Distribuidora Industrial, S.A. (Disa), la firma que preside Demetrio Carceller que ingresa en las islas cerca de 4.000 millones de euros , es decir, la empresa que en su conjunto más factura en Canarias incluyendo a la constructora Syocsa, ha advertido al PP, que gestiona en las islas la regulación del negocio energético y que autorizó prospecciones petrolíferas en 2014, que la Ley Canaria de Cambio Climático del archipiélago genera un clima de injerencia del sector público sobre el privado más propio de un esquema revolucionario bolivariano que de una democracia occidental avanzada.
La nueva norma canaria premiará en la puntuación por la concurrencia de proyectos de potencia (MW) a las promotoras que accedan a dejar un 20% de sus ingresos a entidades públicas o de interés general como ONGs. La empresa petrolífera, que desde 1933 opera en las islas, cuestiona la transparencia del procedimiento, al considerarlo incompatible con la ley de secretos empresariales, y advierte sobre los riesgos relacionados con la divulgación de información sensible.
? El presidente de Canarias @FClavijoBatlle intervino este lunes en la entrega del Premio Emprendedor del Año de las Islas Canarias de Ernst & Young otorgado a Demetrio Carceller, presidente de Disa Corporación. pic.twitter.com/x84CmYTttM
— Presidencia GobCan (@PresiCan) February 5, 2024
En declaraciones a Vozpópuli, el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata (PP), ha considerado que la medida con la que amenaza Disa no tiene lógica porque el documento ha sido leído por la firma que preside Demetrio Carceller con exceso de celo. Además, la empresa cuestiona la transparencia del procedimiento, al considerarlo incompatible con la ley de secretos empresariales, y advierte sobre los riesgos relacionados con la divulgación de información sensible. Zapata ha señalado este viernes que el plan "no es exactamente" como Disa ha advertido en las alegaciones en contra presentadas.
En enero pasado, como adelantó Vozpópuli, el Gobierno de Canarias presentó a consulta pública un decreto que busca obligar a los promotores de proyectos de energía renovable a ofrecer un 20% de participación en sus iniciativas a inversores locales vinculados al sector público. La Ley Canaria de Cambio Climático dice en su artículo 64 que los promotores de proyectos de energía eólica y fotovoltaica deben ofertar dicho porcentaje a inversores locales. Esta obligación aplica a proyectos en suelo con una potencia superior a dos megavatios, y los promotores deben demostrar que han realizado la oferta para garantizar la participación.
Desde la perspectiva de Disa, que no ha querido ofrecer a Vozpópuli su versión oficial sobre la amenaza lanzada al Ejecutivo canario, la medida vulnera principios fundamentales como la libertad de empresa y la seguridad jurídica, al imponer obligaciones consideradas desproporcionadas. La empresa, según ha confirmado Zapata, señala que integrar terceros en el accionariado representa una interferencia directa en la autonomía del promotor y su organización empresarial. En sus alegaciones, Disa advierte que esta normativa podría resultar en el abandono de todos sus proyectos de energía renovable en Canarias, acompañado de reclamaciones por lucro cesante. Subraya que, al ser una empresa canaria con presencia en las ocho islas, ya cumple con la intención de participación local.
Desde la Consejería de Transición Ecológica se defiende esta obligación como un esfuerzo por aumentar la aceptación social de los proyectos renovables. A través de modalidades como crowdfunding o accionariado, se busca involucrar a la ciudadanía, promoviendo una comunicación más efectiva con la comunidad. La crítica de Disa radica en que el decreto hace obligatoria la oferta del 20%, un punto que ha generado rechazo en el sector por las implicaciones legales y istrativas que conlleva.
El requisito de garantizar la rentabilidad del proyecto también plantea dudas significativas, especialmente en un contexto de fluctuaciones en los precios de la electricidad. Para Disa, esto podría abrir la puerta a reclamaciones legales de participantes que no obtengan beneficios esperados. En este sentido, la empresa solicita la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos para abordar las implicaciones de este procedimiento. Otro aspecto clave de la controversia es el impacto de la medida en los tiempos de tramitación istrativa. Desde Disa, se denuncia que esta obligación incrementa los plazos existentes para obtener autorizaciones, contradiciendo los objetivos del Gobierno de Canarias de agilizar el desarrollo de energías renovables. En lugar de simplificar los procesos, la normativa puede resultar en la paralización istrativa de los proyectos.
