Hace una semana, con un sinfín de escándalos cercando al Gobierno, el PSOE creyó encontrar un 'watergate' en las filas del Partido Popular con el que equilibrar el marcador de la corrupción. Un supuesto espionaje en el Senado que desde Ferraz rápidamente airearon con toda su artillería comunicativa. Pero han ido pasando los días y todo el ruido ha quedado reducido a.… nada.
Según un informe que la Secretaría General de la Cámara Alta ha elevado este martes a la Junta de Portavoces, y al que ha tenido Vozpópuli, "no ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos".
Fue el pasado miércoles cuando trascendió que la Mesa del Senado, de forma unánime, había decidido despedir de manera fulminante a dos de sus empleados por un indebido y no autorizado a los portafirmas digitales y documentación confidencial de altos cargos de la institución.
Días después, tras las indagaciones pertinentes, los servicios jurídicos del Senado aportan luz sobre lo que ocurrió. "Dos personas han accedido ilícitamente a los portafirmas digitales de varios funcionarios cargos de la Secretaría General (ningún portafirmas de Senador o Senadora) para descargarse diversos documentos relacionados con el personal de la dirección, relativos a procesos de promoción profesional".
El objetivo, de las dos personas, en realidad, era obtener información sobre un proceso laboral que les afectaba. Fue en octubre del pasado año cuando el Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Cámara "formuló una denuncia a la Letrada Mayor" sobre dos integrantes de su dirección, "ambos marido y mujer", por tener "constancia de que habían accedido frecuentemente, al menos desde el mes de marzo de 2024, de forma ilícita al Portafirmas electrónico de distintos cargos de la Secretaría General del Senado y habían consultado también documentación confidencial de tipo istrativo relativo a personas concretas, siempre en relación con un proceso de promoción interna".
"Se trata de una actuación de interés personal, no político"
Es decir, que los dos trabajadores en ningún caso accedieron a los portafirmas digitales de ningún senador, según aseguran los letrados de la Cámara. "Se trata de una actuación de interés personal y no político".
Aun así, los socialistas dieron la voz de alerta y denunciaron la infiltración se habría producido mientras estaban en marcha varias comisiones de investigación de alta sensibilidad y se había espiado a algunos de sus senadores. "Nos encontramos ante una vulneración muy grave de los derechos digitales de los parlamentarios", advertía el grupo socialista en un comunicado, que pedía "una investigación exhaustiva sobre el alcance de la infiltración de los documentos accedidos". Desde la formación de Pedro Sánchez llegaron a hablar de un perjuicio a las "garantías democráticas del trabajo parlamentario".
El informe al que ha tenido este diario es concluyente: "No ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado por parte de los trabajadores implicados en el expediente. No ha existido ningún espionaje ni robo de información. Nadie ha accedido a los ordenadores personales de los Senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso".
Tampoco ha habido "ninguna infiltración masiva en la identidad digital de los senadores". Ni ha utilizado nadie las claves de los parlamentarios, "los infractores utilizaron s con permisos de istración, esto es, permisos de los que disponían para el desempeño de sus cometidos profesionales, ya que las claves de los Senadores/as no pueden conocerse por el personal" de funcionarios.
La letrada mayor de la Cámara Alta, en su cronología de los hechos, señala que han aparecido en distintos medios de comunicación "informaciones inexactas, incorrectas e imprecisas (filtraciones masivas, hackeos, espionajes, etc.) sobre el expediente disciplinario".
