A sus habituales críticas por su sesgo ideológico, TV3 suma ahora problemas también por su gestión económica. A este respecto, el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha dictado auto de incoación tras la denuncia presentada por Societat Civil Catalana contra los responsables de las "graves irregularidades" cometidas en la gestión de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente que agrupa a la televisión autonómica, Catalunya Ràdio y la Fundación Marato. Con ello, la juez emprende la investigación de unos hechos que, considera, "pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
Cabe recordar que en la denuncia presentada por SCC el pasado 29 de abril ante los tribunales se reclamaba que se investigasen las irregularidades detectadas en un informa de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la CCMA entre los años 2021 y 2022. Concretamente, en el informe se avisaba de que los salarios de cuatros directivos superaron en ese periodo la retribución de un 'conseller' de la Generalitat —más de 10.000 euros al mes—, lo que contraviene la normativa.
También, que la CCMA destinó 4,7 millones de euros a gastos de personal y concedió contratos por valor de 63.729 euros, prácticas que estimó "cuestionables. Finalmente, observó "deficiencias" en los procesos de selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras y Jordi Borda, respecto a los méritos evaluados. Por todo ello, SCC apuntó que los hechos no parecían "casos aislados", sino parte de un "patrón sistemático de gestión irregular".
Ahora, tras aquella denuncia —por presuntos delitos como prevaricación, malversación u omisión del deber de perseguir delitos— la jueza de Instrucción del Juzgado número 1 de Sant Feliu de Llobregat ha requerido numerosa documentación a la CCMA Catalana a la Sindicatura de Cuentas. A ésta última, le reclama el "informe 2/2025 en su versión íntegra, incluyendo todos sus apartados, anexos, papeles de trabajo, documentación soporte y cualquier otra información interna utilizada durante la fiscalización".
En cuanto a la CCMA, le exige contratos, nóminas y resoluciones salariales del personal directivo, expedientes completos de selección y nombramiento de dicho personal, expedientes de contratación de pólizas mediante procedimiento negociado sin publicidad y documentación sobre incentivos y trienios.
