El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, se planta ante la tasa de basuras que ha impuesto Pedro Sanchez a los ayuntamientos con más de 5.000 vecinos. La medida ha recibido críticas en los consistorios encabezados por el Partido Popular (PP), que defienden que la premisa usada por el Gobierno de que lo obliga la Unión Europea por medio de una normativa es falsa. De hecho, el ministerio de Hacienda aseguró en su momento que la tasa era "una recomendación", según las directrices europeas.
Se trata de una tasa “no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”, aunque no está contemplada ningún tipo de sanción para aquellos ayuntamientos que decidan desobedecer.
"Mientras Sánchez nos sube todos los impuestos que puede, en Leganés no tocamos un solo impuesto municipal", ha asegurado el alcalde del PP. El nuevo impuesto tendrá que ser notificado a todos los ciudadanos que, una vez lo tengan en sus casas, tendrán dos meses para abonarlo.
La decisión la comunicó el primer edil pepinero el 2 de enero en un vídeo en redes sociales y después aseguró en diferentes entrevistas que no existe un régimen sancionador para los que no cumplan con la ley que impone ahora Pedro Sánchez, tal y como ha corroborado su gabinete de prensa a Vozpópuli.
Otras medidas para “anular” la tasa de basura
El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, tiene otro plan para que la tasa —que viene marcada por las directrices de Bruselas— no haga mella en el bolsillo de los contribuyentes gatos: las repetidas bajadas del IBI en la capital que, de esta manera, contrarrestarán el peso del tasazo de las basuras de Sánchez.
"Los ayuntamientos vamos a sufrir un sanchazo, porque esto es un sanchazo en forma de tasazo", aseguró el alcalde de Madrid. "La tasa de basuras no es cierto que venga de la normativa comunitaria, viene de la ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez", una tasa para la que no ha habido consenso.
Hace ya dos años, en 2022, el Gobierno de Sánchez aprobó la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el texto aprobado se daba un margen de tres años para aplicar un nuevo impuesto que paliará el déficit que supone para los municipios la recogida de basuras, reflejando el coste real del servicio, que incluye el transporte y tratamiento de los residuos.
El Ejecutivo central podría recaudar en torno a 4.000 millones de euros más al año, según las estimaciones de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local.
"Las rebajas fiscales de este Ayuntamiento y de este equipo de Gobierno hacen que incluso con este sanchazo vayan a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019. Lo tenemos que poner contra nuestra voluntad porque nos lo impone Pedro Sánchez este tasazo. Aun así, la presión fiscal será menor en el año 2025 que en el año 2019 gracias a esas rebajas fiscales", ha apuntado.
A partir de 2026, podrá pagarse de forma fraccionada. Debe recaer sobre los inquilinos en caso de alquileres, puesto que la ley está pensada para que el ciudadano sepa cuál es el coste de todas las operaciones de recogida de basuras, así como su posterior tratamiento.
La estrategia fiscal de las localidades gobernadas por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid pasa por reducir impuestos como el IBI, el impuesto de vehículos, congelar la mayoría de impuestos excepto el de basuras o bonificar la separación de los residuos.
