Sin entrar en detalles, la Comisión Europea ha revelado que está investigando, en el ámbito de un expediente EU Pilot, las actuaciones del Gobierno español desarrolladas hasta la fecha respecto a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Como también reveló en su día este diario, el Ministerio de Economía manifestó que había procedido a contestar al requerimiento de información de la Comisión. Es una muestra de transparencia de la Comisión digna de elogio, quien ha manifestado que de vulnerarse el Derecho de la UE en este asunto procederá, como no puede ser de otra manera, ante el Tribunal de Justicia, previa la apertura de un procedimiento de infracción.
A raíz de las manifestaciones de la Comisión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado desde Estambul que "es importantísimo ser muy respetuosos con el procedimiento, con nuestra normativa y con la actuación de las distintas instituciones que tienen algún peso de decisión en este proceso de adquisición, en la opa que lanzó BBVA sobre Sabadell".
Son curiosas dichas manifestaciones cuando ha sido el propio ministro, desde el primer momento en que BBVA anunció su intención de presentar la opa, quien ha realizado constantes interferencias en este asunto, sin respetar ni los procedimientos ni la normativa interna, una clara injerencia indebida, al manifestar desde el primer minuto la clara oposición gubernamental a esta operación.
Hasta la fecha, y nada más anunciar el BBVA sus intenciones, el Gobierno ha venido realizando, con insistencia, una injerencia arbitraria sobre la opa, actuando de forma prematura y sin ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos, lo que vulnera el principio de seguridad jurídica, la libre circulación de capitales y la libertad de empresa (reconocida como derecho fundamental, además de por el artículo 38 de la Constitución, por el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Por lo que, no se nos quiera distraer, no es un asunto "doméstico", ajeno al Derecho de la UE.
Debe subrayarse que, como se ha indicado, antes de que el BBVA siguiera los trámites establecidos en la legislación nacional y europea, el Gobierno ya había manifestado, de forma reiterada, su oposición a la operación. Incluso, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, aseguró que ya había expresado su opinión contraria a la operación al BBVA, pero también al resto de actores implicados en la misma, incluyendo los supervisores, así como a la responsable europea de Supervisión del Banco Central Europeo.
Una futura oposición gubernamental estaría, en mi opinión, viciada ab initio; al haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española ("La istración Pública sirve con objetividad los intereses generales… con sometimiento pleno a la ley y al Derecho"). Este tipo de injerencias indebidas en las grandes decisiones empresariales está llevando al descrédito internacional de la economía española, consolidándose la impresión de que en nuestro país reina la inseguridad jurídica y la arbitrariedad.
La insólita consulta pública sobre la opa, totalmente distorsionadora de los procedimientos legalmente establecidos, no está prevista en nuestra legislación y está siendo cuestionada ante la Audiencia Nacional"
No en vano, el flamante presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ese gran jurista que es Luis María Cazorla Prieto, en su reciente toma de posesión como consejero nato del Consejo de Estado ha denunciado un “rampante desprecio al Derecho” en el Estado, alertando del avance del caos normativo y señalando que tomará partido por el Estado de Derecho frente a quienes intentan vaciarlo de contenido.
Las manifestaciones del ministro en Estambul vienen precedidas por una insólita consulta pública sobre la opa, totalmente distorsionadora de los procedimientos legalmente establecidos, no prevista en nuestra legislación y que está siendo cuestionada ante la Audiencia Nacional. Consulta que ha sido interpretada como un intento de abortar la opa.
El veto gubernamental anticipado ha tenido efectos negativos en el discurrir de la operación, generando gran incertidumbre e inseguridad jurídica. A título de ejemplo: El proxy ISS aconsejó a los fondos de BBVA apoyar la opa a Sabadell, pero ve riesgos de ejecución ("No obstante, señaló que el rechazo a la opa por parte del consejo de istración de Sabadell y las aprobaciones regulatorias pendientes "crean incertidumbres sobre el éxito de la oferta y la posterior integración y creación de valor para el grupo combinado"); la CNMV exigió al BBVA que detallara en el folleto de la opa el efecto económico del veto gubernamental a la fusión; el Banco Sabadell informó a sus accionistas de que era necesario que BBVA publicara los impactos financieros detallados en la oferta tanto en la hipótesis de fusión posterior de ambas entidades como en el supuesto de ausencia de la misma y les señaló que "será previsiblemente el Gobierno español el que tendrá la palabra. Ya ha anunciado que se opone a la operación…"; Moody’s avisó a BBVA: si la CNMC impone condiciones, la opa al Sabadell sería menos atractiva, recordando además que el gobierno español también ha expresado su oposición al acuerdo…); etcétera.
No es de extrañas la preocupación de la Comisión Europea.
Isaac Ibáñez es abogado
