El Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado miércoles instar al Gobierno para que impulse una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con la problemática que sufren los jueces de violencia de género a la hora de ascender en la carrera judicial. Los jueces titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer sufren discriminación comparación con otras especialidades a la hora de acceder a otros órganos judiciales, al aplicarles los criterios marcados para los juzgados mixtos tanto en los concursos de traslado como en el ascenso hasta una audiencia provincial.
El acuerdo alcanzado por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha sido visto por muchos de estos especialistas como un gesto "insuficiente", puesto que la propuesta que se pretende elevar desde el CGPJ es muy similar a la ya planteada el pasado 20 de marzo de 2024. El colectivo de magistrados de violencia de género defiende la necesidad de que el Consejo de un paso más allá y decida paralizar los concursos tanto de traslado, como para poder acceder a una sección de violencia en audiencias provinciales hasta que no se apruebe una nueva reforma legislativa. De lo contrario, entienden que se seguirá postergando una "situación de discriminación que viene agravándose desde hace ya varios años".
"En el último concurso que se acaba de publicar en el BOE, el pasado 20 de febrero, hay tres secciones de audiencias provinciales que han sido adjudicadas a compañeros con muchísimo peor puesto en el escalafón y sin experiencia en violencia. Por ello, hemos formulado la petición al CGPJ de que se paralice la convocatoria de concursos", detalla una magistrada.
Esta problemática viene desde el año 2020, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió que los juzgados de violencia sobre la mujer debían considerarse como juzgados mixtos, ya que no sólo tienen conocimiento del orden penal sino que también actúan ante cuestiones civiles, como la custodia de hijos menores o resolver un divorcio. Esta resolución hizo que los criterios de a plazas especializadas cambiasen, generando la paradoja de que todos los magistrados y magistradas de la Carrera Judicial del orden penal que no hayan conocido de violencia de género tengan preferencia sobre los que han ejercido en un órgano con competencia en la materia a la hora de acceder a las plazas en los juzgados de lo penal y en las secciones de las audiencias provinciales especializadas.
"Es como poner un cartel, un escaparate muy bonito, pero una vez que entras dentro la casa está deshecha"
Las fuentes consultadas por Vozpópuli denuncian que los profesionales especializados en esta materia sufren lo que se llama "inmovilidad laboral", puesto que además de tener más obstáculos que otros compañeros para ascender en la carrera judicial, también se encuentran con los mismos criterios a la hora de solicitar un traslado a otro ciudad aunque sea también en instrucción. "Nuestras carreras profesionales están estancadas. Nadie nos va a quitar nuestra plaza, pero no podemos movernos de aquí", señala Carmen Gámiz, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 6 de Madrid.
Sobrecarga en los juzgados
A esta problemática se une el aumento de competencias que dispone la nueva ley de eficiencia de Justicia, por la que los juzgados de violencia sobre la mujer deben acoger la instrucción de delitos contra la libertad sexual. La norma impulsada por Félix Bolaños cumple con lo prometido en la ley del 'sí es sí' y otorga a las secciones de violencia sobre la mujer la investigación de procesos "para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer o menor".
Las voces consultadas alertan de que la ampliación de competencias puede provocar el "colapso total" de varios juzgados que por naturaleza ya cuentan con una importante carga de trabajo. Denuncian que desde el punto de vista práctico para ampliar las competencias a instrucciones complejas, como por ejemplo aquellas relacionadas con la trata de mujeres para la explotación sexual, se necesita dotar a los juzgados de más medios.
Inacción del Gobierno
Ante esta doble problemática, jueces especialistas en violencia de género piden al Gobierno una solución urgente. "El ejecutivo tienen la llave, ellos son los que pueden reformar en cualquier ley orgánica de la que actualmente se esté tramitando y acabar con este problema". Precisamente, las Cortes podrían haber impulsado esta modificación legislativa dentro de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, no obstante, ningún grupo presentó una enmienda al respecto a pesar de haber sido alertados por el colectivo de magistrados de violencia de género.
"Nuestras carreras profesionales están estancadas. Nadie nos va a quitar nuestra plaza, pero no podemos movernos de aquí
La Justicia nunca ha interesado a nuestros legisladores. Ahora, España el único país de Europa con esta legislación y está claro que estamos muy avanzados en legislación sobre violencia de genero. No obstante, no es justo que nos den la figura de órganos especializados, pero no se nos reconozca la especialidad de derechos. Es como poner un cartel, un escaparate muy bonito, pero una vez que entras dentro la casa está deshecha", sentencia una jueza titular de un juzgado de violencia sobre la mujer en Málaga.
Otro de los problemas con los que se encuentran estos profesionales, los cuales el 80% son mujeres, es que sigue sin desarrollarse la especialidad. Las voces consultadas explican que los profesiones de este sector llevan años esperando a que sé convoquen los exámenes para acceder a la especialidad de violencia de género de forma oficial. No obstante, ante el paso del tiempo, entiende que esta vía de especialización puede ser injusta para aquellos que ya llevan varios años al frente de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Si se convocan ahora dichas pruebas, los profesionales a cargo de dichos juzgados "tendrían menos tiempo de prepararse los exámenes que aquellos que acaban de salir de la carrera". "Todo lo que implique una prueba selectiva, con un examen, con una dedicación, las mujeres no nos presentamos por temas de cargas y conciliación. Lo tienen más que acreditado que quienes se presentan son los que acaban escuela". En consecuencia, los profesionales reclaman apostar por un modelo similar al impuesto en el caso de los juzgado de familia: acceder a la especialidad a través de cursos de formación.
En paralelo a la reforma legislativa, los jueces de violencia de género exigen al Gobierno crear más juzgados de esta especialidad y dotar de más medios económicos a los mismos, sobre todo, para poder hacer frente a la sobrecarga de trabajo que conllevara asumir las investigaciones relativas a delitos de violencia sexual. "Si esto no se soluciona de forma urgente se producirá una huida de profesionales de esta especialidad".
isakino
02/03/2025 11:41
DESHECHA, de deshacer. Desechar es otra cosa.
isakino
02/03/2025 11:44
DESHECHA, de deshacer. Desechar es otra cosa.