En un mundo globalizado, donde el movimiento de personas es constante y necesario, el control de la inmigración se ha convertido en un factor clave para garantizar la seguridad de los Estados. No se trata de cerrar fronteras ni de criminalizar a quienes buscan mejores oportunidades, sino de contar con mecanismos eficaces que permitan prevenir amenazas reales, como el terrorismo.
El terrorismo moderno ha demostrado ser una amenaza global que no entiende de fronteras. Históricamente los grupos yihadistas han utilizado las rutas migratorias, no solo para desplazarse, sino también para reclutar y financiar sus actividades ilícitas. No en vano, España cuenta con casi 300 combatientes terroristas extranjeros que han viajado a zonas de conflicto para participar en actos terroristas y que pueden regresar a nuestro país, son los denominados “Foreign Terrorist Fighters” (FTF), que están bajo la lupa de nuestros servicios de seguridad e inteligencia. Esto no significa que los inmigrantes sean responsables del terrorismo, ni mucho menos, pero sí evidencia la necesidad de contar con sistemas eficientes de control y seguimiento para evitar que individuos peligrosos se infiltren en nuestras sociedades.
Los niveles de prevención del terrorismo que tenemos en España, pese a ser un objetivo constante y recurrente de los yihadistas no son casuales, son el fruto de años de experiencia y cooperación internacional al más alto nivel lo que pone de manifiesto que tenemos una policía, de ámbito nacional, con un gran nivel de excelencia.
De forma ordenada y segura
Por ello, ceder las competencias en inmigración a una policía autonómica, que están recogidas en nuestra Constitución, en su artículo 149.1.2ª, estableciendo que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración y extranjería, además, el Tribunal Constitucional, en las sentencias 31/2010 y 137/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, afirmó que sería "claramente inconstitucional" atribuir competencias de inmigración a una comunidad autónoma, y contravenir infinidad de tratados internacionales, en un momento en el que Europa pide a los Estados que asuman competencias plenas en materia de inmigración, asegurando que los procesos de identificación y verificación de antecedentes para que sean rigurosos y eficaces, se presenta como una amenaza para la seguridad colectiva por la falta de experiencia y competencias legales de los “Mossos d´Escuadra”.
Reforzar los sistemas de control, garantizar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, asegurar que la migración se realice de manera ordenada y segura, abordando las causas profundas de la radicalización, es la clave para construir sociedades más seguras y cohesionadas.
Esta mal llamada cesión, además de ser una merma de competencias para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, supone crear un oasis y dejar las puertas de Europa abiertas al terrorismo.
gavilan1960
08/03/2025 12:14
La entrada y residencia de extranjeros es una competencia del Estado. Es competencia "exclusiva y excluyente", es decir, nadie más puede ejercerla, ni como transferida, ni como delegada. Puro sentido común. Además la Constitución, en su artículo 150 dice: ".......materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación,......". La inmigración, en cuanto a entrada y residencia de extranjeros, por su PROPIA NATURALEZA no es susceptible de transferir o delegar. No son conceptos jurídicos indeterminados que itan cualquier interpretación. El PSOE, vulnerando permanentemente la Constitución, ha derivado en grupo golpista contra el Estado. Las políticas y decisiones llevadas a cabo en los últimos años no han cumplido con los procedimientos legales establecidos. Sin cumplir y hacer cumplir la ley, el Estado de derecho no existe. Sin procedimientos democráticos establecidos, tampoco podemos itir que esto es una democracia.