La Fiscalía ha formalizado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la absolución de Iratxe Sorzabal, exjefa de ETA, por su supuesta implicación en un atentado perpetrado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún (Gipuzkoa). La Audiencia Nacional exculpó a Sorzabal al considerar probado que fue sometida a torturas durante su detención en 2001, lo que viciaba de nulidad la principal prueba en su contra: un manuscrito en el que reconocía su autoría.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que dicha prueba, una "kantada" o "autocrítica" enviada a la dirección de ETA, fue elaborada voluntariamente y no deriva de las declaraciones policiales obtenidas bajo malos tratos. Por ello, solicita que se revoque la sentencia absolutoria y que se celebre un nuevo juicio ante un tribunal distinto dentro de la propia Audiencia Nacional.
La decisión de recurrir fue respaldada esta semana por la Junta de Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, que aprobó por amplia mayoría la propuesta formulada por el fiscal Álvaro Redondo. En su argumentación, la Fiscalía sostiene que la "kantada" no está contaminada por los malos tratos acreditados y que contiene datos inéditos, dirigidos exclusivamente a la cúpula de la organización terrorista, lo que demostraría su autenticidad y valor probatorio.
“La autocrítica constituye una prueba de cargo válida y no afectada por las declaraciones policiales”, afirma el Ministerio Público, que reprocha a la Audiencia Nacional no haber valorado adecuadamente este elemento clave. A juicio de la Fiscalía, al desechar esta prueba, el tribunal habría vulnerado el derecho del fiscal a una tutela judicial efectiva.
Una "autocrítica" bajo la lupa
El caso de Sorzabal es uno de los más sensibles en la recta final del proceso judicial contra el aparato militar de ETA. Detenida por primera vez en 2001 en Hernani (Gipuzkoa), logró huir y permanecer en la clandestinidad hasta que fue arrestada en Francia en 2015, junto al también dirigente etarra David Pla. Fue condenada en 2022 a 24 años y medio de prisión por su participación en un doble atentado en Gijón, pero ha sido absuelta recientemente en otros procesos, entre ellos el del atentado en Irún y el de la colocación de una bomba en el aeropuerto de El Altet (Alicante), ambos en 1995.
En el caso de Irún, la Audiencia Nacional declaró probado que Sorzabal fue víctima de torturas durante su detención en 2001, incluyendo la aplicación de electrodos, lo que invalidó tanto sus declaraciones policiales como el manuscrito posterior, al considerar que este fue una consecuencia directa de aquellos tratos inhumanos. Un informe pericial presentado en el juicio respaldó la existencia de lesiones compatibles con descargas eléctricas, lo que fue determinante para la sentencia absolutoria.
"La existencia de torturas ha sido acreditada más allá de toda duda razonable", afirmó el tribunal, que concluyó que el manuscrito -aunque contuviera datos no revelados en comisaría- no podía considerarse independiente de las confesiones obtenidas bajo coacción.
La Fiscalía, por su parte, discrepa de esta interpretación. Considera que el documento fue redactado ya fuera del contexto de la detención y responde a una práctica interna de ETA, que obligaba a sus militantes a informar a la dirección sobre sus actuaciones y sus declaraciones ante la policía.
El recurso ya ha sido presentado formalmente y ahora será el Tribunal Supremo quien deba decidir si ite a trámite la impugnación y, en su caso, ordena la repetición del juicio con otro tribunal.
