La Junta de Andalucía ha formalizado su recurso contencioso-istrativo contra el Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico, impulsado por el Gobierno central a través del Real Decreto 1312/2024. Esta decisión, lejos de ser meramente técnica, se enmarca en una nueva batalla política y competencial que enfrenta a la istración autonómica con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La raíz del conflicto, según defiende el Gobierno andaluz, no reside en la normativa europea que ha motivado este registro, sino en la forma en que ha sido implementada en España, sin consenso y con una presunta vulneración de las competencias autonómicas en materia de turismo y vivienda.
El Reglamento (UE) 2024/1028, aprobado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo y el Consejo, tiene por objeto mejorar la transparencia, el control y el intercambio de información sobre los alquileres de corta duración en toda la Unión Europea. Andalucía, como otras comunidades autónomas, comparte plenamente los fines del reglamento: combatir la oferta ilegal de viviendas turísticas, garantizar una competencia leal y facilitar la planificación urbana y turística mediante datos fiables. Sin embargo, critica abiertamente el diseño unilateral del Gobierno central en la aplicación del mismo.
Según ha denunciado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, el Ejecutivo estatal ha ignorado los mecanismos de colaboración interistrativa y ha impuesto un registro único que solapa las funciones ya asumidas por las comunidades autónomas. “Nos hemos encontrado con una norma que duplica registros, genera más burocracia y no respeta el reparto competencial”, ha afirmado Bernal, quien subraya que Andalucía cuenta con su propio sistema de registro e inspección de viviendas turísticas, desarrollado conforme a su competencia exclusiva en materia de turismo.
Uno de los principales argumentos jurídicos que sustenta el recurso andaluz es que el Real Decreto 1312/2024 carece de cobertura suficiente en la Constitución para imponer determinadas obligaciones a plataformas digitales y arrendadores sin contar con una norma con rango de ley. Además, modifica aspectos del Registro de la Propiedad y del Registro de Bienes Muebles, lo que excede los límites reglamentarios. Estas objeciones han sido compartidas por el Consejo de Estado, que en un dictamen reciente ha cuestionado duramente la legalidad del Real Decreto y ha sugerido una reforma sustancial del texto antes de su aprobación definitiva.
Por su parte, el Gobierno de España y el PSOE han reaccionado con dureza ante la postura de la Junta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de "poner palos en la rueda" de las políticas públicas en vivienda, y ha defendido que el registro estatal busca precisamente frenar la expansión descontrolada de pisos turísticos que encarecen los alquileres y expulsan a los residentes de los centros urbanos. “La ciudadanía no quiere debates competenciales, quiere soluciones. Y esta herramienta ofrece soluciones para frenar la especulación y mejorar el a la vivienda”, ha insistido Rodríguez.
En la misma línea se ha expresado el portavoz socialista en Andalucía, Daniel Pérez, quien ha acusado al presidente Juanma Moreno de convertir a su Gobierno en “insumiso” por negarse a aplicar medidas estatales destinadas a regular el mercado de alquiler vacacional. Pérez sostiene que, lejos de colaborar en la lucha contra los abusos en el mercado inmobiliario, el Ejecutivo andaluz “pone trabas” y se opone sistemáticamente a iniciativas que benefician a los ciudadanos. “El PP se niega incluso a que los pisos turísticos tributen como cualquier actividad económica, cuando lo lógico sería que pagaran el IVA al 21%”, ha añadido.
La Junta de Andalucía no se opone a que exista un sistema compartido de intercambio de datos, pero exige que este respete y se articule sobre los registros ya existentes en las comunidades autónomas, sin imponer nuevos procedimientos ni duplicar obligaciones a ciudadanos y empresas.
La disputa también se produce en un contexto de creciente presión social por el auge de los alquileres turísticos. Numerosas ciudades españolas, como Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona, han experimentado un incremento exponencial de viviendas destinadas al uso turístico, lo que ha contribuido al encarecimiento del mercado del alquiler tradicional y ha provocado fenómenos de gentrificación. Frente a esta realidad, muchas istraciones locales y regionales han aprobado moratorias, exigido licencias especiales o limitado la implantación de nuevos pisos turísticos en determinadas zonas.
Para Andalucía, la solución pasa por crear un registro istrativo central que funcione como repositorio de datos interoperable con los sistemas autonómicos, y que respete la autonomía normativa y ejecutiva de las comunidades. En este sentido, la Junta ha solicitado la convocatoria urgente de todas las comunidades autónomas para revisar conjuntamente el modelo, en consonancia con lo previsto en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023.
