivamente en el Estado, según lo estipulado por la Ley de Dependencia. Durante la reunión de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia, los representantes del Ministerio de Derechos Sociales indicaron que, tras las dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, no se prevé un aumento en la contribución del Gobierno central para el pago de estos servicios.
Ana Vanessa García, secretaria general de Inclusión Social, subrayó que la prórroga de los PGE ha provocado una pérdida de 400 millones de euros para el sistema de dependencia en Andalucía, destacando la necesidad de que el Ejecutivo cumpla con su parte en el mantenimiento del sistema.
Reclamaciones ante el desequilibrio financiero
La cantidad que el Gobierno aporta a las comunidades autónomas se calcula según el número de s y su grado de dependencia, sin importar los servicios prestados por los gobiernos autonómicos. Esto ha incrementado el desequilibrio financiero en las arcas autonómicas, ya que los costes de los servicios aumentan cada año. En Andalucía, por ejemplo, el coste medio de una plaza en residencia para una persona mayor con grado II de dependencia es de 1.749 euros.
De esta cantidad, el Estado solo contribuye con 130 euros (un 7%), mientras que la Junta de Andalucía cubre 1.619 euros (el 93%). En el caso de plazas para personas con discapacidad con grado II, el coste medio es de 2.997 euros, con una aportación estatal del 4%, es decir, 130 euros, y la Junta de Andalucía asumiendo el 96%. En el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con grado III, el coste es de 1.004 euros.
La contribución estatal es de 290 euros, lo que representa el 29%, mientras que la Junta de Andalucía aporta 714 euros, es decir, el 71%. Además, para personas que reciben más de una prestación simultáneamente, como ocurre con casi 150.000 s en Andalucía, el Gobierno de España solo cubre el coste de una de ellas, dejando a la comunidad autónoma a cargo del 100% del coste del segundo servicio.
¿Es necesaria una reforma legislativa?
Ana Vanessa García ha enfatizado que el sistema de dependencia requiere estabilidad y certidumbre en su financiación, sin estar sujeto a cambios políticos. Ha defendido la necesidad de que los recursos sean constantes por parte del Gobierno central, ya que la Junta de Andalucía sostiene "en solitario" este sistema, que ya beneficia a más de 297.400 personas. Recordó que las cuantías mínimas se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero al estar prorrogados desde 2023, el Gobierno estatal no ha considerado hacer modificaciones legislativas para aumentarlas.
Esta cuestión fue planteada en la Comisión Delegada del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada el lunes. Los representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han reconocido que no hay intención de modificar esta norma para financiar las prestaciones del sistema. Ante esta situación, la Consejería reclama al Gobierno de España que realice las modificaciones normativas necesarias para aumentar las cuantías que aporta a través del nivel mínimo de protección.
