El exnúmero 2 de Interior, Francisco Martínez, ha recurrido la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, de enviarle a prisión provisional en el marco de la 'operación Borraska', un caso en el que se encuentra implicado el hacker José Luis Hueras, alias 'Alcasec' y otras dos personas más. La titular del Juzgado Central de Instrucción Nº3 tomó esta decisión el pasado jueves para evitar la destrucción de las pruebas. Martínez, por su parte, sostiene que su imputación se basa en una 'mera especulación' y niega tener capacidad alguna para destruir pruebas.
Según la Audiencia Nacional, Martínez desempeñaba un papel central en la consolidación y sostenimiento de la organización criminal vinculada a la sustracción de datos de organismos públicos y privados, así como a su almacenamiento masivo y estructurado en el extranjero, con el fin de ser posteriormente utilizados, analizados y comercializados.
Ahora bien, en el recurso de reforma al que ha tenido Vozpópuli explica que, para acordar la prisión provisional, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que aparezcan en la causa motivos suficientes para creer responsable criminalmente a la persona contra quién se haya decretado esa prisión. Sin embargo, su defensa explica que el auto en el que se decretó prisión provisional "no contiene ni una sola acción de Martínez en la que se le describa construyendo, cual paciente y avezado arquitecto jurídico, ese armazón legal sin el cual José Luis Huertas (Alcasec) no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y que se califica de “red compleja” con “un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa”.
Por otro lado, considera que los hechos que le hacen estar en prisión son "claramente insuficientes" porque, tal y como explicó el pasado jueves en sede judicial, su intervención jurídica en el caso se hizo a través del despacho de abogados en el que presta sus servicios donde tan sólo se limitó a constituir dos sociedades llamadas Horys y Avenio. Llevaba la contabilidad de la primera de ellas durante unos meses, "lo que constituyen actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista", reza el escrito.
En este punto, el abogado exsecretario de Estado de Seguridad con el PP se pregunta si lo que está ocurriendo es que la imputación de su cliente es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal. "Todo son generalidades y un relato tan pomposo como artificial".
Lo único que consideran que tiene algo de concreción que menciona el auto recurrido es el "blanqueamiento de imagen" de 'Alcasec' mediante iniciativas tendentes a introducirle en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participando en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad, así como el al Bot de Telegram, facilitado por el propio José Luis Huertas, donde efectuó un total de 21 consultas a lo largo de 8 meses.
En el recurso recuerdan que Martínez aportó con todo lujo de detalles en la declaración los intentos de reinsertar al hacker en la sociedad desde que le asistió como abogado siendo menor de edad, reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad, con el conocimiento y consentimiento de la Fiscalía de Menores.
No tiene "capacidad" para destruir fuentes de prueba
Otro de los aspectos que aborda el recurso es que Martínez no tiene capacidad para destruir fuentes de prueba. Cabe recordar que la magistrada de la Audiencia Nacional decidió enviarle a prisión provisional para evitar que borre la información supuestamente alojada por Alcasec en el servidor suizo de la empresa Private Layer INC, con sede en Zurich, o en la nube de MEGA. Y es que, en el auto se habla del alto grado de sofisticación tecnológica alcanzado, algo que un abogado no tiene.
Asimismo, destacan que la magistrada basó ingreso en prisión provisional en el análisis de las comunicaciones incautadas de las que supuestamente los investigadores concluyen que habría asesorado a la madre del hacker para destruir las pruebas. Pero su defensa sostiene que no se sabe exactamente en qué consistió ese asesoramiento telefónico, por lo que era muy difícil valorar la telecapacidad de Martínez para destruir pruebas Apunta que del auto de prisión provisional no se desprende la existencia de otras comunicaciones, ni con la madre de "Alcasec" ni con otros investigados, lo cual les resulta llamativo porque la jueza instructora sostuvo que dichas comunicaciones eran "elevadas, continuas y prolongadas en el tiempo".
Tal y como expone el letrado, No hay más “indicio” para afirmar que el exsecretario de Estado de Seguridad "bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo".
Por último, argumenta que no se le han proporcionado los 'elementos esenciales' relativos a los hechos que se le imputan, los cuales, conforme a la ley, deben ser comunicados incluso en causas declaradas secretas al momento de la detención. Apunta a una vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad, al carecer de los medios necesarios para impugnar de manera efectiva su ingreso en prisión preventiva.
