El Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido este miércoles por la tarde al Ejecutivo de Canarias un protocolo para dar asistencia a los niños solicitantes de asilo que se encuentran en el archipiélago y que el Tribunal Supremo fijó en 1.008.
Un texto enviado horas antes de la vista fijada por el Tribunal Supremo, prevista para este jueves, en la que los magistrados exigirán a Moncloa saber los motivos por qué no se ha derivado a los menores a la red estatal de acogida cuando el Alto Tribunal dio un plazo de diez días el pasado 25 de marzo.
Casi un mes después de que el Tribunal Supremo obligase al Gobierno a dar asistencia a los menores solicitantes de asilo, el Ejecutivo central ha remitido una propuesta que, según fuentes del Ministerio de Política Territorial, se trata de un "borrador abierto a aportaciones".
El documento, al que ha tenido Vozpópuli, surge desde la secretaría de la Comisión Interministerial de Inmigración y fruto del "trabajo intensivo" realizado con la implicación de distintos ministerios en las últimas semanas a raíz del acuerdo alcanzado con el Gobierno canario el pasado 3 de abril.
Las mismas fuentes precisan que tanto el ministro Torres como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han estado en o en los últimos días. De esas conversaciones, indican, se aprecia una voluntad de llegar a acuerdos.
La previsión, según cuentan a este medio tanto fuentes del Gobierno como de la istración canaria, es que los servicios jurídicos de ambos gobiernos se reúnan en los próximos días con el objeto de llegar al "máximo acuerdo posible" y sacar adelante un protocolo conjunto que vele por el interés superior del menor.
Cita en el Supremo
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que informar este jueves sobre el cumplimiento de la orden impuesta por la Sala de lo Contencioso-istrativo para que la istración central garantizase el y la permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
Esta 'vistilla' llega a raíz de un recurso elevado por el Gobierno de Canarias ante el TS en el que se requería que el Gobierno asuma la protección de un total de 1.008 menores que habían solicitado asilo político y que estaban dentro del sistema de acogida de Canarias, saturado desde hace meses.
Adicionalmente al debate jurídico sobre el reparto de competencias en materia de inmigración y menores, el Ejecutivo central alegó en uno de los escritos presentados ante el alto tribunal la falta medios y de capacidad en el Sistema de Acogida de Protección Internacional como una de las razones que han condicionado el retraso en la protección de estos menores que continúan hacinados en las islas.
Reunión con las autonomías
El Gobierno obligará a las comunidades autónomas a crear más plazas para acoger a los 4.400 menas de Ceuta y Canarias que forman parte del reparto extraordinario acordado entre el PSOE y Junts, que permitirá a los territorios más ocupados a aliviar su situación. Así se ha transmitido este miércoles en una reunión entre Moncloa y las autonomías.
Excepto las islas y las ciudades autónomas, las demás autonomías tendrían que ampliar su red de plazas para menores migrantes no acompañados basándose en el criterio de capacidad ordinaria. De tal forma que esas nuevas plazas sean estructurales.
El Ministerio de Juventud e Infancia fijó en 32 plazas del sistema de protección para 100.000 habitantes los criterios acordados el Gobierno y Junts al margen de las autonomías. En el Gobierno consideran que es "perfectamente asumible" por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas.
