Este martes, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados una petición para forzar la comparecencia de la secretaria de Estado de Defensa. El objetivo: "Para informar sobre el plan de 'desconexión tecnológica' de las Fuerzas Armadas con la industria israelí, anunciado por la propia Secretaria de Estado de Defensa en un acto el pasado viernes 30 de mayo, así como las consecuencias que pudieran tener para la salvaguarda de nuestra Defensa y Seguridad Nacional", reza la iniciativa.
En concreto, los populares quieren que Amparo Valcarce, número dos de Margarita Robles, explique con detalle la decisión de revocar las licencias a la empresa israelí Rafael Advanced Defense System para fabricar en España misiles SPIKE LR2. Según confirmaron ayer desde el Ministerio, se está buscando la reorientación del programa en busca de alternativas.
Fue en octubre de 2023, apenas unos días antes del ataque de Hamás a Israel, cuando el Gobierno de España adjudicó un contrato para el suministro de 168 sistemas de misiles contra carros de quinta generación por un valor de 285 millones de euros. El argumento que esgrimió el Ejecutivo para sellar aquel acuerdo comercial fue la "obsolescencia" de los sistemas utilizados hasta entonces para el reemplazo por otros más modernos "como los que ya se encuentran en servicio en muchos de los ejércitos" de los países aliados.
Entonces, se concedió la citada licencia para la fabricación de estos misiles en España a la empresa 'PAP Tecnos', filial española de la compañía israelí Rafael Advanced Defense System. Ahora, Defensa, empujada por las polémicas actuaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza, decide revocar la licitación. Un paso que se enmarca en el plan que ha trazado el Gobierno para llevar a cabo una "desconexión" de España con el Estado hebreo en materia de seguridad.
Una estrategia de la que recela el principal partido de la oposición, que alerta del perjuicio que un quebranto de las relaciones comerciales y diplomáticas de nuestro país con Israel puede acarrear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La ruptura de las relaciones con Israel ya afecta a la Guardia Civil
Ayer mismo, Vozpópuli informó de que la cancelación del contrato que iba a suministrar 15 millones de balas a las unidades de la Guardia Civil ya está dejando importantes efectos adversos. El primero de ellos viene provocado por orden del instituto armado de asegurar una reserva de munición mientras se licita un nuevo contrato. Esta situación ha obligado a varias unidades a limitar los cartuchos que pueden disparar en sus prácticas de tiro entre un 20 y un 30 %, según revelan fuentes de la Guardia Civil.
Detallan los agentes que han recibido instrucciones de reducir de 25 a 20 los cartuchos destinados a los entrenamientos cada seis meses. Así, los guardias civiles ya disparan en sus prácticas de tiro menos munición que el personal de seguridad privada, que por normativa tiene establecido un mínimo de 25 cartuchos cada seis meses. Este escenario ha provocado un notable malestar en el instituto armado, incluso entre los mandos operativos, ya que afecta de forma directa en la preparación de los agentes para enfrentarse a las situaciones de mayor riesgo.
El pasado mes de octubre, el Ministerio del Interior aseguró que iba a dejar sin efecto el contrato para la compra de 15,3 millones de balas del calibre 9mm que había adjudicado a la filial española de la fabricante israelí IMI Systems, pero ocultó que finalmente siguió adelante con el procedimiento. La adjudicación se formalizó y, debido a la polémica, el propio Pedro Sánchez ordenó a Interior que revocara el procedimiento.
Tras estudiar las posibles alternativas, Moncloa anunció que la Junta de inversión de material de doble uso denegaría a Guardian Homeland Security SA, la empresa afectada, el permiso de importación de este material a nuestro país "por razones de interés general" y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindiría el contrato. La documentación iba firmada por el ya ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al que el ministro Fernando Grande-Marlaska fulminó en plena polémica por la ofensiva contra la Unidad Central Operativa (UCO).
