La vivienda vuelve a la carga en el frente competencial entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El conflicto, tensionado como los cascos antigüos de las capitales andaluzas, vuelve a la palestra después del planteamiento que ha presentado el presidente Pedro Sánchez con su Acuerdo Estatal para la Vivienda. En la carta remitida a los presidentes autonómicos, previa a la Conferencia de dirigentes regionales, el presidente propone triplicar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, además de plantear la creación de una base pública de precios de alquiler y compra/venta.
Como de costumbre, la ocurrencia no ha estado exenta de crítcias, pues la forma de atajar esta cuestión choca de forma diametral con los planteamientos del Ejecutivo de Moreno. La consejera portavoz de la Junta, Carolina España (PP-A), ha criticado duramente tanto el enfoque como los resultados de la actual Ley estatal y urgía a su modificación inmediata. También tuvo críticas para la misiva, “muchas condiciones y pocas soluciones” sentenció.
La portavoz andaluza también respaldó sus críticas con datos: “Se ha incrementado el precio de la vivienda un 16%, el precio del alquiler un 24% y se ha reducido la oferta un 17%”. Además, sostuvo que la ley “protege más al okupa que al propietario” aún siendo una cuestión de bajo impacto en el a la vivienda actual. Defendió que es el momento de apostar por medidas fiscales concretas, como bajar el IVA de la vivienda o establecer deducciones en el IRPF, en lugar de seguir con “anuncios sin ejecución”.
Andalucía: Ayudas y construcción
La Junta de Andalucía continúa avanzando en su propio plan regional. Este miércoles se abordó la convocatoria de subvenciones del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler (FPA 2025), dotado con 38,3 millones de euros, para financiar la construcción de viviendas protegidas a precios asequibles, tanto por promotores públicos como privados.
Se han presentado ya solicitudes en cinco provincias —Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla— para la promoción de 1.237 viviendas, que cuentan con financiación compartida entre la Junta, el Ministerio de Vivienda y los promotores. La consejería de Fomento, Rocío Díaz, destacó que este programa tiene un “efecto multiplicador” para la economía andaluza, estimando una inversión total superior a los 156 millones de euros.
El plan contempla dos líneas de subvenciones: una centrada en viviendas para personas mayores o con discapacidad, con servicios sociales incluidos, y otra destinada a soluciones residenciales innovadoras como el cohousing o viviendas intergeneracionales. Todas deberán contar con calificación energética A y mantener el régimen de alquiler o cesión de uso durante al menos 20 años.
Mientras, desde Moncloa se insiste en que la política de vivienda es una competencia compartida. En su carta, Pedro Sánchez propone que el Estado aporte 4.000 millones de los 7.000 totales del nuevo plan para 2026-2030, solicitando a las comunidades que completen el esfuerzo con al menos 2.700 millones. También se plantea blindar la calificación de vivienda protegida para que las promociones financiadas con dinero público no puedan acabar en manos de fondos privados ni descalificarse con el tiempo.
Además, Sánchez apuesta por crear una base de datos pública para conocer precios reales, rompiendo así el monopolio informativo de los portales inmobiliarios privados. “Solo con esa transparencia se pueden diseñar políticas eficaces”, se argumenta desde el Gobierno.
Cruce de acusaciones
El choque de modelos ha encendido también el debate político andaluz. Desde el PSOE-A, el portavoz Francisco Cuenca ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de incumplir sus promesas. “Se comprometió a construir 40.000 viviendas, luego dijo que 20.000, y no ha hecho ni 200”, afirmó Cuenca, quien instó al Ejecutivo andaluz a reconocer el papel del Gobierno de España y a actuar “con humildad”.
Desde la Junta, en cambio, se insiste en que Andalucía lidera la ejecución y que los anuncios del Ejecutivo central llegan tarde y sin concreción. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, aseguró que analizará con celeridad la carta de Sánchez, pero lamentó que esta se haya enviado solo dos días antes de la Conferencia. “Estamos acostumbrados a que el presidente haga anuncios, pero no planificación”, dijo, subrayando la necesidad de diálogo con las comunidades y el sector.
