El Gobierno suscribió este martes el protocolo n.º 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los tribunales superiores de los Estados solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la interpretación o aplicación de los derechos y libertades del convenio. Moncloa, según las fuentes consultadas, accedió a la petición de Junts, ya que esta era una vieja demanda del expresidente catalán, en aras de ganar confianza con los independentistas.
Fuentes gubernamentales iten, en conversación con este diario, que Sánchez busca dos cosas: por un lado, intentar blindar a Carles Puigdemont, al menos políticamente, del previsible revés que sufrirá con la amnistía y, por otro, victimizarse por las instrucciones judiciales que le cercan e incidir en la práctica del 'lawfare' en España.
Fuentes comunitarias explican que este tribunal europeo es muy sensible en la protección de las identidades. Y ese es el motivo por el que el independentismo catalán lo tiene como todo un referente. El TEDH interpreta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un tratado internacional del Consejo de Europa, un organismo independiente de la UE. Su función es velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en el convenio.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene registradas dos cuestiones prejudiciales relacionadas con la Ley de Amnistía. Fueron planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas en julio de 2024, debido a dudas sobre la compatibilidad de dicha ley con el derecho de la Unión Europea. Y ambas se encuentran en fase inicial de tramitación. Hasta la fecha, el TJUE no ha establecido un calendario específico para su resolución.
Pero en caso de que el TJUE considerase que la amnistía vulnera el derecho de la UE (por ejemplo, en materia de corrupción, independencia judicial o principio de no discriminación), sus resoluciones serían vinculantes para España. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tendrían que aplicar su doctrina y, si fuera necesario, anular la ley o su aplicación en ciertos casos. Si el TJUE dice que la amnistía es contraria al Derecho de la UE y el TEDH considera que su anulación vulnera derechos fundamentales, como persiguiría Puigdemont, España podría quedar en una situación de conflicto normativo entre la UE y el Consejo de Europa.
En ese caso, el Gobierno -y por supuesto el líder de Junts- podría usar el fallo del TEDH como argumento político y jurídico para defender la amnistía y blindar a Puigdemont al grito del lawfare de marras.
Fuentes jurídicas, en cualquier caso, explican que la firma de este protocolo, "quizá hubiera sido útil hace unos meses, cuando llegaron al Tribunal Supremo las pretensiones de nulidad de los condenados en el proceso". Y siguen: "En ese momento, el Alto Tribunal, de haberse firmado el protocolo [con anterioridad], hubiera estado legitimado para elevar una consulta al TEDH acerca de las lesiones en los derechos fundamentales de los condenados. Ahora entiendo que, en ese particular, ya es tarde".
Carles Puigdemont tiene una obsesión: ser amnistiado. Casi nada más le importa. El Tribunal Supremo considera que el delito de malversación que se le imputa no está dentro de los supuestos contemplados por la norma para dejar sin efecto sus causas penales. Al final será el Tribunal Constitucional el que termine decidiendo, sin fecha clara en el horizonte, una vez que el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad relacionada con algunos delitos, como la malversación agravada y la desobediencia, que afectan directamente a la causa abierta contra el expresidente catalán.
Pese a que el PSOE lanza a la delegación de Junts mensajes de tranquilidad respecto a que el Constitucional tiene en estos momentos una mayoría con una clara afinidad a la política socialista, lo cierto es que Puigdemont no se fía. El Gobierno sigue dando por descontado que el tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido -próximo al PSOE-, corregirá al Supremo porque "no hay por dónde agarrar que hubo malversación".
En lugar de amnistiar todo el delito de malversación, la ley dejó fuera a quienes hubieran buscado "un beneficio personal de carácter patrimonial". Y eso es a lo que se agarra el Supremo para intentar atar a Puigdemont e impedir que se escape por el coladero de la amnistía. La lectura del Alto Tribunal es que el Ejecutivo quería evitar un previsible revés de la Justicia europea a una amnistía total. Y por eso optó por el redactado que terminó en el BOE.
Hace tiempo que Moncloa provoca al poder judicial, al que sustrae de parcialidad y dibuja como un actor político con intencionalidad. El contexto lo es todo en política. Y es indiscutible que este tipo de gestos de índole supranacional "permite al gobierno firmante jactarse de alinearse con la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre legislaciones". En plata: munición retórica para contraatacar las decisiones de los tribunales españoles que contravengan sus intereses políticos.
El Consejo General del Poder Judicial ha criticado en varias ocasiones que desde el poder Ejecutivo se cuestione "de forma generalizada" a los jueces y se les acuse de tener "sesgos políticos". Pero el equipo del presidente en Moncloa, lejos de rebajar la confrontación, argumenta: "El Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno". El círculo de confianza del presidente Pedro Sánchez no se esconde en sus críticas: "Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar".
Desde que Pedro Sánchez es presidente, el debate sobre la afronta desde el Ejecutivo a la separación de poderes no ha hecho más que crecer. En ese lapso, el presidente del Gobierno ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas dependientes de las órdenes jerárquicas de Ferraz. Esta situación supone una afrenta a su independencia. Quizá una de las más afectadas -y señaladas- sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Pero a esta lista se suman el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libran algunos de los puestos de representación en el extranjero más jugosos, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco. Todos y cada uno de estos organismos tiene al frente a un 'colocado' por el presidente del Gobierno.
Playero
26/02/2025 16:38
Sánchez, el que dijo que iba a traer a Pigdemont a España para que se enfrente a la justicia.
José Alejandro Vara
Habrá alguna limpia, algun recambio. Y luego, prietas las filas