España

La ofensiva del Gobierno contra la UCO se convierte en persecución: pretende 'desactivarla' por investigar su corrupción

La tentativa para recabar información comprometida sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas constata la estrategia labrada desde Ferraz

  • Agentes de la UCO en una operación policial -

Es la crónica de una persecución anunciada, solo que ahora se ha personalizado. El PSOE ha puesto nombre y apellidos -los del teniente coronel Antonio Balas- al señalamiento sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga los casos de corrupción que afloran en la Moncloa. Desde Ferraz parece urdirse una estrategia para tratar de desactivar la unidad élite anticorrupción del instituto armado.

El PSOE solo ha podido desmentir la información publicada por El Confidencial escudándose en que ninguna de las personas que trataron de recabar información sensible sobre el citado mando de la UCO están "en nómina" de Ferraz. Sin embargo, la fontanera y militante del partido Leire Díez ha sido sobradamente vinculada a la sede socialista. El ministro del Interior, último superior del teniente coronel señalado, tuvo la oportunidad de salir en su defensa al ser preguntado por los periodistas este lunes, pero Fernando Grande-Marlaska prefirió "remitirse" al comunicado emitido por el partido, que negaba una maniobra para desprestigiar a los investigadores.

Las informaciones de las últimas horas se suman a una serie de acusaciones lanzadas desde Moncloa y Ferraz que han redoblado la presión sobre los integrantes de la UCO, incómodos por sentirse "en el punto de mira", señalan fuentes del instituto armado. La última de estas tentativas, al señalar el Ejecutivo a "quienes tenían el deber de custodia" tras la filtración de los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ex número dos y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Mientras tanto, desde la UCO prefieren mantener un perfil bajo y prosiguen con sus pesquisas, que se plasmarán en próximos informes remitidos, entre otros, al magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso Koldo.

El protagonista de ese informe será el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con quien se ha vinculado, precisamente, a Leire Díez, la militante socialista que trató de recabar información para desprestigiar al teniente coronal Antonio Balas. El PP ha anunciado que la citará a la comisión del Senado sobre el caso Koldo tras conocerse la maniobra para "matar", según el audio desvelado por El Confidencial, al responsable de la UCO, "la Camorra de la Guardia Civil".

Según ha venido publicando Vozpópuli, el informe que la UCO está ultimando y que verá la luz en los próximos días apuntará a al menos una decena de indicios presuntamente incriminatorios contra Santos Cerdán, quien itió su "interés" por obras públicas en Navarra, pero negó la comisión de delitos.

El infructuoso intento de Ferraz por atacar al teniente coronel Balas no es la única constatación de las presiones sufridas por la UCO por parte del entorno del Palacio de La Moncloa. También se interpretó así el mensaje de Whatsapp en el que el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, próximo a Marlaska, quiso que un responsable de la UCO le rindiera cuentas por la incautación a Koldo García de dos discos duros con "información sensible" sobre Pedro Sánchez. Esos dispositivos almacenaban algunas de las conversaciones publicadas por El Mundo cuya filtración habría partido del entorno de Ábalos, según reconoció él mismo.

Precisamente, el exministro de Transportes también ha protagonizado desde su imputación en el Tribunal Supremo una cruzada particular contra la UCO, a quien denunció primero por "interceptar correspondencia privada" cuando aún mantenía su condición de aforado ante la justicia y, después, por la supuesta "intervención ilegal" de sus comunicaciones.

Los guardias civiles salen en defensa de la UCO

Aunque desde la UCO, como cabría esperar, mantengan silencio, las asociaciones de la Guardia Civil han salido en defensa de su "profesionalidad" e "independencia". Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), exclaman que "en un Estado de Derecho, no puede itirse presuntas intromisiones o acciones que, directa o indirectamente, puedan pretender condicionar la actuación de las unidades de investigación policial".

Por su parte, desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) remarcan que de confirmarse la maniobra de Ferraz, se trataría de unos "hechos de extrema gravedad" que atacan a la UCO, "una unidad que ha demostrado su excelencia profesional de forma independiente, imparcial  y al margen cualquier interferencia externa".

En la misma línea se ha manifestado la Asociación Profesional de Cabos, quien ha pedido al entorno del PSOE que "derroche su esfuerzo y su trabajo (dentro de la legalidad) hacia los investigados y no hacia los investigadores". También lo ha hecho Jucil, quien ha denunciado una "purga sistemática que el Gobierno del PSOE ha llevado a cabo en los altos mandos de la institución desde su llegada al poder".

 

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