El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales pactada a finales de 2024 con los sindicatos, un acuerdo en el que no participaron las empresas. En su defecto, las horas extraordinarias trabajadas alcanzaron niveles no vistos en 15 años.
Según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2024 se trabajaron de media 6,73 millones de horas extraordinarias a la semana, un nivel próximo al de 2009 (cuando la media fue de 6,65 millones, ligeramente inferior) y sólo superado en 2008 (9,39 millones).
Estos datos son la media de los cuatro trimestres del año, con algunos en los que la actividad es mayor y tradicionalmente las empresas recurren más a las horas extraordinarias. Tanto es así que en el cuarto trimestre de 2024 se superó por primera vez desde 2009 la barrera de los 7 millones de horas a la semana.
En el primer trimestre de este año, último dato disponible, las horas extra bajaron a 5,88 millones a la semana por el efecto que tiene el retraso de la Semana Santa a abril. Pero si las empresas mantienen la tendencia, algo previsible ante la escasez de mano de obra -con las vacantes también en niveles récord-, las horas extra volverán a subir en el segundo trimestre.
En base a los mismos datos, en 2024 el número de trabajadores que realizan horas extra alcanzó el millón por primera vez desde 2008. Y de media, en el conjunto del 2024, se situó en los 951.700 trabajadores a la semana, lo que equivale al 5,2% del total y, de nuevo, un nivel no visto desde 2008 (6,7%).
En definitiva, los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que las horas extra realizadas de media en una semana crecieron en 2024 un 11% respecto a 2023; así como los trabajadores asalariados que las hicieron aumentaron en un 12% interanual.
De esas 6,73 millones de horas extra trabajadas a la semana en 2024, un 60% fueron pagadas y el 40% restante, no. En esto sí hay una ligera diferencia respecto al 2009, cuando sólo el 58% de las horas extraordinarias trabajadas se pagaban, dos puntos menos que ahora, según el histórico del INE.
Actualmente el Estatuto de los Trabajadores marca un límite legal de 80 horas extra al año, salvo que sean por fuerza mayor o compensadas con tiempo de descanso. Uno de los sectores más afectados por la reducción de jornada, el de la construcción, viene reclamando aumentar ese límite hasta 450 para afrontar este recorte en el tiempo máximo de trabajo.
Lejos de hacerlo, el anteproyecto de ley que reduce la jornada de 40 a 37,5 horas propone una nueva regulación del registro diario y a través de medios digitales para "permitir un adecuado control del tiempo de trabajo, de modo que, entre otros factores, se impida la proliferación de horas extraordinarias no ajustadas a derecho".
La reducción de jornada llega al Congreso
Las empresas, por su parte, se oponen a esta iniciativa y reclaman al Congreso que la frenen. El proyecto de ley tendrá que recibir ahora los apoyos parlamentarios necesarios, una tarea para el Gobierno que no se presenta fácil. Ni PP ni Junts tienen intención de votar a favor.
De hecho, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado este lunes que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada, y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue informada hace días por parte del mismo Puigdemont.
Los expertos han advertido de que la medida amenaza con frenar 200.000 nuevos empleos el próximo año, cuando entraría en vigor. Por su parte, los empresarios representados por CEOE estiman un impacto negativo de entre 21.000 y 23.000 millones de euros.
En este sentido, desde el Gobierno asumen que se introducirán cambios relevantes en el texto una vez entre en el Congreso, como las ayudas a las empresas que los expertos recomiendan, al entender que será la forma de acercar posturas y recabar los apoyos necesarios para aprobar definitivamente la norma.
Un proceso que podría alargarse durante meses, pese a que el Gobierno busca que esté publicada en el BOE cuanto antes y las empresas tengan hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos y asegurar el cumplimiento.
