El Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha condenado a España a abonar 9,2 millones de euros a la compañía Itochu, uno de los mayores conglomerados comerciales de Japón, por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables. Itochu intervino en la construcción y de la Plataforma Solar Extremadura, ubicada en Logrosán (Cáceres).
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
El laudo se emitió el pasado 16 de diciembre y ha sido confirmado ahora, y establece que España debe abonar 6,2 millones de euros de indemnización, además de 1,8 millones de intereses de demora y 1,2 millones de costas. Con este, son 27 los laudos arbitrales por las renovables en los que España ha sido condenada a pagar indemnizaciones.
El Ciadi condenó este mismo lunes a España a abonar 39,2 millones al gigante industrial japonés Mitsui por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables. Aunque el laudo se emitió el pasado mes de marzo, no fue ratificado hasta el citado día e incluye 31,5 millones en concepto de daños más 5,5 millones de intereses de demora, así como 215.000 euros por el arbitraje y 2,2 millones de costas, según recogió EFE. Inicialmente, Mitsui había presentado una reclamación que ascendía a 199 millones.
Otros casos
Por otro lado, el pasado viernes España apeló al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revoque la decisión del tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, que rechazó la inmunidad soberana alegada por España en varios procesos de ejecución de laudos arbitrales por el recorte a las energías renovables. Lo que pretende España es que el alto tribunal estadounidense anule tres laudos de alrededor de 400 millones de dólares (unos 355 millones de euros) a favor del fondo Blasket. En una resolución fechada el pasado 2 de diciembre, el tribunal de Columbia rechazó tomar en consideración los informes técnicos emitidos por la Comisión Europea en favor de España.
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española en 2013. Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Los casos planteados al tribunal de apelaciones son los de la firma estadounidense NextEra, a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, además de otros 5 millones en concepto de intereses de demora. Otro caso es el de 9REN, vehículo inversor con sede en Luxemburgo al que España debe abonar 40 millones de euros más 3,5 millones de intereses; el tercer caso es el de la compañía japonesa JGC, a la que hay que compensar con unos 34 millones de euros entre indemnización e intereses.
España objetó que nunca había acordado y nunca podría acordar un arbitraje con las empresas y se refiere a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la invalidez del arbitraje entre Estados de la UE. En paralelo, la Comisión Europea concluyó el pasado 24 de marzo que el laudo arbitral que ordena a España pagar una compensación a la firma luxemburguesa Antin por la retirada de las ayudas a las renovables en 2013 es ilegal, por lo que ha ordenado a España no efectuar ningún abono basado en el mismo.
