Estaba considerada como la 'tele del pueblo', el canal de los 'deplorables' y 'hillibilies' que no pueden permitirse un abono a plataformas de pago, la primera que dio la palabra los 'chalecos amarillos', la única que recogía las quejas de la gente que el resto de los medios despreciaba, la que abordaba sin tapujos las consecuencias de la inmigración ilegal y denunciaba la inseguridad creciente, la más odiada por periodistas y políticos de izquierda. Tras veinte años de progresión y mantenerse hoy como número uno en la audiencia de la TDT, 'C8' pierde su frecuencia por una decisión istrativa que se denuncia como censura y “ataque a la libertad de expresión”.
El ARCOM, el gendarme del panorama audiovisual, un órgano cuyo presidente es nombrado directamente por el jefe del Estado, propuso el verano pasado eliminar de la TDT a 'C8', después de haberle infligido multas de más de 7,6 millones de euros por supuestos derrapes en algunos programas de su presentador estrella, Cyril Hanouna, entre ellos, un insulto en directo a un político de extrema izquierda colaborador de esa tele, que le costó una sanción de más de tres millones de euros que un tribunal istrativo, sin embargo, castigó el viernes pasado con solo 4.000 euros.
El Consejo de Estado, otro órgano de jurisdicción istrativa, pero no judicial, cuyo presidente es también nombrado directamente por el Elíseo, confirmó el pasado jueves la petición del ARCOM y certificó la supresión de la cadena que era seguida cada día por nueve millones de ses. Más de 400 trabajadores se quedan sin empleo sin que ningún sindicato ni organización periodística haya expresado su solidaridad, y ante el aplauso de muchos periodistas de izquierda, encantados con haberse librado de un rival de peso.
Grupo Bolloré, de derecha y sin complejos
¿Cuál es el pecado de la cadena 'C8'? Acusada de hacer el juego a complotistas sobre asuntos como la respuesta oficial al COVID-19, o “dar la palabra a ultraderechistas”, lo cierto es que sus tertulianos y sus seguidores representaban a todo el espectro político y social del país. Además de su éxito popular, el canal tenía el estigma de pertenecer al grupo de Vincent Bolloré, un empresario de éxito que no oculta sus ideas conservadoras y su fe católica, que decidió un día entrar en la industria de los medios de comunicación y comprar míticas cabeceras de televisión, radio y prensa escrita, como 'Canal+', 'Europe1' o 'Journal du dimanche', hasta entonces, en manos de la izquierda o cercanas al macronismo.
Dentro de ese conglomerado, destaca también el canal todonoticias, 'CNEWS', que se ha convertido en la cadena de información continua favorita de los ses, por encima de sus rivales privadas 'BFMTV' y 'LCI', o las públicas '-InfoTV' y '24'.
Batalla cultural y monopolio del relato
La irrupción del Grupo Bolloré, y otros menos potentes, ha supuesto una convulsión espectacular en el panorama informativo francés, hasta hoy - y desde hace más de 50 años - dominado sin disimulo ni discusión por una mayoría de periodistas de izquierda. Una nueva generación de informadores, acompañados por veteranos, antes más o menos marginados en el pasado, han irrumpido con estruendo y éxito en la batalla cultural que se libra en el país y que está privando a la izquierda mediática y política del monopolio del relato del que disfrutaban hasta hace muy poco tiempo.
La ofensiva del aparato de control oficial, como el oficialista ARCOM, ha llegado a exigir a 'CNEWS' – cuya programación se estructura esencialmente en debates – a identificar y fichar políticamente a los periodistas, ensayistas, científicos, policías o cualquier otra profesión de los participantes en cada programa. Una exigencia de la que se exime a los especialistas invitados por la competencia.
La extrema izquierda ha intentado crear un cordón sanitario en torno a 'CNEWS' y otros medios considerados de derechas o de extrema derecha, pero se ha visto obligada a romper en parte ese cerco si quería extender su audiencia en una sociedad polarizada políticamente y en permanente campaña electoral. El mismo camino han seguido socialistas y ministros o representantes de la órbita de Emmanuel Macron, en un principio partidarios también de la política de silla vacía.
Como es lógico, las críticas más ácidas contra la cancelación de 'C8' vienen de las derechas. Para Marine Le Pen, “el pluralismo mediático recula en Francia; es una decisión que da la razón a los ayatolás el pensamiento único”. El jefe de la formación de la derecha tradicional (Los Republicanos), Laurent Wauquiez, vitupera: “Una autoridad istrativa oscura, como otras muchas que existen en el país, se arroga el derecho de vida o muerte de una cadena de televisión popular”. Su compañero de partido y hoy ministro del Interior, Bruno Retailleau, deplora que “se prive a los ses de un espacio de expresión”.
El eco del discurso de J.D. Vance
Algunos de los habituales participantes en la programación de 'C8', como el escritor Philippe Labro, denuncian que “por primera vez en Francia - una democracia - se suprime una cadena y se envía a 400 personas al paro”. El también novelista Yann Moix afirma que “se cierra una cadena porque funciona”, y culpa de la decisión a la izquierda. Para Christine Kelly, una de las periodistas más populares de 'C8' y exmiembro del ARCOM, “hemos caído en una dictadura”. Su colega, la directora del semanario 'Causeur', Elysabeth Lévy, habla de “una medida más propia de la Rusia de Putin o el Irán de los mulás, que de la Francia de los derechos humanos.”
Solo un miembro del partido de Macron, la exportavoz del Gobierno de Michel Barnier, Maude Bergeon, ha mostrado públicamente su “incomprensión” por la supresión de 'C8', “una televisión que daba la palabra a ciudadanos y políticos ses que nadie acogía”.
La supresión, denunciada como política, de una cadena de televisión se produce cuando muchos en Francia todavía no se han recuperado del soponcio que les produjo el discurso del vicepresidente norteamericano, J.D.Vance, en Múnich, donde alertó del declive de la libertad de expresión en Europa.
Tanto el presidente del ARCOM, como el del Consejo de Estado, el del Consejo Constitucional o el del Tribunal de Cuentas están en manos de personas cercanas a los socialistas y han sido encumbrados por Macron. ¿De quién dependen? Pues eso…
