Víctor de Aldama ha remitido en los últimos meses al Tribunal Supremo diversa documentación relacionada con contratos de obra pública presuntamente amañados para ser adjudicados a dedo a constructoras señaladas por el empresario. El expresidente del Zamora CF apunta a un total de 128 contratos públicos que habrían sido presuntamente amañados por un importe que supera los 54 millones de euros entre 2018 y 2021.
El último escrito remitido por Aldama al alto tribunal el pasado mes de febrero recoge un nuevo listado de obras públicas junto a varias anotaciones que, según su versión, corresponden al exasesor de José Luis Ábalos. En el escrito remitido al TS junto con otra documentación relacionada con el alquiler de pisos en Madrid donde supuestamente se celebraban las reuniones con "señoritas", aparecen señaladas seis nuevas obras públicas las cuales, en su mayoría, fueron adjudicadas por la Dirección General de Carreteras en la época en la que el exsecretario de organización del PSOE estuvo al frente del Ministerio de Transportes.
Del estudio de los expedientes de licitación de dichas obras se desprende que las empresas señaladas por Aldama se impusieron a un promedio de 20 competidores por licitación. Las diferentes obras han recibido desde 16 aspirantes hasta un total de 29 en el caso de la obra para el nuevo enlace Oliva Sur AP-7 (Valencia) que fue adjudicado finalmente a una empresa distinta a la señalada en el escrito presentado por el empresario al juez Leopoldo Puente por un total de 23,6 millones. Finalmente, en marzo de 2023, fecha en la que José Luis Ábalos ya había cesado como ministro, su coste se elevó en casi 4 millones de euros.
También destacan dos de las obras señaladas para un mismo tramo de la provincia de Valladolid. En el documento remitido al Supremo, aparece destacada con un subrayador amarillo ambas obras localizadas entre Olivares y Tudela de Duero. En un principio se adjudicaron por un total de 79 millones de euros modificándose en el año 2023 su precio inicial en 11 millones de euros. Para cada una de las obras se postularon un total de 20 empresas.
Adjudicaciones posteriores a la época de Ábalos como ministro
Aldama también señaló la obra adjudicada para trabajar en la autovía A-23, a la altura de la localidad de Sabiñanigo (Aragón). El primer contrato fue adjudicado en el mes de septiembre del 2019 por 70,9 millones y acabó aumentándose en 12,4 millones tres años más tarde, esta fue la obra que sufrió un mayor aumento económico tras ser modificada en mayo de 2022. Asimismo, cabe destacar que al menos tres de las obras señaladas por el también investigado por el 'caso hidrocarburos' se adjudicaron durante la época en la que Raquel Sánchez estuvo al frente del Ministerio de Transportes o, posteriormente, con Óscar Puente a la cabeza.
Entre las obras que sufrieron un menor aumento tras ser adjudicadas, destaca una obra en la autovía A-66 a la altura del municipio de Lugones (Asturias). En este caso, el contrato adjudicado a la UTE de empresas anotada a mano en el documento entregado por Aldama se firmó por más de 22 millones de euros y se incrementó en 2 millones y medio a los tres años. Este proyecto de ampliación ya aparecía señalado en el primer listado aportado por el expresidente del Zamora CF al Supremo el pasado mes de diciembre. Para esta obra concursaron un total de 25 empresas. La UTE señalada por el empresario obtuvo la mejor nota por haber sido la oferta más ventajosa económicamente.
El magistrado Leopoldo Puente mantiene en el radar las adjudicaciones de obras públicas señaladas por el comisionista de la trama. En el último auto en el que accede a solicitar nueva información sobre las cuentas bancarias de Ábalos, el instructor recalcó nuevamente que la investigación que rodea al que fuera responsable de Transportes va desde los contratos para la adquisición de mascarillas hasta "otros convenios concertados entre la istración y particulares" para determinar si se favoreció o no a determinados empresarios vinculados con Aldama a cambio de ciertos incentivos económicos.
