El Gobierno prepara medidas duras a la opa del BBVA. Tras la autorización de Competencia un año después, el Ministerio de Economía decidió este martes elevar la operación al Consejo de Ministro para decidir si impone exigencias por razones de interés general. Y sobre la mesa habrá dos que servirán a Moncloa para justificar su intromisión: reducir al mínimo los miles de despidos y el centenar de cierres de oficinas que planeaba el grupo de La Vela para extraer sinergias de la compra del Sabadell, según trasladan a Vozpópuli distintas fuentes financieras.
En la orden ministerial de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, comunicada a las cúpulas del BBVA y del Sabadell ya se esgrimía la protección de los trabajadores para meterse de lleno en la operación. En Economía se opta por el momento por la cautela, aunque se da por hecho que llegado a este punto el Gobierno se decantará por un “endurecimiento sustancial” de las condiciones para obstaculizar la opa, según fuentes próximas a la operación.
El retraso primero en el examen de Competencia, que se extendió un año hasta la conocida fase 2 y que los técnicos consideraban que se tendría que haber aprobado hace medio año, y la intromisión ahora del Gobierno está levantando ampollas en Bruselas, que investiga desde julio la posible vulneración de la libertad de empresa y la seguridad jurídica, como publicó este medio.
- BBVA planeaba desde el inicio de la opa un ajuste de plantila de hasta 5.000 empleos
- Hay presión interna dentro del Gobierno y en Cataluña tras devolver el Sabadell su sede a las fronteras catalanas
- Bruselas investiga la injerencia por cuestionar la libertad de empresa y la seguridad jurídica
Desde el inicio de la opa hostil, lanzada en mayo de 2024, el BBVA hace números internamente, aunque se ha cuidado de no desvelarlos al mercado precisamente para no despertar los recelos de Moncloa. El plan inicial pasaba por aplicar un recorte de plantilla de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo, según fuentes próximas al grupo de La Vela, aunque las reticencias políticas llevaron al equipo directivo a plantearse un ajuste inferior a los 3.000 trabajadores.
Mayoría de despidos, sin casi prejubilaciones
La mayoría de las bajas se articularían vía despidos, sin casi prejubilaciones, para tratar de extraer al máximo las sinergias de 850 millones de euros comprometidas por el BBVA con los inversores para defender el atractivo de la compra. Lo mismo ocurre con el cierre previsto de unas 300 oficinas.
Se trata de las sucursales que ha detectado el grupo de La Vela que debería clausurar de las 870 localizadas a menos de 500 metros. Pero el Gobierno quiere también reducir el número de cierres por el impacto que pueda tener en territorios más pequeños y que podría justificar por el riesgo de desbancarización.
Yolanda Díaz presiona para mantener el empleo "íntegramente"
El ala dura de Sumar ya marcó ayer el paso al Gobierno tras decidir elevar la opa al Consejo de Ministros. En un comunicado, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Ministerio de Trabajo, liderados por Yolanda Díaz, exigía que la operación sólo se debe autorizar si se cumplen condiciones como “el mantenimiento íntegro del empleo” o la “conservación de todas las oficinas”.
Carlos Torres, presidente del BBVA, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Una presión interna, como interpretan fuentes financieras, en el Ejecutivo de coalición que pone a Pedro Sánchez entre la espada y la pared, sobre todo tras el ‘favor’ de Josep Oliu al marcar el camino a las empresas para devolver la sede a Cataluña.
“Haber asumido todo el coste de imagen por el intervencionismo y no poner luego condiciones duras sería absurdo”, señalan fuentes próximas a la operación, que también dejan abierta la posibilidad de que el Gobierno exija a Carlos Torres vender parte del negocio de pymes, con una cuota superior del 20% entre ambas entidades.
La bala de anticipar el veto a una fusión
Otra de las bazas que se contempla en el Gobierno pasa por anticipar ya su veto a la fusión entre BBVA y el Sabadell incluso si la opa contara con el apoyo de más de la mitad de los accionistas de la entidad catalana. La reforma de la Ley de Supervisión Bancaria, aplicada en 2014 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, reserva a Economía el poder de veto como herramienta de supervisión sobre operaciones estratégicas. Esta prerrogativa se contempla en la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Desvelar que no se autorizaría la integración sería un duro revés para el grupo de La Vela, ya que pondría en duda la meta de sinergias y sería un elemento clave para que los grandes fondos presentes en el capital del Sabadell se echen atrás en la operación.
luzmasluz
29/05/2025 17:22
Iba a escribir que un buen abogado hace milagros... pero no, evidentemente, frente a un funcionario público, que tiene la pistola encima de la mesa...
morterona
29/05/2025 22:21
El Sánchez exige al BBVA no hacer despidos ni cerrar oficinas. Bien. Pero curiosamente Correos, del Estado, va a cerrar innumerables oficinas y echar miles de empleados. Todo un ejemplo Y más curioso aún es que perdiendo cientos de millones los directivos de Correos han cobrado el plus de productividad completo. .