La Comunidad de Madrid estima que la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que prepara el Gobierno central supondrá un coste extra de 2.635 millones de euros anuales a los comerciantes y hosteleros de la región (1.775 y 860 millones, respectivamente).
Se trata de los sectores más afectados del tejido productivo madrileño por la medida, como refleja el informe oral de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado ayer en Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de Ley estatal y que expresa el "rechazo frontal del Ejecutivo autonómico" a esta normativa.
Los sectores del comercio y la hostelería de la región suponen en la actualidad hasta el 17,2% del conjunto de su PIB –Producto Interior Bruto-y suman entre ambos casi 800.000 trabajadores, por lo que las consecuencias, aseveran desde Sol, "serían nefastas para la primera economía de España y el resto del país".
Según el documento elaborado por la Comunidad de Madrid, se trata de una "imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa".
Además, desde el equipo de Gobierno de la presidenta Díaz Ayuso señalan que "esta futura Ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España".
Pymes y autónomos, principales damnificados
El nuevo texto estatal carece de un análisis del impacto económico, las cargas istrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán sus efectos nocivos.
Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto de Ley.
Varios estudios externos, consultados por la Consejería, advierten de las "graves consecuencias que supondrá para estos negocios, que se verán obligados a contratar otra persona para cubrir esas horas o a cerrar su actividad durante ese periodo, con la consiguiente pérdida de ingresos".
Por otra parte, esta normativa hará que España pase de tener una legislación dentro de los márgenes habituales en la Unión Europea a poseer una de las más rígidas en la materia, añadiendo nuevos costes financieros y burocráticos, que serán más difíciles de cumplir para aquellas compañías de menor tamaño.
20.000 millones de pérdidas para las empresas
La reducción de la jornada laboral máxima en España de las 40 horas a las 37,5 está un paso más cerca de ser una realidad, aunque aún hay camino por recorrer.
Este lunes pasó por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde los ministerios socialistas amenazaban con plantear objeciones al texto pactado entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos. Finalmente superó este primer trámite sin cambios, lo que conduce a su aprobación en los mismos términos en el Consejo de Ministros del próximo 4 de febrero.
El anteproyecto de ley para la reducción de la jornada máxima legal en España que ha propuesto Trabajo no incluye ayudas a las empresas, lo que hasta hace unos días mantenía al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reticente sobre su aprobación de manera urgente.
Las empresas, según los cálculos de las patronales y los servicios de estudios, afrontan una subida de los costes laborales superior a los 20.000 millones de euros como consecuencia de reducir media hora la jornada de los trabajadores manteniendo los salarios intactos.
Desde CEOE han registrado un documento en la Dirección General de Trabajo en contra de esta medida, alegando entre otros asuntos que la decisión de reducir la jornada de trabajo por ley es "inconstitucional", en línea con lo que apuntaron abogados laboralistas recientemente en una presentación organizada por el think tank de la patronal, y que supondrá un fuerte golpe para las empresas si se trata de una imposición legal al margen de la negociación colectiva, especialmente para las pymes y los autónomos.
sindios
30/01/2025 06:58
Una cosa es clara, los empresarios llevan 15 años pagando los mismos sueldos. Por suerte llevo sin trabajar desde 2013 y nunca mas lo haré, soy un privilegiado que me retiré a los 38 años y lo unico que puedodecir es pobrecitos aquellos desgraciados que tengan que trabajar en España con los salarios de miseria que se pagan. Y otra cosa que los sindicatos jamas abren la boca; la jornada partida a veces de 2 horas no puede ser bajo ningun concepto que recaiga el 100% del coste del tiempo perdido sobre el trabajador. En cuanto se obligase a remunerar con un 25-50% del sueldo esas horas muertas que le quitan de vida a los trabajadores, se acababa con la improductividad de la jornada partida. Repito cada dia que me levanto a las 11 y me voy a desayunar al restaurante doy gracias de no tener que trabajr en este pais de salarios de miseria.
sindios
30/01/2025 08:16
Y por si hay alguna duda, cuando trabajas no vives, sobrevives,llevas una vida de miseria, humillante, vacia , absurda.... Cuando dejas de hacer el ridiculo trabajando y te dedicas ya si por fin a vivir, te das cuenta de la miseria en la que estabas metido. Se rien de vosotros, siguen pagando los mismos 1200€ que se cobraban en 2007-2009 y no os enterais!!