Con la mitad de los 1.000 millones que Salvador Illa se va a gastar en forzar el uso del catalán se puede contratar personal sanitario y istrativo para atender a medio millón de pacientes durante seis años en 50 centros de atención primaria de Cataluña. El presupuesto del Pacte Nacional per la Llengua desplegado por el Govern sanchista que reclama soberanía fiscal es prioritario para una política lingüística que hunde sus raíces en el xenófobo manifiesto Koiné de 2016 que abogaba, como el pacto de ahora, por una “normalització lingüística” y que enarbolaba el lema 'Una llengua per a tothom', semejante a 'El Govern de tothom' que predica el Ejecutivo de Illa.
El documento alumbrado por Illa y las fuerzas independentistas desarrolla esa misión universal conectando el Pacte per la Llengua con la Agenda 2030".
El pacto firmado el 13 de mayo presenta la lengua cooficial como la “principal aportación” de Cataluña a la “diversidad lingüística de la Humanidad”. Desde cierta supremacía y con lenguaje hiperbólico, el documento alumbrado por Illa y las fuerzas independentistas desarrolla esa misión universal conectando el Pacte per la Llengua con la Agenda 2030, ya que, según dice, la 'normalización' del catalán contribuye “al bienestar de toda la Humanidad”, siendo una aportación “al problema global de la sostenibilidad lingüística”.
Esa pretensión visionaria para apoyar un desembolso superior a 1.000 millones de euros hasta 2030 y conseguir 600.000 nuevos catalanohablantes va a impregnar todos los rincones de la sociedad catalana, particularmente los sectores con mayor presencia de nacidos fuera de Cataluña. Quienes lamentan la llamada 'minorización' de la lengua catalana insisten en el descenso de médicos y enfermeras catalanohablantes, paralelo a la incorporación a esos puestos de profesionales procedentes de otros puntos de España o iberoamericanos. Para ellos la Generalitat ofrece el programa gratuito de aprendizaje 'Prescriu-te el català', al que ahora se añade la implantación en los centros sanitarios de “itinerarios lingüísticos” para todos los empleados. El gasto del programa más el itinerario alcanza el 1.140.000€ solo en este año, cantidad equivalente a las retribuciones anuales de 24 médicos de hospital o a las de 32 enfermeras de esos mismos centros.
En el reparto de millones por parte de una Generalitat a la que Sánchez le acaba de condonar una deuda de 17.000 millones de euros, destaca la partida de 104,26 millones para “un modelo educativo de protección de la infancia y la adolescencia y una universidad que garanticen el pleno a la lengua” e impulsen su uso como “herramienta potente de cohesión social”. De ese centenar largo de millones, 13 corresponden a planes para forzar el uso del catalán en el entorno escolar y actividades extraescolares, aparte de la inmersión. Con esos 13 millones se podrían financiar 2.300 becas para Formación Profesional en Tarragona, 1.600 becas para estudios de Bachillerato en el Vallés Occidental y otras 2.500 para Bachillerato en el Consorci d’Educació de Barcelona.
El cuadro junto a estas líneas recoge otros destinos alternativos para los 255 millones del Pacte Nacional per la Llengua que Salvador Illa se ha comprometido a desembolsar en lo que queda de año en una región donde un 8,6% de la población sufre privación material y social severa, con una tasa de pobreza/exclusión social del 24%. Las 138 páginas del documento están salpicadas de consideraciones, motivaciones y descripciones de objetivos en las que se advierte cierto rechazo ideológico a la lengua española y clasismo ante la población inmigrante con escasos recursos que ha alterado los designios lingüísticos del nacionalismo que, antes del manifiesto Koiné, esbozó en 1990 Jordi Pujol en su 'Estrategia de recatalanización' conocida como Programa 2000.
El presidente de la Generalitat hace una propuesta excluyente
Un propósito de este nuevo plan lingüístico es mostrar un espíritu conciliador e integrador como el que habitualmente proclama el presidente de la Generalitat. Pero en realidad hace una propuesta excluyente al pedir que las reformas del “modelo de escuela catalana” se hagan con el consenso “de las fuerzas políticas y de las entidades que lo defienden”. Deja, así, fuera del acuerdo conciliador/integrador a quienes no comulguen con el modelo escolar basado en la inmersión lingüística y la exclusión del castellano.
Las señales totalitarias de la política lingüística en la que se ha embarcado el Partit dels Socialistes de Catalunya por decisión de Pedro Sánchez asoman en varios de los 'horizontes' o metas del Pacte Nacional. Son pasajes que evocan el espíritu xenófobo y discriminador del manifiesto Koiné que, en 2016 y bajo el título 'Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent', condenaba el castellano “como lengua de dominación”, considerándolo “instrumento de colonización lingüística”.
Nueve años después el Govern de Cataluña propone, por ejemplo, forzar en la escuela a los alumnos castellanohablantes con “espacios de socialización en catalán” fuera del horario lectivo, mediante “dinámicas coordinadas y proactivas” para que usen esa lengua en el recreo, en el comedor y en las actividades extraescolares (Horizonte 4). Otras metas en esa línea totalizadora son el “requisito de acreditar los conocimientos del catalán” a quienes presten servicio de atención a víctimas de violencia machista (Horizonte 3), impulsar ”el uso del catalán” en los centros de trabajo y promoverlo también, junto a su aprendizaje, en la negociación de los convenios colectivos y en la contratación pública (Horizonte 6).
Ha coincidido la presentación del 'milmillonario' Pacte Nacional per la Llengua con la aparición de la obra 'La factura del cupo catalán' (J. Fdez. Villaverde y F. de la Torre. La esfera de los libros. 2025) y la inminente llegada a las librerías de 'El español, lengua común' (Jesús Rul. Almuzara/Sekotia. Junio 2025). Se trata de dos enmiendas a la totalidad a este plan quinquenal del Gobierno de Illa, elaboradas desde el conocimiento científico y la experiencia profesional. Con el primero de los libros se entiende el coste del pacto ahora firmado como otro elemento de una gestión económica caprichosa empeñada en gastar mucho más de lo que tiene. El libro de Rul, por su parte, documenta cómo las discriminaciones de los hispanohablantes están limitando la movilidad, la igualdad de oportunidades laborales y los derechos básicos, torpedeando una convivencia armónica entre comunidades lingüísticas.
rafwings
24/05/2025 09:31
Un desproposito mas de estos separatistas,que lo unico que les interesa es dividir a la sociedad y llenarse sus bolsillos.Pero eso si,que la fiesta se la paguen otros, que es de lo que se trata.