El cuerpo autonómico de la Policía Canaria ha precintado este lunes un centro de acogida de menas que opera para el Gobierno de Canarias en Las Palmas. Se achaca al centro llamado Fortaleza I la presunta mala praxis por una denuncia de presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas. Es el segundo centro de este tipo que se cierra en las islas en menos de un mes. Si este 19 de mayo de 2025 ha sido en Las Palmas, el pasado 25 de abril hubo un caso similar en Lanzarote aunque en el primer caso han intervenido las autoridades judiciales.
Se trata del centro EMENA La Fortaleza el que está siendo investigado bajo secreto de sumario por presuntos delitos cometidos contra menores migrantes tutelados.
El operativo se enmarca dentro de las diligencias previas 2623/2024, impulsadas por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de la capital grancanaria.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la actuación policial se justifica por la investigación de presuntos delitos de lesiones, odio, amenazas y contra la integridad moral, así como por omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución. Las diligencias han sido declaradas secretas, lo que impide por el momento conocer más detalles sobre el alcance de las pesquisas.
El centro EMENA La Fortaleza I es gestionado por la entidad Quorum 77, y alberga a menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo medidas judiciales de reforma. El foco de la investigación apunta a posibles irregularidades graves en la atención y trato a los menores que residen en esta instalación.
La operación de entrada y registro fue autorizada mediante orden judicial expresa por el órgano especializado en violencia contra la infancia, en un contexto de creciente atención institucional y mediática sobre el funcionamiento de los recursos destinados a la acogida de menores migrantes en Canarias.
En este asunto, la Policía Canaria ha detenido este lunes a nueve empleados del centro, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El cuerpo autonómico se encuentra en ese centro del municipio Santa Brígida, conocido como La Fortaleza I, desde primera hora en calidad de Policía Judicial, para registrarlo en busca de pruebas relacionadas con la investigación.
Tras cumplir las órdenes del juez de clausurar y precintar la instalación, los agentes han decidido arrestar a nueve empleados y responsables del centro.
Otras investigaciones abiertas
Este caso se suma a otras investigaciones abiertas en el Archipiélago por posibles vulneraciones de derechos en centros de protección de menores, en un contexto de presión migratoria constante sobre el sistema de acogida de Canarias.
El pasado 25 abril, la Dirección General de Protección de la la Infancia del Gobierno de Canarias ha decretado el cierre del centro de acogida de menores migrantes de Playa Honda, conocido como Volcán de Timanfaya, debido a las condiciones inadecuadas del recinto y a una gestión deficiente. Así lo decidió la directora general del área, Sandra Rodríguez, tras una inspección realizada.
La situación del centro de Lanzarote fue denunciada por los propios menores, que han grabado fotografías y vídeos que muestran las duras condiciones del inmueble, emplazado en un descampado próximo a una zona industrial. Las imágenes revelaban carencias básicas como deficiente alimentación, ausencia de ropa adecuada y un entorno claramente deteriorado.
En el caso de los menas, algunos fueron en reiteradas ocasiones a otro centro en Arrecife para quejarse y solicitar el traslado. La presión ejercida por estos menores y las evidencias documentales precipitaron la intervención de la Dirección General.
Este episodio se enmarca en un contexto de saturación de los centros de acogida en Canarias, donde el flujo de menores migrantes no acompañados ha superado con creces la capacidad de respuesta de las istraciones públicas insulares.
