La juez que investiga la gestión de la dana que acabó con 228 fallecidos en octubre pasado ha notificado hoy cuatro autos entre los que destaca su negativa a que se analicen los móviles oficiales de los dos únicos investigados hasta la fecha: la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas y el exsecretario autonóimico del mismo departamento, Emilio Argüeso.
En el escrito, la titular del Juzgado número 3 de Catarroja, desestima el recurso de reforma interpuesto por una de las acusaciones populares, Acció Cultural del País Valencià, contra la decisión de la juez de rechazar pedir a la Generalitat información sobre los citados móviles oficiales.
Fallecimientos, sí; homicidios dolosos, no
De haber aceptado, la magistrada reitera que afectaría al secreto de las comunicaciones de los investigados y no sólo a ellos. Además, esa injerencia en tal derecho fundamental “sólo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos” y respecto de los presuntos responsables de esos delitos.
Defiende en el auto que esta circunstancia no cree que concurra en el caso de Pradas y Argüeso porque no se puede "convertir los fallecimientos en homicidios dolosos", a la luz de lo que se ha ido conociendo.
En el auto, eso sí, la magistrada vuelve a destacar el "padecimiento de los familiares" que es "de imposible reparacion" y considera que la investigación que está dirigiendo revela "una negligencia grosera de los investigados".
Y lo sustenta en que los investigados "ni siquiera han asumido a día de hoy quién debía ostentar la dirección de la emergencia, aunque sus propios actos en el Cecopi lo desmintieran" y prosigue assegurando que "desplazan la responsabilidad a los técnicos y en general a cualquier persona o istración que no les afecte".
Identificar a los acreditados para el Es-Alert
Otro de los autos notificados hoy sí que acepta la petición de otras de las acusaciones populares, en este caso la que sustenta Ciudadanos, para que se identifique a todas las personas que estaban acreditadas para redactar y validar los mensajes de ES-Alert a fecha de 29 de octubre de 2024, así como para que informe sobre la formación que habían recibido y cuáles de esos trabajadores se encontraban trabajando el citado día.
La tercera de las resoluciones conocidas hoy desestima la solicitud de prueba realizada por una acusación particular para incorporar a la causa el informe anual de la presa de Forata de 2023 y, en su caso, el de 2024. La juez lo deniega por entender que ya obran en la causa informes de esas infraestructuras y la petición de otro “es redundante”.
Recuerda la magistrada que la Guardia Civil está elaborando un documento con una cronología de los hechos y que la citada presa se halla en una cuenta completamente distinta de aquella en la que falleció la pareja de la mujer que ejerce esta acusación particular, por lo que dicha prueba “en nada servirá para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento”.
AVA, aceptada como acusación popular
Finalmente, en el cuarto auto, la magistrada acepta la personación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular en el procedimiento bajo la condición de que consignen una fianza de 6.000 euros en el plazo de diez días hábiles.
La incorporación de la asociación que preside Cristóbal Aguado puede poner el acento en las infraestructuras necesarias para minimizar los efectos de las riadas, aunque es una óptica en la que la magistrada, hasta la fecha, no ha querido profundizar, ya que ha circunscrito todo el proedimiento a la gestión del día 29 por parte de la Generalitat Valenciana.
