Objetivo: salvar a toda costa el decreto 'anti Trump'. Se lo ha autoimpuesto Moncloa, ante la amenaza real sobre la economía española que entraña el desafío de la Casa Blanca. En ese intento ya está volcado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Suya es la misión de tender puentes con Génova y con el mundo empresarial.
La elección de Cuerpo como interlocutor no es casual. Obedece a los méritos propios y a los 'deméritos' de otra ministra del gabinete de Pedro Sánchez, con más galones. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y titular de Hacienda, pierde el protagonismo en una negociación vital para los intereses del Gobierno. La ministra está demasiado 'quemada' por la sobreexposición a la que le ha sometido su jefe de filas. De ahí que Moncloa haya optado por mover en el tablero la ficha de Cuerpo, de perfil técnico y un bagaje político corto pero impoluto.
El ministro de Economía está atendiendo a dos frentes. Por un lado está el empresarial. Cuerpo mantiene os fluidos con distintas organizaciones y, según fuentes próximas, ya tiene reuniones programadas en el calendario. Como técnico que es, el ministro quiere usar ese cauce para conocer de primera mano la problemática de las víctimas de los aranceles.
Fuentes empresariales iten con cierto alivio que la interlocución es positiva. Hay confianza, incluso, en que su acercamiento al PP puede servir para fraguar un acuerdo de mínimos. Los empresarios claman por recuperar cierta estabilidad institucional, máxime en un momento tan crucial como el actual, en el que Donald Trump ha reventado las reglas del juego.
El frente político es el segundo y el más complicado para el 'técnico' Cuerpo. Aún así, ya se han producido os con Génova, poco productivos, pero que -al menos- no han concluido en rotundo fracaso. El primer encuentro se produjo el pasado jueves en el Ministerio de Economía y duró casi dos horas. Acudió a la cita el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. El ex consejero andaluz de Hacienda abandonó la sede preocupado por la falta de concreción del plan gubernamental contra los aranceles, pero "agradecido" por la disposición al diálogo del ministro.
Es reseñable que Génova también haya elegido para negociar otro perfil de corte 'técnico' como Juan Bravo (es inspector de Hacienda). No hay que olvidar que otras negociaciones importantes en materia económica -como la elección del gobernador del Banco de España- las ha liderado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Cuca Gamarra, Alberto Núñez Feijóo y Juan Bravo. / EP
La segunda ronda de os tuvo lugar este lunes y fue telefónica. Hubo una primera llamada en la que Bravo pudo exponer a Cuerpo la batería de medidas que propone el PP. Y una segunda en la que el ministro trasladó su voluntad de incorporar algunas cuestiones al real decreto.
Según fuentes populares, pasada la medianoche, Economía remitió un nuevo texto con "alguna modificación", que Génova consideró "insuficiente". Finalmente, el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros salió adelante sin modificar las cuestiones que el PP considera claves: competitividad, fiscalidad, fondo nacional con la recaudación de aranceles o medidas energéticas.
Pese a todo, el mero hecho de que Cuerpo y Bravo fueran capaces de tener un diálogo sosegado ha generado expectación -y cierta esperanza- entre las filas empresariales. Fuentes de Génova constantan que el Gobierno está actuando "en las formas de un modo diferente a como lo hicieron en otras ocasiones".
Contra la posibilidad de acuerdo jugó horas después la revelación de una nueva cesión a Junts: Cataluña absorberá el 25% de las ayudas impulsadas contra los aranceles. Génova no tardó en denunciar que el Gobierno ha decidido "expulsar" al PP del marco negociador. La cuerda está muy tensada pero no rota. Los populares seguirán "atendiendo las llamadas". Y el equipo de Alberto Núñez Feijóo sigue valorando positivamente María Jesús Montero haya sido apartada de esta negociación. "Pedro Sánchez acierta al mandarla al rincón de pensar y al asumir que no es una interlocutora razonable para afrontar políticas de Estado", concluyen desde Génova.
