Tras semanas de negociaciones entre el ala socialista del Gobierno, liderada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha alcanzado un acuerdo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este acuerdo, que se materializará en un anteproyecto de ley, ha sido aprobado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y será elevado al Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero para su aprobación por trámite de urgencia.
Sin embargo, este primer paso no garantiza una implementación inmediata de la reducción de jornada. El texto deberá pasar por varias etapas antes de convertirse en ley, incluyendo el debate y la votación en el Congreso y el Senado.
La tramitación parlamentaria y la incógnita de Junts
Uno de los principales desafíos para el Gobierno es conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para la aprobación de la ley. La posición de Junts es clave, ya que este partido ha mostrado dudas sobre el recorte de la jornada laboral tras las críticas de la patronal catalana. Si Junts no apoya o se abstiene, el Gobierno podría verse obligado a negociar con el PP.
La tramitación parlamentaria abre la puerta a modificaciones en el texto pactado con los sindicatos. El Ministerio de Economía reconoce que se tendrán en cuenta las aportaciones de los grupos parlamentarios y la realidad de las empresas, especialmente las pymes, y que se barajarán medidas de flexibilidad. Tanto el Gobierno como los sindicatos asumen que el acuerdo se podría suavizar a través de enmiendas.
¿Cuándo se empezará a trabajar menos?
Aunque el Gobierno tiene intención de que la ley entre en vigor lo antes posible, con el objetivo de que la reducción de la jornada máxima se aplique desde el 31 de diciembre del año anterior, la fecha exacta en la que se empezará a trabajar menos es aún incierta. La tramitación parlamentaria, aunque se haga por la vía de urgencia, puede retrasar la aplicación de la medida.
Según el acuerdo inicial con los sindicatos, la reducción de la jornada laboral se realizará de forma gradual. Se preveía una bajada a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Sin embargo, la última información apunta a que la ley obligará a todas las empresas a cumplir con la norma a partir del 31 de diciembre de 2025, estableciendo ese plazo para que las empresas adapten sus convenios colectivos. De esta forma, los convenios colectivos que contemplen una jornada superior a las 37,5 horas semanales tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias.
Además, la nueva legislación reforzará los derechos a la desconexión digital y el registro horario, e incluye un endurecimiento del régimen sancionador.
Impacto económico y crítica de los empresarios
La reducción de la jornada laboral ha generado críticas por parte de los empresarios, quienes denuncian que la medida supondrá un aumento de los costes laborales superior a los 20.000 millones de euros. Las patronales, como la CEOE, argumentan que la imposición de la reducción de jornada por ley es "inconstitucional" y un "fuerte golpe" para las empresas, especialmente las pymes.
Según los cálculos de la CEOE, Cepyme y ATA, el coste agregado para las empresas podría ascender a entre 21.000 y 23.000 millones de euros, lo que equivaldría a un 1,5% del PIB. También se ha alertado de un impacto negativo en el crecimiento del PIB y en el empleo.
En resumen, la reducción de la jornada laboral es un tema que está en la agenda política y social, pero cuya implementación efectiva aún está sujeta a la negociación parlamentaria y a las decisiones que se adopten en los próximos meses.
